Misión argentina en Colombia denunció violencia del Estado
La delegación argentina de defensa de los derechos humanos que visitó Colombia denunció que las autoridades del Estado habrían incurrido en «desaparición forzada de persona, delitos contra la vida, delitos contra la integridad moral y delitos contra la integridad sexual», entre otros.
La delegación, compuesta por representantes de organizaciones políticas y sociales, recogieron testimonios de víctimas y testigos, distribuidos en grupos, en más de 15 ciudades durante una semana.
El informe preliminar fue difundido este jueves a través de una conferencia de prensa realizada desde Bogotá. El informe final será presentado en Buenos Aires.
Denunciaron que las autoridades del Estado colombiano habrían incurrido en “desaparición forzada de persona, delitos contra la vida (homicidios, lesiones), delitos contra la integridad moral (torturas) y delitos contra la integridad sexual (abuso sexual)”, entre otros.
El trabajo pide también que se investigue si un número no precisado de personas detenidas fue llevada de manera irregular a locales particulares y relata diversos casos de secuestros y abusos sexuales cometidos contra estudiantes, en su gran mayoría mujeres, que ofrecieron su testimonio a la comisión.
Para cumplir su misión, la delegación se trasladó a Cali, Medellín, Pereira, Siloé, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá, entre otras ciudades.
El reporte concluye que “el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del paro nacional y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano”.
Asimismo, afirma que “el Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil indefensa, prácticas inscriptas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos”.
Las conclusiones del trabajo, de carácter preliminar, denuncia que el Estado colombiano “debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a la mayoría de su pueblo”.
En ese punto, identifica a ese sector como “jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres y de la comunidad LGTBIQ , trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, afrodescendientes, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, prensa independiente, así como organizaciones de la sociedad civil”.
“Deberá investigarse al Estado colombiano en referencia a los delitos de lesa humanidad denunciados. Deben acabar las prácticas impropias de un Estado de derecho”, propone el texto.
Concluye que “el pueblo colombiano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral , a través de la verdad y la justicia”.
También consigna que “los testimonios recogidos han sido abrumadores” y confirman “la significativa violencia represiva desplegada sobre población civil indefensa”.
Agrega que, en Colombia, “impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos”.
“La Policía Nacional en general y en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de consuno con el Ejército, descargan en las manifestaciones y sus adyacencias una combinación de conductas y arsenal sofisticado, con severas consecuencias en el cuerpo y la psiquis de sus víctimas”, denuncia.
Dice además que “es habitual que el personal policial dispare al rostro con balas de caucho provocando lesiones oculares en numerosos manifestantes y transeúntes”.
La misión está integrada por representantes de del Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
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