A Cynthia la recogió una patrullera de su casa, ella está con prisión domiciliaria, la trasladaron al Palacio de Justicia. Esposada la subieron hasta el quinto piso. Ingresó a la tercera sala de juicios orales y públicos. Toda la escena se desarrolló como si se tratara de una peligrosa delincuente. Ella debía ser juzgada por el magistrado Víctor Hugo Medina, por desacato. Sí, incumplió el régimen de relacionamiento establecido entre sus hijos y su ex pareja, padre de sus hijos. Pero incumplió para proteger a sus niños que meses atrás relataron hechos de abuso sexual por parte de su propio padre. La mujer asegura que existen informes sicológicos que sostienen esta acusación, pero que fueron desestimados por la justicia.

Cynthia se separó del padre de sus hijos cansada de sobrevivir a reiteradas violencias por parte de su ex pareja. Relata que el hombre le pegaba, le escupía, la maltrataba verbalmente y la encerró en la casa que compartían, en varias ocasiones. Además él la amenazó de muerte mientras la sometía con un cuchillo al cuello. Muchas de estas situaciones fueron denunciadas, pero fueron desestimadas. Él está libre y aunque también incumple el régimen de relacionamiento y la prestación alimentaria aun no fue juzgado. Hoy es ella quien debe enfrentar a la justicia. Actualmente carga con más de 20 procesos, todos emprendidos por el padre de sus hijos.

Ella asegura que la justicia se mueve a puro tráfico de influencias. Él es un conocido político liberal y termina siempre protegido.

Este caso no es asilado. En Paraguay existen muchas trabas para el acceso a la justicia por parte de las mujeres y de sus hijxs. La violencia familiar se llevó, el año pasado, el primer lugar en causas que ingresaron al poder judicial. Hablamos de 3.148 procesos sólo en 2018. Según un informe oficial las peleas familiares, principalmente de parejas, hijos y parientes, a más de los que no cumplen con la asistencia alimentaria a sus hijos, predominaron en el Poder Judicial.

El informe de Gestión del 2018 también incluyó los abusos sexuales en niñas y niños, en cualquiera de sus aspectos, con 459 causas. Sin embargo, la estadística no señala cuántos de estos casos se resolvieron. No obstante, por los plazos de investigación, las audiencias preliminares y los juicios orales, en caso de no tener salidas alternativas, por lo general, duran más de un año.

Históricamente, y hasta no hace mucho tiempo atrás, el mensaje del sistema penal hacia las mujeres era claro: las violencias que sufrían en sus relaciones de pareja estaban justificadas o constituían un problema menor y propio del ámbito privado, en el que el sistema penal no debía intervenir. Esta “falsa” dicotomía entre el ámbito público y privado fue superada normativamente al sancionarse y ratificarse la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará-, entre las que se reconoce la violencia que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica (art. 2.a) y se obliga a los Estados a prevenirla, investigarla y sancionarla con la debida diligencia. Aún así, en nuestro sistema de justicia penal todavía se advierten obstáculos en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Algunos responden a problemas estructurales o normativos, y otros se vinculan con la presencia de prejuicios y estereotipos que muchas veces van acompañadas de la ausencia de formación específica en el tema.

Hasta hoy, una sobrecarga en la víctima, quien tiene que declarar sobre los hechos en varias oportunidades y ante distintos/as operadores/as, la obliga a revivir una y otra vez la victimización, pierde días de trabajo, se somete a largas esperas hasta ser atendida, tiene que costearse el pasaje para ella y para los/as niños/as (que en general están a su cargo), y todo ello bajo la constante ansiedad de que el agresor puede llegar a enterarse de que va a declarar y decidir tomar represalias. El sometimiento a esta carga conspira contra el sostenimiento de la denuncia y compromete la integridad física y psíquica de la víctima.

Para que exista justicia se precisa que la violencia hacia las mujeres sea tratada como una cuestión de derechos humanos, respondiendo positivamente a la obligación de educarse en este tema, utilizando los instrumentos del derecho internacional y nacional de los derechos humanos, y comprendiendo mediante la perspectiva de género cómo opera esta violación.

En este sentido, resulta relevante enfatizar el rol positivo de los operadores de justicia, jueces y juezas al identificar y desmantelar explícitamente estereotipos a través de la práctica judicial, en particular, en sus decisiones judiciales.

(*) La historia con la que inicia esta crónica es verídica y el proceso está en curso, sin embargo se omiten los nombres de la mujer víctima y el presunto agresor para proteger la identidad de los niños, hijos de ambos.

(**) El mensaje de texto que ilustra este artículo fue enviado por la víctima, minutos antes de ser trasladada al Palacio de Justicia, donde debía enfrentarse al juicio oral por desacato.

(Artículo publicado en Revista Emancipa – https://revistaemancipa.org/2019/03/25/por-defender-a-mis-hijos-me-criminalizan/)