Cuando el proyecto por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 está al borde de ser rechazado por el Senado, una nueva muerte reafirma la urgente necesidad social de acceso al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina.

Empujado por un masiva campaña y movilización de mujeres, el proyecto de legalización busca el acceso a un derecho que ya está garantizado en la gran mayoría de los países desarrollados y en Cuba y Uruguay dentro de la región latinoamericana.

El texto aprobado en Diputados llegó al Senado con mucha fuerza, pero con el correr de las semanas y la fuerte presión de la Iglesia en las provincias, este fin de semana el bloque que se opone al proyecto alcanzó una mayoría de apoyos. Por eso ahora se negocia a contrarreloj en el Congreso, para acordar algunos cambios en el proyecto original y así lograr que al menos dos senadores cambien su voto y pueda aprobarse la legalización del aborto.

Al mismo momento que una senadora peronista -hoy en el bloque del kirchnerismo- anunciaba su voto contra el proyecto de ley y le daba una mayoría al rechazo, una joven de 22 años moría en el Hospital Regional de Santiago del Estero tras un aborto clandestino.

La víctima, Liliana Herrera, llegó con una infección generalizada al centro de salud de la provincia del norte argentino y falleció al poco tiempo. Era madre de dos hijas: una de 3 y otra de 6 años.

Mientras eso ocurría, la senadora Silvina García Larraburu confirmaba su cambio de posición asegurando que “los pobres no abortan” y que el proyecto de ley “responde a intereses económicos extranjeros”. Donde vivía Liliana -paraje Lomitas en el interior de Santiago del Estero- no hay agua potable ni electricidad.

Sólo en ese hospital ya murieron tres mujeres en lo que va del año como consecuencia de abortos clandestinos y ante la imposibilidad de realizarlos en centros públicos de salud, porque la práctica está penalizada en el país.

Para peor, tanto en Santiago del Estero como en otras provincias, los Ministerios de Salud no aprueban ni difunden protocolos de atención para los casos de abortos no punibles que contempla la ley, es decir cuando está en riesgo la vida de la mujer o el embarazo es producto de una violación.

En muchos casos tampoco se aplican los programas de educación sexual integral, que son rechazados por la Iglesia, cuyas escuelas son financiadas por el Estado.