Varios expertos independientes de la ONU concluyeron que el programa antiterrorista de Estados Unidos denominado «Recompensas para la Justicia» viola los derechos humanos de aquellos individuos por los que ofrece una gratificación a quienes puedan información que conduzcan a su paradero.

Operado por el Departamento de Estado, el programa ofrece dinero sobre personas fuera de los Estados Unidos que el Gobierno considera como asociados al terrorismo pero que no tienen cargos por crimen alguno.

También ofrece dinero a individuos extranjeros a los que considera estar implicados en actos de terrorismo si cooperan con Estados Unidos, recordó la agencia ONU Noticias.

“A muchas de las personas a las que el programa Recompensas para la Justicia tiene como objetivo, se las ha negado el derecho al debido proceso”, asegura Alena Douhan, relatora especial sobre el impacto de medidas en los derechos humanos.

“Esos derechos comprenden el de la presunción de inocencia y el de un juicio justo, a los que Estados Unidos está obligado por las leyes internacionales», señaló.

Agregó que «ofreciendo dinero por la información que pueda conducir a su detención, el programa alienta a otras personas a participar en la denegación de esos derechos”.

“Tales recompensas tienen paralelismo con los carteles de personas en busca y captura” de la Justicia estadounidense, explica Douhan.

Aún así, aclaró, los ciudadanos estadounidenses han sido acusados formalmente de crímenes o tienen órdenes de arresto, a diferencia de los extranjeros, sobre quienes no pesan cargos sino presunciones.

En su artículo, ONU Noticias recordó que el ofrecimiento de dinero por la captura de individuos extranjeros supuestamente implicados en actividades terroristas, incluidas instituciones en Irán, Cuba y otros muchos Estados, vienen acompañadas de amenazas sobre la imposición de sanciones a quienes no cooperen con las exigencias del Gobierno estadounidense.

Sin posibilidad de acceder a la justicia para protegerlos, las sanciones impuestas contra esos individuos violan distintos derechos humanos, agrega el informe.

Detalla que, entre ellos, se encuentra «el derecho al trabajo, la libertad de movimiento, el derecho a la buena reputación, el derecho a la vida y el derecho al olvido».

“Hacer que una persona lleve a cabo tareas contra su voluntad bajo la amenaza de una sanción por no hacerlo equivale a trabajo forzoso según lo definido por los acuerdos hechos a través de la Organización Internacional del Trabajo, una definición que Estados Unidos”, dijo Douhan.

Recordó que el trabajo forzoso está prohibido por tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado.

Por ese motivo, la relatora insta al Gobierno a revisar el programa Recompensas para la Justicia con el objetivo de asegurar que está alineado con las leyes internacionales.

“La lucha contra el terrorismo es obviamente necesaria, pero solo puede hacerse con el debido respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados, de conformidad con la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo», concluyó Douhan.

La Relatora Especial ha planteado esto, junto con otras cuestiones que preocupan a su mandato, al gobierno de los Estados Unidos, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Los expertos que firman el comunicado son Alena Douhan, relatora especial sobre el impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos; Leigh Toomey presidenta del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; Elina Steinerte, vicepresidenta del grupo; y los relatores de ese grup Miriam Estrada-Castillo, Muma Malila y Priya Gopala.

ONU Noticias informó que los relatores especiales constituyen el mayor cuerpo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU.

Agrega que son mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo.

Los expertos trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)

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