El juez argentino Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga posibles sobornos y sobreprecios en la obra de soterramiento del tren Sarmiento en Buenos Aires, ordenó este lunes el allanamiento de la constructora IECSA. La empresa era hasta hace menos de tres meses propiedad del primo del presidente Macri, Angelo Calcaterra, y había ganado esta controvertida licitación junto a la brasileña Odebrecht. La obra tenía un presupuesto total de 3 mil millones de dólares.

Tras firmar acuerdos de delaciones premiadas con la justicia brasileña, los directivos de Odebrecht declararon todos los sobornos pagados en Brasil y el mundo para ganar licitaciones de obras públicas y tener apoyo político. En Argentina, las autoridades de la compañía aseguraron haber pagado coimas por 35 millones de dólares.

El allanamiento se realizó para buscar información y documentación vinculada a la cuestionada obra de soterramiento y se llevó a cabo en las cuatro empresas que integran el consorcio encargado de la construcción, encabezado por Odebrecht, junto a IECSA, la italiana Ghella y la española Comsa.

La fiscalía afirma que IECSA tenía “un rol determinante sobre las demás” empresas del consorcio y remarca que firmó “una de las adendas denunciadas con una importante modificación de costos”.

Cuando Mauricio Macri fue electo Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2007 su familia anunció la venta de IECSA a Angelo Calcaterra, sobrino del empresario Franco Macri y primo del actual Presidente. Dicha compañía fue el tercer mayor contratista de obra pública del Estado entre 2003 y 2015.

Las coimas pagadas por Odebrecht en Argentina han sido motivo de una fuerte disputa política interna por el enfrentamiento entre el gobierno nacional y la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, nombrada en el cargo durante la presidencia de Cristina Fernández.

Como Gils Carbó recibe directamente la información del caso Odebrecht por parte de la justicia brasileña, sin acceso para el Poder Ejecutivo, Macri envió a Washington al ministro de Justicia, Germán Garavano, para que se reúna con el fiscal general de Estados Unidos. El presidente argentino quiere que Washington comparta con jueces argentinos la información confidencial que tiene sobre la investigación de la compañía brasileña.