Engranajes oxidados de la política argentina

El 22 de octubre habrá elecciones legislativas en todo el país con el mismo sistema anacrónico de votación. Voto electrónico, escrutinio privatizado, financiamiento de campañas, están en debate.

En Argentina, como en la mayor parte de América Latina, el voto es obligatorio. Desde el fin de la dictadura en 1983, acudió a las urnas entre el 75 y 85% del padrón en cada elección presidencial, en una tendencia descendente. Desde 2011 se realizan además las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), que cuentan con un índice todavía más bajo de participación: la primera vez que fueron implementadas votó el 78,5% de los electores, y en agosto de este año, el 73%.
La propuesta de las Paso se aprobó durante el gobierno de Cristina Fernández, con el fin de “ordenar y fortalecer a los partidos políticos” que aún vivían las consecuencias de la crisis de 2001. Con este nuevo sistema, de 18 candidaturas presidenciales en 2003 se pasó a 10 en las primarias de 2011, de las cuales sólo siete superaron el piso de 1,5% de los votos válidos planteado en la ley. El punto más destacado de esta legislación es la distribución de espacios de difusión en los medios radiales y audiovisuales para todas las listas.
Debido a que muy pocas fuerzas a nivel nacional utilizan las Paso para dirimir candidaturas, este año se puso en discusión su necesidad. Según el Ministerio del Interior, las primarias requieren un gasto estatal de 2.800 millones de pesos, por lo que el gobierno de Cambiemos ya anticipó que pensará una reforma. “Este experimento único en el planeta tiene enormes problemas y extiende mucho más la discusión electoral”, planteó el Jefe de Gabinete, Marcos Peña. También criticaron esta herramienta algunos sectores del Partido Justicialista (PJ): “Hoy, con el bipartidismo destruido y los sellos partidarios devaluados, ni siquiera la pertenencia a la Unión Cívica Radical (UCR) o al PJ obliga a una interna”, dijo Maurice Closs, diputado y ex gobernador de la provincia de Misiones.

Reforma electoral
Cambiemos había intentado discutir una reforma electoral a fines de 2016, que se vio frustrada por la oposición del kirchnerismo y el PJ en el Senado. El principal elemento de discordia era la propuesta de implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE) para reemplazar las actuales boletas de papel. Otros de los temas incluidos eran la paridad de género en las listas y la exclusión de la vicepresidencia como cargo electivo. Por último, también planteaba un traspaso del control del escrutinio provisorio del Ministerio del Interior (que lo terceriza) a la Cámara Nacional Electoral del Poder Judicial.
La BUE es un sistema que permite seleccionar los candidatos en una pantalla táctil, imprimir la boleta con la opción elegida y depositarla en la urna. Es implementada en Salta desde 2009 y se utilizó en última elección de la Ciudad de Buenos Aires en 2015. Su principal punto a favor es que garantiza la presencia de todas las listas en cada rincón del país, algo que no sucede hoy. Actualmente los partidos deben fiscalizar cada mesa electoral para asegurarse de que las boletas estén en cada cuarto de votación, tarea imposible para las organizaciones que no cuentan con grandes aparatos y dinero.
Otros dos argumentos que dan quienes promueven la boleta electrónica es que impide el “voto en cadena”, táctica clientelar que canjea sufragios por dinero, y agiliza la fiscalización y el conteo provisorio. Por último, este sistema también evitaría estafas vinculadas a la impresión de boletas (ver recuadro).
La mayor crítica a la BUE, realizada por sectores de oposición y algunas Organizaciones No Gubernamentales especializadas, yace en la falta de confiabilidad del sistema electrónico, ya que su software es supuestamente vulnerable a pirateos informáticos y, por ende, a manipulación de los resultados. Además, el chip de cada boleta electrónica tiene un código único que puede ser leído por teléfonos celulares, lo que atenta contra la privacidad de los votantes y permite identificar el voto de una persona.
A diferencia del sistema utilizado en Brasil, Venezuela, India o Estados Unidos, entre otros países, en el proyecto argentino el voto sigue teniendo un comprobante físico que respalda la elección hecha en la pantalla táctil y es contado en el escrutinio definitivo manualmente. Aun así, el descarte por parte de países como Alemania, Holanda o Israel de sistemas similares ante vulneraciones conocidas ha sido uno de los principales argumentos para enfrentar la reforma.

Escrutinios privatizados
Otra crítica a la reforma electoral propuesta por Cambiemos es que establece que una empresa privada sea la que tenga el control sobre los datos provisorios de las elecciones. Sin embargo, bajo el sistema actual de boletas en papel, la compañía Indra, de capitales españoles, ha sido la encargada de recolectar y sistematizar los datos de todas las elecciones nacionales realizadas entre 1997 y 2017. Para esa tarea, este año cobró casi 410 millones de pesos (unos 24 millones de dólares).
La única diferencia para estas elecciones legislativas es que Indra se adjudicó el escrutinio provisorio mediante un concurso privado hecho desde el Correo Argentino y no a través de una licitación pública del Ministerio del Interior, como se hacía hasta ahora. Sectores de oposición criticaron esta maniobra, ya que el director del Correo Argentino –que se ocupa de la logística general de la elección– y el de Indra están vinculados al Grupo Socma, de la familia Macri. Sin embargo, pocos cuestionan que sea una empresa privada extranjera la que hace 20 años realiza ininterrumpidamente el escrutinio provisorio de cada elección.
En las últimas elecciones, la única diferencia entre los resultados finales del escrutinio provisorio y el definitivo se dio en la provincia de Buenos Aires, donde la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner finalmente terminó primera con 34,27% y el candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich, segundo con 34,06% en las elecciones primarias para senadores. El día de la elección el escrutinio provisorio se detuvo a las 5.40 de la mañana del lunes, con el 95,68% de los votos computados y siempre mostró al frente a Bullrich, lo que generó denuncias de manipulación del conteo. Sin embargo, lo mismo había ocurrido en elecciones anteriores.
Cada dos años Argentina se sumerge al menos tres meses en período electoral. En 2015 la campaña duró prácticamente 12 meses en distritos como la Ciudad de Buenos Aires, que desdobló sus elecciones locales de las nacionales obligando a los votantes a ir seis veces a las urnas (en las primarias, generales y balotaje de las dos elecciones).
La sociedad argentina delega en una maquinaria llena de engranajes de escasa transparencia las garantías democráticas de cada elección.

Desde Buenos Aires, Julia de Titto

Financiamiento de la política 

En Argentina el régimen de financiamiento de las campañas electorales nacionales está estipulado por el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Pero a nivel provincial apenas cinco de los 24 distritos poseen normativas. “La ley vigente prohíbe a las empresas realizar aportes para las campañas. Las personas jurídicas sólo pueden hacer aportes a los partidos para su sostenimiento institucional, pero no para la campaña electoral”, explicó la especialista internacional Delia Ferreira Rubio. En la actualidad, los partidos deben presentar balances contables ante la Justicia, que se publican en internet, aunque nadie los toma en serio.
“El reclamo de transparencia en la relación dinero/política no es un capricho, ni producto de simple curiosidad. Saber cuánto se gastó permite saber cuántos fondos se recaudaron o cuántas deudas y compromisos han quedado pendientes. Saber quién aportó permite valorar la credibilidad de los candidatos y sus promesas, da elementos para descubrir potenciales conflictos de interés y para juzgar la gestión de gobierno. La transparencia en el financiamiento de los partidos funciona como mecanismo preventivo y de alerta temprana de la corrupción”, plantea Ferreira Rubio al advertir sobre la necesidad de mejorar los organismos de control judicial al respecto.
El gobierno nacional pretende autorizar los aportes empresariales, que hoy se realizan de forma velada, canalizados a través de donaciones de directivos de empresas y otras maniobras. El proyecto de ley de Cambiemos plantea además la bancarización total de los aportes individuales y de empresas.
También hay otro negocio en torno a las elecciones: las boletas de papel, cuya impresión está a cargo de cada partido y es financiada por el Estado. Para usar un ejemplo extremo, en las Paso de este año el partido neonazi Bandera Vecinal, encabezado por Alejandro Biondini, presentó seis listas en las internas de la provincia de Buenos Aires y pretendía –apoyado en un fallo de la Corte Suprema de 2015– que el Estado financiara el costo total de una boleta de cada lista por cada elector (es decir, seis veces el padrón electoral, que es de 12.280.736 personas). La suma daba un total de 19,7 millones de pesos y la cantidad de votos obtenidos por el partido de Biondini fue de 28 mil. Finalmente fracasó su intento, pero desnudó una práctica habitual de los partidos para apropiarse de recursos económicos del Estado.