Mujeres víctimas sexuales en conflictos armados
Por María Jagoe
Los conflictos armados que atravesaron y aún atraviesan a América Latina y el Caribe afectan de maneras específicas a las mujeres y a las disidencias, que representan el 90% de las víctimas de violencia sexual.
Los cuerpos feminizados son convertidos en un territorio de disputa que es posible conquistar, someter y aleccionar. Sin embargo, esta forma de violencia muchas veces es invisibilizada frente a otros hechos victimizantes.
Según Alma Pérez, asesora regional en Paz, Seguridad y Acción Humanitaria de ONU Mujeres, “es en los cuerpos de las mujeres en los que muchas veces tiene lugar el conflicto”.
La violencia sexual tiene “un impacto medido, claro, reiterado y deliberado porque es una manera de marcar el territorio, de marcar una victoria o de humillar al enemigo”, explicó.
En 2021 la ONU reportó 3.293 casos verificados de violencia sexual cometidos contra mujeres y niñas en 18 países, incluida Colombia. Se estima que durante la guerra interna de Guatemala hubo más de 30.000 mujeres que sufrieron violencia sexual.
En este tipo de delito entran en juego varias interseccionalidades: la mayoría de las víctimas son mujeres afrodescendientes, de comunidades indígenas, migrantes o miembros de la comunidad LGBTIQ+.
En Colombia y en Guatemala
El Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) que depende del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colombia lleva un recuento específico sobre casos de violencia sexual que se actualiza trimestralmente.
Según los últimos datos, actualizados al 30 de junio de este año, entre 1958 y 2022 se documentaron 15.595 eventos que corresponden a un total de 16.224 víctimas. El 90% son mujeres y niñas.
Una abrumadora mayoría de las víctimas, 16.154, son civiles. Sólo 68 eran combatientes. El 70% de los casos ocurrieron en áreas rurales y 35% de las víctimas son campesinas o trabajadoras de fincas.
Las mujeres que más sufren esta violencia son las afrodescendientes, que representan el 87% de los casos. La mayoría vive en los departamentos de Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Antioquia.
Además de la violación, la violencia sexual incluye el aborto forzado, abuso, acoso, anticoncepción y esterilización forzada, desnudez forzada, embarazo forzado, esclavitud sexual, mutilación de órganos sexuales y prostitución forzada, entre otros.
Seis años después de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado de Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que abrirá un macrocaso dedicado específicamente a juzgar la violencia sexual y de género.
Un caso referente en América Latina respecto a la búsqueda de justicia es el de los abusos cometidos en la comunidad indígena de Sepur Zarco, en Guatemala. Exmilitares y exparamilitares fueron condenados por violencia sexual después de 30 años de lucha de organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas.
El conflicto armado interno duró 36 años y dejó más de 200.000, un 83% de los cuales eran indígenas mayas. Las comunidades agrarias fueron las más afectadas por la violencia.
En 2011, con el apoyo de la ONU y organizaciones de derechos humanos, 15 mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco llevaron su caso ante el Tribunal Supremo de Guatemala.
El caso Sepur Zarco en Guatemala y el macrocaso en Colombia demuestran que la violencia sexual no es un efecto colateral de los conflictos armados, no responde a patologías individuales o a “instintos desenfrenados” de la masculinidad.
Por el contrario, es una estrategia que se pone en juego deliberadamente para someter a las comunidades; un ejercicio de dominación y poder que opera en los cuerpos de mujeres y diversidades como extensión de los territorios.
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La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
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