El 11 de agosto de 2020 cinco niños fueron torturados y brutalmente asesinados en el barrio Llano Verde, al sur de Cali, Colombia; tenían entre 13 y 15 años y pertenecían a familias desplazadas del pacífico. Durante el velorio fue lanzada una granada que dejó trece personas heridas entre policías, civiles y menores.

Las autoridades aún no revelan la identidad de los responsables del crimen, y es posible, como suele suceder, que nunca se sepa, si no hay presión ciudadana: se trata de niños, negros y pobres, que no son importantes para el gobierno ni representan interés o beneficio político alguno. Sin embargo, algunos familiares de los pequeños sospechan que detrás del espantoso crimen estarían algunos agentes del Estado, porque cuando encontraron los cadáveres «había dos patrullas y estaban con dos cuidadores de ese cañaduzal, que tenían los machetes en las manos y manchas de sangre en la cara”, aseguró uno de ellos a la prensa. Pensar que fueron oficiales que portan armas, uniformes y la confianza de las instituciones y de la ciudadanía, a la que juraron proteger y defender sin excepción alguna, aunque suene aterrador, no es descabellado, y tampoco sería la primera vez que agentes al servicio del Estado levantan sus armas contra la población indefensa y cometen crímenes atroces. Si, en la fuerza pública como en los grupos armados, sean guerrilla o paramilitares, hay sádicos, asesinos y perversos criminales que solo malviven para destruir, causar dolor, buscar lucro y dañar a los demás. Basta con ver las actuaciones del Esmad (escuadrón móvil antidisturbios) en la calle, el odio con el que agreden a quienes realizan el derecho fundamental de protestar, como golpean y sonríen, como patean el rostro de mujeres indefensas y como disparan contra personas desarmadas y asesinan estudiantes como Dilan Cruz, Nicolás Neira, Johnny Silva, Carlos Giovanny Blanco, Oscar Salas o Miguel Ángel Barbosa, entre muchos otros (que no son cifras, sino seres con un proyecto de vida truncado, con madres, hermanas, hermanos, amigas y amigos, padres que aún lloran su prematura y arbitraria partida). Basta también con recordar los mal llamados ‘Falsos positivos’, aquellos jóvenes indefensos, engañados, vendidos como mercancía para ser ejecutados por MILITARES, vestidos con prendas guerrilleras y sus cadáveres presentados ante la prensa y el país como trofeos, como subversivos caídos en combate (como si la muerte fuera un triunfo) para recibir bonificaciones, un cheque de cien dólares, un pollo asado, un paseo a una piscina, un curso en el extranjero. Así de barata, precaria y ruin es la mentalidad de muchos uniformados en el país. Hay otras voces que dicen que la masacre fue perpetrada por las llamadas “águilas negras”, una especie de ejercicio narco paramilitar que operara como brazo criminal de la fuerza pública y de poderes políticos locales; y otros dicen que pudieron ser las pandillas de los “minicarteles” que se disputan el territorio y la salida de la droga, y que sería un ajuste de cuentas contra los mismos niños o contra sus padres por razones aún desconocidas.

No sé cómo quieran llamarlo las autoridades ni conozco una razón que explique lo que no tiene razón de ser ni justificación alguna, y tampoco me interesa saber si los niños eran angelitos o si en medio de su adversa realidad y evidente abandono del Estado habían traspasado la línea de la legalidad, lo único que sé es que cinco niños -‘los cinco del cañaduzal’, como los llama la prensa- fueron brutalmente acorralados, torturados y asesinados a sangre fría (degollados y con titos de contacto en la cabeza), que sus preciosas e irrepetibles vidas fueron aniquiladas, que sus familias no tienen consuelo, que la niñez llora y se desangra en silencio ante la indiferencia de los gobernantes de turno, que ningún luto será suficiente, que nadie está a salvo en este país y que esta atrocidad dice mucho de lo que es Colombia en sus entrañas.

Mientras ocurran crímenes como estos, que nos congelan la sonrisa, nos cortan la respiración y laceran nuestra conciencia humana, mientras continúe el genocidio contra líderes y lideresas sociales que el gobierno alimenta con su indiferencia, el etnocidio contra nuestros hermanos indígenas, el asesinato de ex combatientes desmovilizados y la masacre de nuestras selvas y la destrucción de campos y ríos con venenos importados, será nuestra democracia un baile elegante y frívolo de pompas de jabón, sin eco ni sustancia, y el sueño de la paz que ingenuamente creímos abrazar con la desmovilización de las FARC, seguirá estando cada vez más lejos en el horizonte de esta tierra deformada por una violencia sin sentido y una crueldad torpe y mansamente tolerada.

Cada acto de barbarie nos condena, nos hunde en el fango de la vergüenza y nos destruye como sociedad, como país y como humanidad.

Nota// Alguien en Twitter escribe: “El dolor de una tragedia anunciada con el regreso de las águilas negras al poder».