Oficialismo salvadoreño emplaza al Parlamento
El sector que responde al presidente Bukele pide aprobar un crédito millonario para un supuesto plan de seguridad.
El sector que responde al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que los diputados tienen un plazo de 15 días para aprobarque el Gobierno destine más de 100 millones de dólares a un supuesto plan de seguridad que la oposición denuncia como intento de militarización y golpe contra el Legislativo.
Simpatizantes de Bukele se movilizaron este domingo frente a la sede del parlamento para reclamar a los legisladores la aprobación de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 109 millones de dólares que derivó en un conflicto de poderes y la militarización del Parlamento.
Los seguidores de Bukele señalaron que «estamos en un proceso insurreccional contemplado en un artículo de la Constitución», pero para la mayoría de los diputados se trata de un golpe institucional.
«Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el (préstamo para el) Plan Control Territorial, los volvemos a convocar el domingo y le volvemos a pedir a Dios», señaló uno de los líderes de la marcha de este domingo.
Los asistentes insultaron a los diputados y colocaron unas cruces negras frente a la entrada principal de la sede de la Asamblea Legislativa.
Ante la negativa de los dos mayores partidos del país a aprobar el crédito, Bukele convocó para el domingo 9 de febrero a una sesión extraordinaria de la AL y a una concentración ciudadana que fue denunciada como un llamado a una insurrección civil.
El mismo domingo, el mandatario que asumió a mediados de junio pasado se presentó con una AL que estaba colmada de militares armados con fusiles de asalto y de policías.
La AL sostuvo entonces que «la militarización» de sus instalaciones ordenada por Bukele constituye un «intento de golpe de estado», por lo que pidió intervención a la Corte Suprema de Justicia y una mesa de diálogo al Ejecutivo.
La Corte Suprema de Justicia emitió el lunes tres medidas cautelares que invalidaron las decisiones tomadas por Bukele el fin de semana pasado y le prohibieron usar a las fuerzas armadas en «actividades contrarias» a las establecidas por la Constitución.
