Chile vive este sábado y el domingo elecciones históricas que significarán, además, un nuevo hito en el proceso de rebelión popular que comenzó en octubre de 2019 cuando se movilizaron millones de personas.

Este fin se semana es la elección de los delegados que escribirán una nueva Constitución, reclamo central de los levantamientos populares que se plasmaron en marchas y otras actividades durante casi un año y medio.

Chilenas y chilenos, además, designarán, por primera vez, gobernadores regionales y alcaldes en un proceso que, también de manera inédita, durará dos días para evitar aglomeraciones por la pandemia del coronavirus.

La elección más importante, sin dudas, será la de los 155 miembros que compondrán la Convención Constituyente, encargados de redactar la próxima Carta Magna.

La reforma constitucional exigida por los manifestantes busca romper con el modelo económico, político y social heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.

Uno de los objetivos de quienes apoyan la reforma es que la complejidad y amplitud de la elección no desmotive la participación popular en las urnas.

En total, este fin de semana se ponen en juego más de 15.400 candidaturas de convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales.

Los partidos de oposición, que estuvieron a favor de crear una nueva Constitución y reemplazar la actual pinochetista de 1980, se presentan separados en dos listas.

El llamado «Apruebo Chile Digno» está conformado por el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Igualdad y el Partido Progresista.

El otro frente, denominado «Que Chile Decida», está integrado por el Frente Amplio, el Partido Liberal, Comunes y Revolución Democrática.

Desde el oficialismo crearon un frente: «Chile Vamos por el Apruebo» con los tradicionales conservadores y derechistas.

Allí convergen la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evópoli y el Partido Regionalista Independiente (PRI).

Uno de los principales temas a discutir en la futura convención constituyente, donde se requerirán dos tercios de los votos para aprobar cada artículo, será un nuevo sistema de pensiones, que sustituya al actual sistema privado.

Este sistema de Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), muy cuestionado por chilenas y chilenos, fue creado por el hermano del actual presidente, el economista José Piñera, en noviembre de 1980.

Otra demanda histórica de los estudiantes -incluso muchos actualmente son dirigentes de espacios políticos y sociales- es la reforma del sistema educativo, que garantice un acceso universal y gratuito.

Varios sectores también promueven mayores reivindicaciones para las comunidades mapuches y una profunda reforma del sistema de salud para que más personas puedan acceder de forma gratuita.

Para aprobar cada artículo de la futura Constitución, la Asamblea deberá contar con los dos tercios de los delegados, por lo que la derecha aspira a lograr los votos necesarios para frenar cualquier cambio profundo.

El actual oficialismo chileno busca ganar al menos un tercio de los 155 convencionales constituyentes (más de 77) para poder tener el poder político de aprobar o descartar temas durante las sesiones.

Para decirlo en otros términos, la derecha busca ser garante de que los cambios en la Constitución no alteren el modelo económico basado en la acumulación de riquezas y en la pérdida de derechos del pueblo.

Más allá de que la derecha chilena tiene un piso electoral, el oficialismo -y en particular el presidente Sebastián Piñera- tienen actualmente muy poca aprobación popular.

Las erráticas decisiones sobre medidas sociales para apoyar a los más afectados por la pandemia es uno de los puntos más influyentes en esa desaprobación, luego del estallido social de octubre de 2019.

De aquella rebelión, Piñera nunca pudo recuperarse. El frente heterogéneo que ganó las calles en octubre de 2019 marcó la agenda política que ahora el poder establecido quiere frenar, valiéndose del apoyo de algunos partidos tradicionales.

Como sea, el pueblo chileno escribe este fin de semana su página más importante desde el plebiscito que, en 1980, le dijo basta a la dictadura pinochetista.

De hecho, la historia que comenzó a tejerse en aquel año quedó inconclusa para el movimiento popular; el poder político y económico concentró la toma de decisiones dentro de un sistema que ahora puede terminar de caer.

La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)

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