Bolivia fue nuevamente tribuna mundial de los movimientos de izquierda

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La Conferencia Mundial de los Pueblos pidió erradicar guerra y desigualdad. Reivindicó el derecho a migrar, pidió tumbar muros y castigar la trata, el tráfico de personas y los daños a la Madre Tierra.

“Estas resoluciones deben ser implementadas e informadas por ustedes. Y cuando nuestras bases están informadas se gesta la unidad”. El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió a los representantes de las organizaciones y movimientos sociales reunidos en Tiquipaya aplicar la Declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos y comprometió a su Gobierno a difundirlo en foros internacionales.
En un colmado coliseo cerrado de la Universidad del Valle (Univalle), el mandatario boliviano dejó un mensaje claro: “mucha reflexión y responsabilidad porque tenemos mucha tarea. Intentarán todavía dominarnos porque mientras exista capitalismo e imperialismo la lucha no habrá terminado”.
El discurso de cierre de la Conferencia fue acompañado por más de cuatro mil representantes de 43 países de cuatro continentes. Morales fue aclamado en varias oportunidades como cuando repudió la acción del secretario general de la OEA, Luis Almagro: “identificaremos uno por uno”, dijo. También fue aplaudido cuando pidió rechazar las intervenciones extranjeras y defender a Cuba, Venezuela y a todos los gobiernos democráticamente electos.
La Conferencia Mundial de los Pueblos celebrada durante los días 20 y 21 de junio tuvo un destacado encuadre anticapitalista y antimperialista, como lo refirió desde diferentes aspectos el documento final. La Declaración de Tiquipaya pidió un nuevo orden mundial que implique la erradicación de la guerra por medio de la supresión de la arquitectura financiera mundial y las desigualdades entre humanos.
El texto final demandó la instauración de “una nueva arquitectura financiera internacional, donde no existan organismos multilaterales al servicio del capital transnacional”. En su lugar, promovió consolidar “la propiedad social de los recursos naturales”.
La Conferencia afirmó además que “la crisis migratoria es una de las manifestaciones de la crisis integral de la globalización neoliberal” y abogó por el derecho a la movilidad humana. La resolución leída por la ex senadora colombiana Piedad Córdoba también rechazó los “muros mediáticos” desestabilizadores y exigió a los gobiernos una lucha frontal contra el crimen organizado trasnacional que trafica con la esperanza de los migrantes, exponiéndolos a constantes peligros, abusos y excesos.
El encuentro reunió en Tiquipaya, ciudad ubicada a 400 kilómetros de La Paz, a los ex presidentes de Colombia, Ernesto Samper; Ecuador, Rafael Correa; y de España, José Luis Zapatero. Otro de los puntos de la Declaración denunció el atropello que sufrieron los nueve bolivianos que fueron detenidos y condenados en Chile tras un confuso incidente en la frontera entre ambos países (recuadro).

Mundo sin muros
Convocada por el presidente Morales bajo el lema “Por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal”, la Conferencia pidió “la convivencia armónica con la Madre Tierra y el respeto de sus derechos, asumiendo que la naturaleza puede vivir sin los seres humanos pero los seres humanos no podemos vivir al margen de ella, conculcando sus derechos y destruyendo el hábitat”.
El documento final señaló que la crisis migratoria, originada por la ampliación de la brecha entre ricos y pobres y la desmedida apetencia por la riqueza natural, disparó los flujos migratorios e incrementó el número de desplazados por las guerras y el cambio climático hasta situarlo en 65 millones de personas. Consideró que la migración “es un derecho arraigado en la igualdad esencial del ser humano. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, no responde a una decisión voluntaria de las personas sino a situaciones de necesidad que llegan a extremos de una migración forzada”.
“Al dolor del desarraigo se suman las situaciones de injusticia, exclusión, discriminación y explotación que sufren las personas en tránsito y en los países receptores que atentan contra su dignidad, sus derechos humanos elementales, y en no pocas ocasiones, contra su propia vida”, señaló la Declaración. Pidió “la destrucción de muros físicos que separan a los pueblos; muros invisibles legales que persiguen y criminalizan; muros mentales que utilizan el miedo, la discriminación y la xenofobia para separarnos entre hermanos”.
También pidió “actualizar, fortalecer y avanzar en el sistema multilateral y sus instrumentos internacionales referidos a migrantes, refugiados y sus familias” y convocó a luchar “de manera conjunta contra las redes criminales que trafican con seres humanos” y a declarar la trata y el tráfico de personas como delitos lesa humanidad.
El texto cuestiona a Estados Unidos por abandonar el Acuerdo de París que busca reducir la temperatura global; identificó a la opulencia como causa de la crisis que asola la sociedad global y pidió un nuevo parámetro político de equidad. “Hemos verificado como principales causas de esta crisis los conflictos bélicos e intervenciones militares, el cambio climático y las enormes asimetrías económicas entre los Estados y al interior de ellos”, señala.
“La construcción de la paz verdadera no solo es la inexistencia de conflictos bélicos, sino también la superación de la violencia estructural que se traduce en el acceso equitativa de la riqueza y las oportunidades de desarrollo”, señaló.

Extender la voz
El documento final de la Conferencia (www.americaxxi.com.ve/documentos) surgió de mesas de trabajo y debate que trataron temas como las causas estructurales y sistémicas que provocan la movilidad humana de un Estado a otro y el impacto del cambio climático, la crisis económica, las guerras y las políticas intervencionistas sobre los flujos migratorios. También se discutió sobre la contribución de los migrantes al desarrollo humano integral e incluyente de los pueblos y propuestas para la construcción de una ciudadanía universal.
En la apertura de la Conferencia Morales había señalado que los mismos gobiernos que provocan las guerras “son los que cierran las puertas y construyen muros para impedir que las personas que huyen de esas guerras militares o económicas” salven su vida. Reivindicó que “todos tenemos derecho a la ciudadanía universal” y denunció que “los muros entre pueblos son un atentado a la humanidad; no protegen, enfrentan; no unen, dividen (..) van en contra de la historia de la humanidad; mutilan la ciencia y el conocimiento; encienden el odio a la diferencia; ahogan la libertad”.
El gobierno boliviano se comprometió hacer oír las conclusiones del foro internacional en todos los ámbitos de la comunidad internacional. “Hay que llevar nuestra voz a Naciones Unidas, al G77 más China, a la Unión Europea, al Parlamento Sudamericano; hay que hacerlo en todas las instancias que permitan dinamizar la voz unida de los pueblos”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero. “Vamos a intentar que las resoluciones de la Conferencia tengan carácter vinculante”, prometió.

Pedirán “investigación seria” sobre los nueve bolivianos

El gobierno de Bolivia anticipó que apelará al Pacto de Bogotá, suscrito por Bolivia y Chile, “para pedir una investigación seria, responsable” del caso de los nueve bolivianos detenidos y luego condenados en el país trasandino. El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Héctor Arce, luego de que la justicia de Chile declarara los culpables, el 21 de junio.
La jueza chilena Isabel Peña de Pozo Almonte, de la ciudad de Iquique, condenó a dos militares y siete agentes de aduanas a tres años de cárcel aunque sustituyó esa pena por su expulsión en un plazo de 30 días. Además impuso un pago de 32 millones de pesos chilenos (unos 330 mil pesos bolivianos, casi 50 mil dólares).
Los nueve bolivianos fueron detenidos el 19 de marzo cuando cumplían tareas anticontrabando en la zona de la frontera entre ambos países. Se trata de los militares Carlos Calle Soliz y Alex Johnny Carvajal Uchani, ambos hallados responsables de los delitos de porte ilegal de arma, contrabando y robo con intimidación.
Los otros siete son funcionarios de Aduana: David Quenallata Laurel, Carl Luis Guachalla Rada, Juan José Tórrez Gonzales, Ediberto Raúl Flores Mamani, Arsenio Choque Gonzales, Brian Leandro Quenallata Mendez y Diego Guzmán Vásquez. Todos fueron encontrados culpables de contrabando y robo con intimidación.
El ministro de la Presidencia, René Martínez, aseguró que más allá de la sentencia, la manera en la que fueron detenidos los nueve agentes abre la posibilidad de seguir denunciando la violación de los derechos humanos ante entidades que velan los derechos básicos de las personas. Lamentó que se haya criminalizado el caso cuando podía resolverse por la vía diplomática mucho antes de los 90 días que permanecieron detenidos, antes de la lectura de sentencia.