Repsol, principal responsable del derrame de crudo en Perú
Un documento que contiene las conclusiones y recomendaciones que presenta la Comisión del Congreso de Perú que investigó el derrame de crudo en el mar, en Ventanilla, señaló las responsabilidades que le caben a la multinacional Repsol por este hecho ocurrido el pasado 15 de enero.
El portal peruano Epicentro.TV tuvo acceso en exclusiva a este informe que, entre otras cosas, detectó tuberías que datan de 1975 sin mantenimiento, ausencia de válvulas para controlar el flujo del combustible y de embarcación para atender emergencias ausente.
También detectó la ausencia de un supervisor de amarre del barco ausente, diferencia entre el crudo reportado a Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) y el que realmente estaban cargando y carga a velocidad excesiva, peligrosa y no autorizada.
Son 381 páginas de un trabajo aprobado por unanimidad que pone al descubierto una cadena de graves irregularidades que constituyen graves delitos contra la salud y el medio ambiente, señaló el portal en su informe conocido este jueves.
El artículo, escrito por Clara Elvira Ospina Garzón & David Gómez-Fernandini G., señala que estos graves delitos son atribuidos principalmente a la empresa Repsol y subsidiariamente al capitán del buque tanque y a las instituciones del Estado responsables de la vigilancia del mar y de la operación de hidrocarburos.
El informe concluye que la tubería por la que se hace el descargue de crudo, técnicamente conocida como PLEM, data de 1975 y no ha tenido modernización ni mantenimiento.
Los investigadores evidenciaron que el PLEM tenía costuras y refuerzos y un hecho de suma gravedad es que a lo largo de 4 kilómetros y medio no había válvulas de desconexión automática como ordena la norma.
La investigación establece como una de las más graves irregularidades el hecho de que, el día del derrame, cargaron el crudo a una velocidad excesiva no autorizada.
En varios momentos de la investigación, la comisión del Congreso constató inconsistencias en la información que entregaron las empresas involucradas, señala el artículo de epicentro.tv.
Cuando ocurre una tragedia como esta hay un protocolo de atención inmediata que, según la investigación, también falla de proa a popa, agrega el documento.
Afirma que, «en la práctica, nuestro mar estaba a su suerte», entre otras razones, «porque el buque quedó originalmente amarrado de forma incorrecta, pues la investigación constató la falta de cabos de amarre en dos boyas».
Los investigadores establecieron que los implicados en el derrame dieron información falsa sobre la magnitud de lo ocurrido, lo que impidió una reacción inmediata.
Según el documento, no informaron sobre las deficiencias en el sistema de alerta temprana y en la ejecución del plan de contingencia. De hecho, dijeron todo lo contrario: que el evento del derrame había sido controlado.
El informe concluye que este derrame de crudo ha sido “el peor desastre ecológico en las costas peruanas” y que se considera un crimen ecológico por todos los impactos.
Se trata, además, de “un atentado contra la humanidad al haber afectado no solamente la biodiversidad del Perú sino también la biodiversidad de todo el mundo”.
El trabajo constata que no se produjo tal oleaje anómalo y que por el contrario las olas en la zona de descargue no superaron el metro de altura y, según la norma, este procedimiento puede realizarse incluso con olas de hasta 2 metros de altura.
El informe señala que las empresas Refinería La Pampilla, Repsol, Petrobras Global Trading (el vendedor del crudo) y la empresa italiana Fratelli D’amico Armatori SPA (dueña del Mare Doricum) y las empresas prestadoras de servicios marítimos en el Terminal Portuario que intervinieron en la operación son responsables directa o indirectamente por lo ocurrido. A sus directivos se les atribuyen responsabilidades por los delitos de contaminación del medio ambiente y falsedad.
Además, el documento destaca que las instituciones públicas pertinentes mostraron una total carencia de capacidad de respuesta frente a la emergencia y una limitada, lenta y débil capacidad sancionadora. El informe concluye que todos los afectados deben ser debidamente empadronados y, posteriormente, indemnizados por los responsables, quienes deben remediar el daño ambiental causado.
La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
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