Los mil días sin tener noticias de los estudiantes mexicanos desaparecidos en Ayotzinapa coincidieron con la revelación de un informe según el cual en la última década fueron encontradas al menos 1.075 fosas clandestinas en México.
La investigación, recopilada en el informe “Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México”, fue realizada por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en base a datos de las fiscalías de 19 estados del país, con 2.014 cuerpos exhumados. Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua son los estados con mayor número de fosas halladas en los últimos 10 años.
Al presentar el informe, el rector de la institución educativa, David Fernández Dávalos, aseguró que uno de los motivos por el que se siguen encontrando fosas clandestinas en el país es porque “el gobierno mexicano no quiere reconocer” que hay una “grave crisis de derechos humanos”. También puso énfasis en la corrupción institucional, que atraviesa al conjunto de las instituciones estatales y los partidos políticos tradicionales.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, a principios de marzo de este año se contabilizaban 30.942 personas desaparecidas, 4.814 casos más que en diciembre de 2015. Sin embargo, algunas organizaciones estiman que sólo el 20% de los casos de desapariciones se denuncian oficialmente por falta de garantías y seguridad.
El 26 de junio se cumplieron 33 meses –mil días– de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Con una manifestación en la ciudad de México, madres y padres de los jóvenes exigieron verdad y justicia al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los familiares de las víctimas denunciaron que a casi tres años de los hechos no hay ningún avance en las indagatorias realizadas por la Procuraduría General (PGR) que permita conocer el paradero de los desaparecidos y juzgar a los responsables. Por eso exigieron a la PGR que entregue resultados concretos sobre las líneas de investigación recomendadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: connivencia entre militares y policías; análisis de los teléfonos celulares de las víctimas y sus agresores y la hipótesis de que los estudiantes tomaron accidentalmente un autobús que transportaba droga con destino a Estados Unidos.