Honduras da otro paso en el más reciente experimento golpista

Juan Orlando Hernández asumió el 27 de enero su segundo mandato en medio de denuncias de fraude y violencia en las calles.

Ocho años después del golpe contra Zelaya, se consolida por la fuerza la alianza entre partidos tradicionales, militares, multinacionales y Washington. El pueblo juega su vida en cada manifestación.

Juan Orlando Hernández llegó al poder en 2014 y un año después puso en marcha una reforma constitucional para hacer posible su futura reelección. No lo logró pero sí consiguió una particular interpretación de la Justicia en abril de 2015: los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte, tres del partido de gobierno y dos liberales, consideraron inaplicable el artículo 239 de la Constitución que establece que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser elegido presidente”. Para completar su plan, Hernández tenía que ganar las elecciones del 26 de noviembre pasado.
La secuencia de lo que sucedió en la noche de los comicios es una evidencia: el primer corte del escrutinio, con el 57,19% de las mesas de votación verificadas, dieron ganador por cinco puntos al candidato de la Alianza de la Oposición, Salvador Nasralla. Recién dos días después de la elección el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio un segundo informe: con el 64,52% del escrutinio Nasralla tenía el 44,04% de los votos, seguido de Hernández con el 40,69%. Fue entonces que se registraron “problemas técnicos” en la transmisión de datos y el recuento se paralizó cuando faltaban retransmitir cinco mil actas.
Cuando se “solucionaron” los “problemas técnicos” los resultados cambiaron completamente la tendencia inicial oficial. En ese entonces Hernández superaba por 1.6 puntos a Nasralla, candidato de la alianza entre su Partido Innovación y Unidad (Pinu) y el Partido Libertad y Refundación (Libre, de Manuel Zelaya).
Lo que llegó después fue un descontento generalizado y movilizaciones en decenas de localidades del país además de Tegucigalpa. “Cuando las personas hacen plantones (bloqueo de ciertas vías), primero les gasean y luego les disparan”, asegura Erika García, activista de Somos Muchas e integrante de la Coalición contra la Impunidad. Esta organización presentó un informe en el que denuncian las violaciones de derechos humanos en las protestas y detallan nombres, apellidos y circunstancias en las que murieron 33 manifestantes. “Disparan a bala viva cuando no hay trabajadores de las ONG cerca observando. Esperan a que no haya tanta gente, a que sea de noche”, señala.
Las redes sociales jugaron un papel esencial durante las movilizaciones. Ahora el partido gobernante ha presentado un proyecto de ley para limitar la información en estas plataformas. “Esto es muy grave porque la mayoría de los medios corporativos no informan sobre lo que en realidad pasa. Las redes son las principales fuentes de información y convocatoria”, lamenta la Coalición contra la Impunidad.

Cronología sangrienta
“Todos los que estamos relacionados con el activismo en mayor o menor medida sabíamos que esto iba a pasar, pero no imaginábamos que iba a ser tan represivo”, añade García. Según el informe publicado por la Coalición, estos fueron los días en los que se produjeron el mayor número de muertes:
El 30 de noviembre, cuatro días después de las elecciones, la población se lanza a las calles para protestar contra el resultado oficial y reclamar por el triunfo de la Alianza de la Oposición. Ese día hubo 56 movilizaciones en 15 de los 18 departamentos del país.
El 1 de diciembre murió el primer manifestante en el departamento de Atlántida. En la zona norte se registraron saqueos de centros comerciales y esto provocó una escalada de la represión policial y militar. Aquí empezó a usarse fuego real y se activó un estado de excepción que duró 10 días. En esta jornada se registraron 92 movilizaciones ciudadanas también en 15 de los 18 departamentos de Honduras.
Otro día clave fue el 15 de diciembre, fecha en la que se convocó un paro nacional y en que hubo más de 100 manifestaciones en todos los departamentos del país. El 18 de diciembre, Juan Orlando Hernández tomó posesión del cargo y se produjeron otras 100 movilizaciones.

Algunos testimonios
Las 58 organizaciones de la sociedad civil hondureña Coalición contra la Impunidad han recopilado decenas de testimonios de familiares de personas muertas, de manifestantes heridos de gravedad y de personas que han tenido que ser escondidas porque el Estado las persigue. La clave de la lucha se centra ahora en seguir pidiendo justicia para cada una de las 33 personas fallecidas y para las decenas de perseguidos.
El 18 de diciembre, el Tribunal Electoral de Honduras declaró a Juan Orlando Hernández como presidente. A pesar de las múltiples denuncias de fraude presentadas por la oposición y del informe de la comisión electoral de OEA (elaborado en Honduras pero desoída en la sede de Washington) que junto a organizaciones internacionales instaba a repetir los comicios, asumió el 27 de enero su segundo mandato.
La ceremonia de asunción se realizó en el Estadio Nacional, donde se había montado un fuerte operativo de seguridad con varios anillos policiales y militares, no sólo alrededor del lugar sino a más de 500 metros de la ceremonia. Miles de personas fueron reprimidas con gases lacrimógenos mientras marchaban hacia el estadio. Y ya son 40 los hondureños asesinados por las fuerzas de seguridad.
El fraude se consolidó el 18 de diciembre cuando el TSE dio a conocer los resultados finales informando que Juan Orlando Hernández había ganado con el 42.95% de los votos, frente al 41.5% de Nasralla.
El jefe de la Misión Electoral de la OEA, el ex presidente de derecha boliviano Jorge “Tuto” Quiroga y ex vicepresidente del dictador Hugo Banzer Suárez, señaló en un comunicado: “intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.

Golpe determinante
A mediados de 2009 el entonces presidente Manuel Zelaya impulsaba la realización de una consulta popular (la llamada Cuarta Urna), que sondearía la voluntad ciudadana sobre una posible convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna. En la madrugada del 28 de junio el Presidente fue sacado de su casa en pijamas por militares encapuchados, trasladado a una base militar de Estados Unidos en Honduras y luego deportado a Costa Rica. El golpe fue gestado por el sector empresarial, los medios hegemónicos de comunicación y la cúpula de la iglesia católica, con el apoyo logístico y económico de Estados Unidos y el ejército hondureño.
Honduras fue el campo de entrenamiento de la CIA en la década de 1980 para alistar a la contrarrevolución nicaragüense. Cuenta con convenios internacionales desde la década de 1950 que permite al ejército de Estados Unidos realizar maniobras e instalar bases militares.
Honduras representa un gran interés estratégico geopolítico para los Estados Unidos, limita con 4 países de Centro América y posee salida al Pacífico y al Atlántico. La alianza regional de Zelaya con Venezuela y la inclusión de Honduras en Petrocaribe y más tarde en el Alba fueron las verdaderas razones del golpe de Estado disimulado con una feroz campaña de prensa.
El derrocamiento de Zelaya marcó una nueva etapa regional en materia de golpes luego del ensayo fallido en 2002 en Venezuela y antes de los golpes parlamentarios en Paraguay y Brasil. En Honduras el golpe tuvo apoyo del Congreso y el cambio de presidente se hizo efectivo mediante una firma de renuncia falsificada de Zelaya entregando la presidencia a Roberto Michelletti, presidente del Congreso Nacional.
Las manifestaciones populares duraron más de seis meses y dieron origen al Frente Resistencia al golpe de Estado. Como respuesta, el gobierno golpista emitió dos decretos que ordenaron la restricción de los derechos a las libertades personales, así como de asociación, reunión y libre tránsito. Al mismo tiempo facultaba las detenciones arbitrarias y la incomunicación por más de 24 horas, desconociendo los derechos civiles y políticos contenidos en los artículos 69, 71, 78 y 81 de la Constitución de la República.
Mediante este instrumento se estableció el toque de queda y se restringió la libre circulación. Además, quedó prohibida toda reunión pública, emitir publicaciones por cualquier medio “escrito, hablado o televisado” que ofendieran a los “funcionarios públicos”. Igualmente, autorizó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a intervenir y cancelar las frecuencias de medios de comunicación. A través de este decreto se autorizó a las fuerzas del orden a detener a toda persona considerada sospechosa, sin necesidad de una orden judicial, y a desalojar toda instalación o espacio público por la fuerza militar.
Con Zelaya extraditado y en un contexto de restricciones de derechos y libertades se realizaron las elecciones que dieron como ganador a Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional, quien negoció durante los dos primeros años de su gestión el retorno de Zelaya a Honduras. El derrocado presidente formó un nuevo espacio Político, Libre, (Libertad y Refundación). En las elecciones de noviembre de 2013 ganó Juan Orlando Hernández, candidato de la misma fuerza política.

Herederos
Tras el golpe se incrementaron la violencia y las violaciones a los derechos humanos y se puso en marcha, con argumento de atraer inversiones extranjeras, una serie de leyes que condujeron a la entrega de territorios y soberanía frente a las transnacionales. Los inversionistas extranjeros no vacilaron en declarar a la democracia como una forma obsoleta de gobierno y uno de los requisitos, otorgados por el gobierno hondureño fue que los litigios fueran resueltos por cortes internacionales, ignorando las legislaciones nacionales del país centroamericano.
Ambos gobiernos dieron lugar al programa de “Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques”, conocido por sus siglas en inglés como Redd, promovido por Naciones Unidas y el Banco Mundial. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc-Vía Campesina) y otras organizaciones rurales califican a este programa como el caballo de Troya para el extractivismo, el etnocidio y ecocidio.

Organismos internacionales y ONGs coinciden que Honduras vive uno de los niveles más altos de violencia contra los activistas ambientales: entre 2010 y 2017 se registraron 120 muertes. Denuncian la corrupción gubernamental que rodea proyectos de desarrollo como represas, minas y plantaciones de aceite de palma. Algunas instituciones financieras internacionales tienen su propia responsabilidad en los conflictos relacionados con proyectos hidroeléctricos, al igual que las ayudas estadounidenses al ejército hondureño y los cuerpos de policía, que se han visto implicados en numerosas violaciones de los derechos humanos en el país.

El caso más notorio fue el de Berta Cáceres, reconocida entre los pueblos de América Latina por su lucha por los derechos de los indígenas, asesinada a quemarropa en su casa en marzo de 2016. Había recibido amenazas relacionadas con su trabajo con las comunidades que se oponen a la construcción de la represa de energía hidroeléctrica Agua Zarca en la zona occidental de Honduras. Entre los arrestados se encuentran personas con vínculos con el ejército hondureño y con Desa, la empresa que está detrás del proyecto de la represa. Según estadísticas de organizaciones campesinas, el 70% de las tierras cultivables está en manos de un 3% de propietarios y siete de cada 10 campesinos carecen de propiedad.

Honduras tiene una población de aproximadamente nueve millones y se encuentra entre los países de menores ingresos de América Latina y el Caribe: para junio de 2017, el 68.8% de los hogares hondureños se encontraba en condiciones de pobreza con ingresos por debajo del costo de una canasta básica de consumo. El 40.7% se encuentra en condición de pobreza crónica.

Los gobiernos post golpe también pusieron en marcha una “ley para optimizar la administración pública” que contempla que el Congreso renuncia a funciones propias delegándolas al Poder Ejecutivo en especial la potestad de “creación, modificación o suspensión de las Secretarías de Estado o de los Organismos o Entidades Desconcentradas”.

Un hecho definitivo es que en las administraciones de Lobo y Hernández los militares se han colocado como actores centrales en la gestión pública, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, así como de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Este reposicionamiento de los militares en la gestión pública ha significado un incremento del presupuesto militar de más del 128% desde 2009, mientras que el de educación creció un 18.21% y el de salud 41.37%.

Inés Hayes y Nicolás Honigesz