Bachelet negó visas para visitar a funcionarios y militares injustamente detenidos

Chile rechazó visas a funcionarios y legisladores bolivianos. La Paz lo denunció ante el mundo. Esperan descomprimir la situación con la liberación de los militares y agentes de aduana detenidos en Chile.

La detención en marzo pasado de nueve ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile –dos militares y siete agentes de aduanas– significó un fuerte desgaste en las ya tensas relaciones entre los gobiernos de Bolivia y Chile. Las denuncias internacionales por parte del Ejecutivo boliviano y el rechazo a otorgar visas del gobierno chileno marcaron un camino que incluyeron acusaciones graves.
Los nueve agentes bolivianos fueron detenidos en Chile el 19 de marzo último por carabineros chilenos en un confuso incidente fronterizo cuando combatían a contrabandistas. Bolivia señala que sus compatriotas fueron apresados cuando hacían un operativo de lucha contra el contrabando en un camión que entró desde Chile por un paso no autorizado. El gobierno chileno argumenta que los detenidos habían penetrado en su territorio.
Durante mayo las autoridades chilenas negaron visa a los ministros bolivianos de Defensa, Reymi Ferreira, y de Justicia, Héctor Arce; al inspector del Ejército general Williams Kaliman y a los presidentes de las dos cámaras legislativas que pretendían visitar a los nueve bolivianos detenidos. Ambos legisladores anticiparon que denunciarán a las autoridades chilenas ante organismos internacionales.
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzáles, informó en ese momento que junto con la presidente de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, realizarán una denuncia ante foros y parlamentos internacionales sobre esta negativa de Chile.
Gonzáles argumentó que ese rechazo a las visas implica “desconocimiento y vulneración a los elementos más básicos de los derechos humanos”. Sostuvo que “la negativa de visa se convierte en una agresión contra la democracia y la esencia de la democracia se condensa en las asambleas, congresos y parlamentos, entonces esta señal es una afrenta que vamos a salir a denunciar en todos los parlamentos y foros internacionales”.
La diputada Montaño dijo que la negativa es un intento por ocultar la situación por la que están atravesando los bolivianos encarcelados. “Como Órgano Legislativo queremos decirle al país y al mundo que vamos a denunciar esta situación en todos los parlamentos internacionales”, aseguró.

Detención injusta
El 18 de mayo el gobierno de Bolivia transmitió estas molestias personalmente al cónsul general de Chile en La Paz, Manuel Hinojosa. Aquella queja expresó la protesta por la negación de visados a altas autoridades civiles y militares que buscaban viajar al vecino país. Hinojosa fue recibido por la vicecanciller boliviana, Guadalupe Palomeque, y la viceministra de Gestión Consular, Carmen Almendras. La Cancillería insistió en que los militares y funcionarios bolivianos fueron “injustamente detenidos” en el país vecino desde el 19 de marzo.
El visado es un tema recurrente entre estos dos países que tienen rotas sus relaciones diplomáticas desde 1978. Pero se agudizó en los últimos tiempos en coincidencia con las demandas internacionales que inició Bolivia sobre la salida al mar y las aguas del manantial del Silala que nacen en Bolivia pero aprovecha Chile. En este contexto el gobierno de Michelle Bachelet decidió en agosto de 2016 retirar las visas diplomáticas a las autoridades bolivianas tras una polémica visita del entonces canciller David Choquehuanca a varios puertos del norte chileno, para hacer una evaluación sobre el incumplimiento de tratados bilaterales. Por esos días los comerciantes y camioneros bolivianos se quejaban del trato desigual, largas esperas y altos costos para sacar sus productos por los puertos chilenos del Pacífico.
La detención de los nueve bolivianos en la frontera en marzo último tensó al máximo la relación. Pese a todo Bolivia decidió no aplicar una medida recíproca a ciudadanos chilenos y respetó ese compromiso.

Contrabando
Bolivia consideró que la negativa de Chile a otorgar visados a las autoridades civiles y militares bolivianas “va en contra del derecho a la defensa de nuestros connacionales injustamente detenidos en ese país” el 19 de marzo. Para la Cancillería boliviana este tipo de actitudes “no contribuye a restablecer los lazos de solidaridad y hermandad que deben prevalecer entre los pueblos de Bolivia y Chile”.
El ministro Arce consiguió un visado a comienzos de mayo para ingresar a la ciudad chilena de Iquique, donde estaban detenidos sus conciudadanos. Pero unos días después pidió regresar a Chile para seguir los pasos judiciales y denunció que le negaron la visa en esa segunda oportunidad.
En su primer y único viaje, el ministro de Justicia se reunió con los abogados chilenos de la defensa de los nueve bolivianos encarcelados en Iquique y revisó la estrategia jurídica para encarar una audiencia programada para el 25 de mayo.
Arce advirtió que los detenidos en Chile han sido “sentenciados previamente” ya que “hay una sentencia política en contra de ellos, totalmente ilegal, abusiva, y se basa en tres delitos que son imposibles”. Y rechazó cada uno de los cargos que hizo la justicia chilena contra ellos porque “no resisten el más mínimo análisis”.
No hubo robo sino incautación de mercadería ilegal. “Si vamos a confundir la propiedad con la mercancía ilegal, cualquier acción de decomiso, cualquier acción de incautación (…) también sería robo”, afirmó.
Insistió que el camión que penetró en territorio boliviano era chileno, estaba conducido por ciudadanos de ese país y llevaba una gran cantidad de mercadería nueva que ingresó por un paso no autorizado. Rechazó el argumento chileno de que el contrabando iba desde Bolivia al vecino país. “Acusar de contrabando de Bolivia hacia Chile es como decir que puede haber narcotráfico de Europa a América Latina, que alguien traiga cocaína de Europa a América Latina”, comparó.
El ministro de Justicia también lamentó que la presidente de Chile, Michele Bachelet, sostuviera la tesis de que los bolivianos trataban de robar camiones chilenos: “lo decimos con mucho respeto: una presidente de un Estado en su voz tiene mucho poder, mucho compromiso, y tiene que ser cauta”.
El gobierno de Chile cuestionó las declaraciones hechas unas horas antes por el ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, cuando calificó de “infamia para la justicia” la detención de los agentes de frontera.
“Chile hace ver su más enérgica protesta por las expresiones injuriosas, realizadas durante una visita a nuestro país, del Ministro de Justicia de Bolivia, así como su alusión absolutamente inaceptable a la presidente de la República (Michelle Bachelet), razón por la que se decidió denegar la visa para su reingreso”, señaló la Cancillería chilena en un comunicado.

¿Socialismo o socialdemocracia imperial?
En los días más intensos el presidente Evo Morales acusó a Chile primero en Twitter y luego verbalmente de actuar “peor que dictaduras” por negar los visados. Cuestionó: “¿Cuál es el temor y qué oculta Chile? Con estas acciones antidemocráticas y violadoras de Derechos humanos dicen todo”.
“Denuncio al mundo entero esta agresión a la democracia. No viene del pueblo chileno, sino de algunas autoridades que responden al imperio”, escribió en Twitter. Reflexionó en esa red social que el rechazo de visa ocurría en “tiempos de dictadura” y cuestionó a la socialdemocracia del país trasandino, que no es solidario con los pueblos hermanos.
Por esos días el gobierno boliviano envió un comando especial de las Fuerzas Armadas –llamado Fuerza 10 (F10)– a la frontera con Chile para combatir el contrabando de mercaderías. El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, aseguró que la presencia militar en la zona se incrementará luego de que en los primeros cuatro meses de este año fueran decomisados en la zona mercadería de contrabando por un valor estimado de 3,5 millones de dólares.
“La unidad F10 es especializada en acciones de control de este tipo de situaciones, con alto grado de especialidad y compuesta por oficiales y suboficiales”, explicó Ferreira. Para el canciller chileno, Heraldo Muñoz, “movilizar un grupo de élite militar hacia la frontera es una acción delicada”. Evo Morales aclaró: los militares fueron enviados a la frontera “para defender la economía nacional” y no constituye una agresión.
Fueron dos meses intensos. La liberación de los nueve detenidos descomprimirá una situación que trasciende a este hecho. Queda pendiente entre otras cosas el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre la eventual obligación de Chile de sentarse a negociar con Bolivia una salida soberana al Pacífico. También el proceso electoral en Chile abrirá una etapa de estancamiento de una discusión más profunda entre países vecinos que en algún momento se tendrá que dar.