Por Jorge Zárate

Rechazando la intención de modificar Estatuto Agrario, la Federación Nacional Campesina (FNC), el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y otros colectivos se manifestaron contra un proyecto aprobado en Diputados y que ahora buscará su sanción en Senadores.

La idea detrás del proyecto, según denuncian las organizaciones, es darle posesión “legal” a ocupaciones irregulares de ganaderos y sojeros de tierras que deberían asignarse a la reforma agraria, en un país donde hay al menos 300 mil campesinos sin tierra.

La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural encabeza una mesa de trabajo para tratar la reforma del Estatuto Agrario.

El documento aprobado dice en el artículo 88, que los que ejerzan pública y pacíficamente la ocupación de inmuebles rurales que son del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) al momento de la promulgación de la ley, y que no sean considerados beneficiarios, por única vez, tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada.

“Es una aberración jurídica”, dijo Teodolina Villalba, secretaria general de la FNC que protestó frente a la sede central y las delegaciones departamentales del Indert en Santani (San Pedro), Coronel Oviedo (Caaguazu) y Curuguaty (Canindeyu).

“El blanqueo de la corrupción no se condice con los principios un Estado de Derecho y menos aún con un Estado Republicano. Dicha situación vendrá a empeorar aún más la desigualdad en la tenencia de la tierra en el país. Afectará aún más la soberanía territorial del Paraguay, ya que una parte importante de los poseedores irregulares son extranjeros, que con esta medida se legitimará el despojo y la usurpación que realizan sobre las posesiones campesinas e indígenas y otras tierras públicas”, consideró la FNC.

El colectivo Unidad de Acción Social, que agrupa a diversas organizaciones campesinas, menciona que al menos 700.000 hectáreas de tierras del Indert se encuentran ocupadas ilegalmente por personas que no cumplen los requisitos para ser beneficiarios de la Reforma Agraria. “Es un planteamiento descarado de legalizar la corrupción en la que incurrieron funcionarios del INDERT. El proyecto cuenta con fuerte respaldo de la Asociación Rural (ARP), Unión de Gremios de la Producción (UGP), los brasiguayos, quienes son los que en forma irregular y corrupta lograron acceder a tierras públicas coimeando a funcionarios” señalan los campesinos citados por la Ong Base de Investigaciones Sociales (Base IS).

Por su parte, el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), en su 14º Congreso Nacional ordinario realizado el 22/5 pasado en Pastoreo, Caaguazú, manifestó “su más enérgico repudio en contra del proyecto de ley que plantea modificar el Estatuto Agrario para favorecer a los usurpadores de las tierras públicas”.

Lo hizo señalando que sería una “entrega de nuestra soberanía a los invasores especialmente a las empresas de agro negocios Sojeros y Narco Ganaderos que ya venían usurpando en forma indebida las tierras públicas, a cuya consecuencia miles de compatriotas, campesinos e indígenas, sufren desalojos, apresamientos, torturas y todo tipos de violencias”, apuntó.

Otro elemento central en esta disputa fue colocado por la FNC: “Afectará también la seguridad y la soberanía alimentaria del país, ya que con estos mecanismos contribuyen a disminuir tanto en términos de superficie y volumen la producción de alimentos frescos de la agricultura campesina orientada al mercado interno, aumentando de este modo la dependencia alimentaria. Ante esta lamentable situación, la FNC se declara en movilización permanente, hasta el rechazo del presente proyecto de Ley”, indicó la organización.

Sistemático afán

La FNC recordó a su vez que “durante la pandemia, y en medio de las restricciones sanitarias y sociales, el año pasado (2020) quisieron instituir, mediante un proyecto de ley, el Sistema Nacional de Catastro Registral (SINACARE), con el cual creaban una Dirección de Regularización cuyo objetivo era regularizar las tierras malhabidas , proyecto que no ha prosperado hasta hoy”.

Vale recordar que se considera “Tierras Malhabidas” a las casi 7 millones de hectáreas que la dictadura de Alfredo Stroessner repartió a amanuenses y favorecedores durante los años de terror.

Según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Justicia (2004-2008), el 65% de las tierras adjudicadas entre 1954 y 2003 (periodo del IBR) se realizaron de forma ilegal a personas que no eran sujetas de la Reforma Agraria. Es decir, de 12.229.594 hectáreas adjudicadas, 7.851.295 hectáreas fueron entregadas ilegalmente a altos funcionarios públicos, militares, políticos, extranjeros y amigos de la dictadura y los gobiernos de turno, mediante mecanismos de corrupción entre funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y Judicial.

Apuntó también que “además de las tierras adjudicadas ilegalmente por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), muchos ganaderos y sojeros, nacionales y extranjeros, tienen posesiones de tierras de manera irregular, usurpadas y arrebatadas económica y judicialmente, por lo general, de forma violenta, a campesinos e indígenas , adjudicándose tierras públicas (Indert), con posesión de derecheras, “alquiler”, ocupación de hecho, sin ninguna documentación o con títulos falsos obtenidos de forma amañada en contubernio con funcionarios corruptos. Ellos lo saben muy bien. Saben que su posesión no es jurídicamente sostenible. Y eso, quiérase o no, es una preocupación para ellos. Vale decir, desde hace tiempo que están buscando una oportunidad de blanqueo.

Según menciona el Libro “Colonias Campesinas”, publicado por BASE-IS, Justo Cárdenas, Presidente del INDERT hasta agosto de 2018, había afirmado que “un millón de hectáreas de tierras adjudicadas dentro de las colonias habilitadas por las distintas instituciones agrarias (IRA, IBR, INDERT) hoy se encuentran en manos de personas no sujetos de la Reforma Agraria, que fueron usurpadas violando las leyes agrarias. Esto es, entre el 35 y 40 % de todas las tierras que formaron parte de los programas de colonización. La mayor parte de estas tierras hoy son utilizadas por empresarios del agronegocio que serían los beneficiarios de las modificaciones planteadas en la propuesta de ley”, recordó Base de Investigaciones.

Contexto

La FNC contextualizó: “La problemática de la tierra es el conflicto social y político más importante de la historia del Paraguay , a raíz de un proceso de acaparamiento y concentración que ha venido sucediendo después de la Guerra contra la Triple Alianza, en que las tierras públicas fueran enajenadas a manos privadas principalmente extranjeras. En las décadas posteriores este proceso de concentración y desigualdad en la tenencia de la tierra se fue acentuando, especialmente durante la dictadura stronista y también más recientemente con la apertura democrática, mediante las propias políticas públicas supuestamente de “Reforma Agraria” y la expansión de los agronegocios, principalmente la ganadería y agricultura extensiva.

Este proceso dio lugar a que hasta el 2008, el 2,5% de los tenedores de tierras de más de 500 hectáreas concentraran el 85,5% de las tierras productivas (Censo Agropecuario Nacional 2008) y que la desigualdad en la tenencia fuera de las peores del mundo llegando a 0,93 del Índice de Gini, es decir, una desigualdad casi absoluta.

La supuesta política de “Reforma Agraria”, llevada adelante primeramente por el Instituto de la Reforma Agraria (IRA), posteriormente el IBR y luego el INDERT, ha contribuido con la concentración y desigualdad mencionadas.

De igual modo, el 25,3% de las tierras ya se encontraban en manos extranjeras en 2008. De la superficie total en manos extranjeras, 4.792.528 hectáreas pertenecían a brasileños, y 3.096.6000 hectáreas a extranjeros de otras nacionalidades (CAN 2008). Adjudicadas o adquiridas, en muchos casos, sin ningún respeto a las leyes, ni siquiera la franja de seguridad fronteriza establecida en la Ley No 2532/05. Lo que viene empeorando debido a la expansión territorial de los grandes agronegocios, la enorme demanda de este medio de producción y, la falta total de patriotismo y desprecio por la soberanía paraguaya de los gobernantes de turno.

El modelo productivo extractivista, orientado a la exportación, ha profundizado el acaparamiento de la tierra y con ello el conflicto social en el campo, ya que este ha avanzado territorialmente sobre los asentamientos campesinos, las comunidades indígenas y en los últimos tiempos sobre las zonas históricas de producción campesina de alimentos, produciéndose de este modo un aumento permanente de la dependencia alimentaria de los alimentos frescos que tradicionalmente produce la agricultura campesina.”

Artículo original: Campesinos llaman a oponerse a blanqueo de tierras malhabidas, publicado en el portal E´a