Miles de personas se movilizaron este viernes en Chile como parte de la huelga general contra el presidente Sebastián Piñera, en medio de repudios a su gobierno y para exigir su renuncia.

La jornada estuvo acompañada por trabajadores de la actividad privada y estatales, organizaciones universitarias, campesinas y derechos humanos.

Decenas de agrupaciones firmaron un documento en el que detallan sus denuncias contra Piñera, que tiene apenas un 10% de imagen positiva pese a la muy buena campaña de vacunación contra el coronavirus.

Es que los asuntos más graves e irresueltos en Chile son previos a la pandemia. Basta recordar la rebelión popular de octubre de 2019 que sólo fue acallada por la explosión de Covid-19 en marzo de 2020.

«Chile vive hoy una profunda crisis política, institucional, económica y social. Crisis expresada también desde los partidos que apoyan al gobierno, por un nefasto e indolente presidente», señaló el texto.

El documento, publicado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y firmado por decenas de agrupaciones, sostiene que Piñera «gobierna para unos pocos privilegiados que se hacen cada vez más ricos».

Denuncia que esos sectores «se niegan a pagar impuestos a sus riquezas y a una verdadera reforma tributaria progresiva», mientras que la gran mayoría de los chilenos están «endeudados y sin soluciones integrales en el ámbito económico y social».

También lamenta que las y los trabajadores paguen la crisis de la pandemia al tener que recurrir a ahorros que estaban destinados a su jubilación, por lo que consideran urgente una renta básica de emergencia.

En ese sentido, destacan que «no somos sujetos de caridad, somos sujetos de derechos… este gobierno ilegítimo está desconectado de las necesidades y de los problemas de la ciudadanía».

La CUT también solicitó políticas con enfoque de género, respuestas efectivas al aumento de la violencia intrafamiliar, protección económica a cuidadoras y reposición de las atenciones de salud reproductiva y sexual.

«Exigimos el término de la recarga laboral y maltrato a las y los trabajadores de la educación y recursos para la salud pública con que enfrentar la pandemia», agrega.

El documento que convocó al paro de este viernes también pidió «atender las necesidades de las y los funcionarios, la primera línea en la atención de la pandemia».

La Central sindical denunció que el Gobierno estaría intentando activar leyes para restarle soberanía a la Convención Constituyente, que será elegida en las elecciones del 15 y 16 de mayo.

«Solo el poder constituyente tiene la legitimidad para pronunciarse sobre las materias y leyes que regirán nuestro destino», advierten en el texto.

Además, recalcan que las y los trabajadores no aceptarán que durante estos meses el Congreso legisle sobre salud, pensiones o educación.

Del mismo modo, alertan sobre la «permanente y sistemática violación de los derechos humanos expresada en la militarización de la Araucanía, la persecución y criminalización a las protestas debe terminar».

También exigen la libertad de las y los presos políticos del estallido social de 2019, así como el fin de la represión y el toque de queda.

«Exigimos una vida digna. Producimos la riqueza de este país y queremos que nos devuelvan lo que es nuestro; la soberanía sobre nuestros bienes y sobre nuestras vidas. Exigimos la renuncia de Piñera», reza el escrito.

Además, esta semana fue denunciado en la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de octubre de 2019, cuando millones de chilenos salieron a protestar a las calles.

Organismos nacionales e internacionales ya certificaron que las fuerzas de Seguridad cometieron tortura, muertes ilícitas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.

(Con información propia y de RT)

La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)

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