Mujeres de Atenco piden a López Obrador que investigue
«No nos conformaremos con menos que esto», afirman las mujeres del caso Atenco, luego de explicar que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicta que el gobierno en turno de Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación de investigar de manera “amplia, sistemática y minuciosa” para sancionar a los responsables directos e intelectuales -así sean superiores jerárquicos- por violación y Tortura Sexual en el caso Atenco.
Durante su campaña política, el presidente actual afirmó: «No voy a meter a la cárcel a ningún famoso». Paola Limón, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señala que el estado tiene como límite el 21 de diciembre de 2019 para exhibir el primer informe de trabajo, con el que se determinará si el estado mexicano está cumpliendo el veredicto.
La CIDH concluyó en diciembre pasado que el Estado mexicano es responsable de la violencia sexual, violación y tortura sufridas por once mujeres por parte de personal policial con complicidad de otros funcionarios del Estado durante su detención y traslado al Centro de Readaptación Social Santiaguito los días 3 y 4 de mayo de 2006.
Las víctimas fueron Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez.
La Corte determinó que las once mujeres sufrieron violencia sexual por medio de agresiones verbales y físicas con connotaciones y alusiones sexuales, siete de ellas también fueron víctimas de violaciones sexuales y todas fueron víctimas de tortura por el conjunto de abusos y agresiones sufridas.
En un comunicado, la Corte explicó que su sentencia, notificada el 21 de diciembre pasado, establece que hubo intencionalidad con el propósito por parte de los agentes policiales de humillar y castigar a las víctimas.
Además, la Corte concluye que las torturas fueron utilizadas como una forma de control social y que las víctimas fueron sometidas a distintas formas de violencia verbal y psicológica profundamente estereotipada y discriminatoria. También califica como “degradante” el tratamiento recibido por parte de los médicos.
Tras este fallo la Corte ordenó al Estado mexicano como medidas de reparación, entre otras, continuar e iniciar, en su caso, investigaciones sistemáticas con perspectiva de género para sancionar a todos los responsables y brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas.
También ordenó realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas y crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de México; entre otras responsabilidades.
El dictamen de la CIDH arrojó que los funcionarios públicos se reunieron en el municipio de Texcoco, la noche del 3 de mayo de 2006, en donde se planeó el operativo de desalojo en Atenco y se vigiló en vivo el desarrollo del mismo.
Los actores federales de aquella reunión decisiva son: Eduardo Medina Mora Icaza, Secretario de Seguridad Pública; Miguel Ángel Yúnez García, Coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Pública; Ardelio Vargas Fosado, Jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva; Ramón Pequeño García, Delegado Estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional: y Héctor Sánchez Gutiérrez, Coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva.
Como parte del gobierno del Estado de México asistieron Enrique Peña Nieto, Gobernador y luego presidente de México; Víctor Humberto Benítez Treviño, Secretario de Gobierno; Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal y Héctor Guevara Ramírez, Subsecretario de Gobierno del Valle de México en la Zona Oriente.
Las Mujeres de Atenco afirman que su pretensión de justicia es relevante para la sociedad mexicana: «Venimos peleando desde lejos atrás en el tiempo, exigimos el cumplimiento cabal de la resolución», agregan.
Respecto a la Nueva Guardia Nacional, las demandantes afirman que, durante los actos de violencia del 3 y 4 de mayo de 2006, los militares estuvieron presentes, por lo que las modificaciones actuales en materia de seguridad, impiden que se cumplan las garantías de no repetición.
La militarización fomenta que la violencia sexual sea utilizada nuevamente como elemento de control social, apuntan. «No importa el nombre de la corporación, ni el color del que se pinta el poder, sigue siendo necesaria esta lucha».
En su informe sobre la tortura sexual en México, “Mujeres con la frente en Alto”, el Centro Pro Agustín Juárez, indica que la investigación deberá ser libre de estereotipos de género.
En la conferencia de prensa, las víctimas recuerdan las criticas que recibieron al principio: «Las violadas de Atenco, deberían estar en su casa». Además exhortan a la sociedad mexicana: No nos dejen solas.
«Nos llamaron mentirosas. Hacen falta casi 13 años para que una corte diga que el estado debe reconocer la verdad, aunque aun estemos lejos de obtener esa justicia» afirman y sentencian que arrancarán de las manos, la justicia y la verdad que les debe el Estado Mexicano.
(Con informe de Regeneración Radio, 105.3, México)
