La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó que los cuerpos de seguridad del Gobierno de Honduras «utilizaron una fuerza excesiva, incluso letal» para dispersar las protestas surgidas después de las elecciones del 26 de noviembre de 2017 en las que la oposición denunció fraude.

Un informe de la agencia de la ONU difundido este lunes en Tegucigalpa confirma que «por lo menos 22 civiles y un agente de policía» murieron en aquellas protestas y que el mayor uso de la fuerza surgió de la Policía Militar.

Las fuerzas de seguridad estaban y están a cargo del presidente Juan Orlando Hernández, reelecto en noviembre en medio de irregularidades denunciadas por la oposición y por la comisión electoral de la OEA que luego el organismo que comanda Luis Almagro no exploró.

De las «por lo menos» 22 víctimas fatales «al menos 16, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad», indicó la ACNUDH.

«El análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas indica que las fuerzas de seguridad hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio o de defensa propia, como cuando los manifestantes estaban huyendo», señala.

Agrega que «en particular, esto quedó ilustrado por los casos de siete víctimas que murieron como consecuencia de disparos en la cabeza», y «estos casos suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales».

El informe agrega que antes de las elecciones, también se registraron otras quince personas muertas, entre las que figuran «candidatos políticos, consejeros municipales y activistas».

La agencia de la ONU también certificó que hubo violaciones de derechos humanos entre el día de la votación, el 26 de noviembre de 2017, y la toma de posesión del presidente, Juan Orlando Hernández, el 27 de enero pasado.

Indica que hasta el 27 de enero pasado, según información recibida, no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y lesiones ocurridas.

El mismo informe agrega que unas 1.351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre pasado, acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción que el Gobierno declaró el primer día de ese mes para disuadir las protestas y justificar la represión.

«Los criterios imprecisos y amplios del estado de excepción en lo referente a la detención de personas, incluso a quienes se considerasen ‘sospechosas de algún modo’ de causar daños a bienes o personas o cometer delitos, fueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación», indicó.

Luego que Hernández declaró el estado de excepción «las acciones derivadas resultaron en arrestos masivos e indiscriminados y tuvieron el efecto de limitar el derecho a la reunión pacífica y de asociación».

También determinó que hubo «allanamientos ilegales de viviendas y un aumento de las ‘amenazas y el hostigamiento contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como contra activistas sociales y políticos'».

Concluye el informe que las violaciones de derechos humanos que menciona el informe se produjeron «en el contexto de una crisis política, económica y social heredada desde el golpe de Estado militar de 2009, y por la demora en realizar las reformas necesarias en los ámbitos institucional, político, económico y social».