España agudiza su crisis política y económica

Miles de personas marcharon al Congreso en Madrid para repudiar la sesión de investidura presidencial de Mariano Rajoy, posibilitada por la abstención de los diputados del Psoe.

Los dos partidos que moldean el sistema político siguen en descomposición, pero las alternativas no terminan de cuajar. El resultado es la continuidad de un Presidente desprestigiado y frágil.

Recién 10 meses después de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y cuatro meses después de que se repitiera la votación nacional el 26 de junio, España pudo anunciar un gobierno formal. A días de que venciera el plazo legal, el Congreso habilitó finalmente un nuevo mandato de Mariano Rajoy como presidente.
Será un gobierno inestable. Sin mayoría parlamentaria, sólo la abstención de 68 diputados del Partido Socialista Obrero Español (Psoe), por orden de la dirección partidaria, permitió el 29 de octubre la investidura de Rajoy en minoría, con apoyo del nuevo partido liberal Ciudadanos.
La reacción social ante el acuerdo fue inmediata. Apenas se conoció la decisión del Psoe de dar luz verde a otro gobierno del derechista Partido Popular (PP), colectivos de izquierda convocaron una protesta en la emblemática Puerta del Sol el viernes 28 de octubre y organizaciones que conforman la Coordinadora 25-S decidieron manifestarse alrededor del Congreso el mismo día de la sesión de investidura de Rajoy bajo el lema “Contra el golpe de la mafia, democracia”. Antes, estudiantes y docentes salieron el 26 de octubre a las calles en todo el país para exigir la derogación de la llamada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y la recuperación de las partidas presupuestarias para la educación que fueron recortadas.
La agenda del nuevo gobierno de Rajoy permite suponer que el descontento social y las manifestaciones crecerán con el correr de los meses. La exigencia de mayores ajustes fiscales para cumplir los acuerdos con la Unión Europea es un tema urgente para el Presidente. El presupuesto del año próximo deberá reducirse en unos 5 mil millones de euros para que el déficit fiscal baje al 3,1% y se ajuste a lo pactado en Bruselas. Otro tanto se necesitará en 2018 para lograr la meta de 2,2% de déficit. La consecuencia lógica será el aumento de la conflictividad social, que ya tiene varios focos importantes.
España es el país donde más aumentó la desigualdad social en los últimos años entre los 35 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), mayoritariamente europeos. El 1% de los españoles más ricos concentra la misma riqueza que el 70% de la población con menos ingresos y el salario medio cayó un 22% entre 2007 y 2014.
Corrupción y rechazo
El agravamiento del cuadro económico y social se completa con la crisis política y moral de los partidos tradicionales. El gobernante Partido Popular sufre el mayor juicio de corrupción de su historia. Las audiencias iniciadas el 4 de octubre muestran el cuadro: financiación ilegal, tráfico de influencias, asociación ilícita, malversación, lavado de dinero y sobornos son algunos de los delitos que se le imputan a altos dirigentes del PP, que tiene la mayor cantidad de acusados entre las 104 personas que se sentarán en el banquillo durante las audiencias del llamado “juicio a una época”. En realidad se trata de dos causas que avanzan en simultáneo: la “trama Gürtel” y las llamadas “tarjetas opacas” usadas por directivos de la Caja Madrid.
Las figuras principales del entramado corrupto son Rodrigo Rato, ex vicepresidente, ministro y director general del FMI, y Luis Bárcenas, ex tesorero del PP por el que se pidió una condena de 42 años de prisión y a quien se le encontró una fortuna mayor a 50 millones de euros en Suiza. Ambos administraban las finanzas del partido.
Las sospechas llegan hasta la cúspide del PP, porque Bárcenas denunció que la fuerza política recibió financiación ilegal durante al menos 20 años y acusó a Rajoy, entre otros, de haber recibido dinero en negro. Esta es una de las razones por las que el Presidente tiene un altísimo rechazo popular entre los españoles y su investidura generó tanto revuelo.

Psoe: agonía socialdemócrata
Tras el peor resultado histórico obtenido en las últimas elecciones nacionales (22,6%) y en las regionales de Galicia y el País Vasco, el Psoe terminó de hundirse con el llamado a la abstención de sus diputados para permitir la formación de un gobierno en minoría encabezado por Rajoy. Tal decisión se produjo luego de la renuncia forzada del secretario general y candidato presidencial del partido, Pedro Sánchez, en medio de graves acusaciones y una evidente fractura interna.
Sánchez había intentado convocar elecciones internas, pero su propuesta fue rechazada por el Comité Federal del Psoe (de 253 miembros) y tuvo que dejar su cargo el 1 de octubre, al cierre de una patética jornada que incluyó enfrentamientos entre los dirigentes. Una nueva reunión del Comité decidió el 23 de octubre, con 139 votos a favor y 96 en contra, dar luz verde a un nuevo mandato de Rajoy, pese a la fuerte oposición de la propia militancia del Psoe. “No tienen ni los votos ni los escaños. Le vamos a regalar escaños socialistas, con votos que nos dieron para que quitáramos a Rajoy, para hacerle presidente del Gobierno. Eso es una vergüenza. Es una traición a todos los ciudadanos y a los compromisos que hemos hecho”, señaló indignada la presidente de la comunidad autonómica de Baleares, Francina Armengol, en una de las tantas intervenciones del encuentro grabadas y filtradas a la prensa. El Partido había prometido en campaña no apoyar la investidura del actual Presidente.
La decisión –“rendición” para algunos– del Psoe, impulsada por el ex presidente Felipe González y sus laderos, le permite a Rajoy seguir al mando del gobierno sin hacer ninguna concesión política ante la fuerza socialdemócrata. Lo único que logró el Partido es evitar otra catástrofe en una eventual tercera elección general.
Con este último giro, el Psoe completó la parábola que inició en 1979, cuando el Congreso Extraordinario del partido discutió abandonar los postulados revolucionarios a pedido del entonces secretario general, Felipe González, que enarbolando la bandera socialdemócrata llegó a la presidencia en 1982 y gobernó hasta 1996. En 1986, González apoyó la permanencia de España en la Otan e inició un programa de desmantelamiento industrial. En los años 1990 llegaron las privatizaciones y la reforma laboral. Los ajustes económicos liberales promovidos por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 siguieron la línea trazada 30 años antes, avanzaron contra derechos laborales y recortaron el gasto público en educación y salud.
El Comité Federal del Psoe se encargó ahora de mostrar que, de ser necesario, el partido puede servir incluso de rueda de auxilio para el PP y su programa de gobierno.

¿Podemos?
La debacle del Psoe y el estallido de la crisis económica abrieron nuevos caminos para la izquierda, aunque la última alianza entre Podemos, Izquierda Unida (IU) y algunas fuerzas regionales no terminó de cuajar en términos electorales y su futuro político es incierto.
Lo que sí es seguro es la vuelta a las calles de las organizaciones que componen el heterogéneo movimiento popular español con el cierre del ciclo electoral. “Llevamos un tiempo en el que nos acompaña la sensación de que la movilización había bajado, pero es el momento de recuperar el pulso y de volver a situar a la calle en el centro”, señaló Elena Martínez, vocera de Coordinadora 25-S, que organizó la manifestación en el Congreso contra la investidura de Rajoy.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, consideró que una “triple alianza entre PP, Psoe y Ciudadanos” le “entrega el gobierno” al Partido Popular y ubica a su organización ante la responsabilidad de liderar la oposición real al régimen.
Luego de obtener más de cinco millones de votos en diciembre, consolidarse como tercera fuerza nacional y sufrir un momentáneo revés electoral en junio, la emergente coalición política española enfrenta grandes debates estratégicos. “Después de las elecciones llega el momento de construir trincheras en la sociedad civil, de construir un movimiento popular (…) Podemos tiene que ser el instrumento político de los movimientos sociales y populares”, reflexionó Iglesias al cerrar tres días de debates y talleres en lo que se denominó la Universidad de Podemos, del 22 al 25 de septiembre.
“Unidos Podemos es la fuerza de los jóvenes, de las nuevas generaciones. Si viviéramos en un país con una pirámide demográfica como la de los países en vías de desarrollo estaríamos gobernando. Somos además la fuerza política de las grandes ciudades”, celebró Iglesias al reivindicar la coalición formada con IU, la catalana En Comú Podem y En Marea, que planteó la “plurinacionalidad” de España. La nueva figura política de España defendió el acuerdo electoral, criticó la “moderación en las formas” con la que se afrontó la campaña proselitista y llamó a la construcción de “una organización política capaz de convertirse en instrumento de un gran movimiento popular de transformación social”.

Ignacio Díaz