Respuesta y crisis: Congreso de Perú destituye a Castillo
El Congreso de Perú votó la destitución de Pedro Castillo y designó a su vice, Dina Boularte, como mandataria. La votación se dio poco después que el ahora exmandatario intentara disolver el Parlamento y anunciara una instauración de un gobierno de emergencia.
Pedro Castillo fue detenido por la Policía de Perú la tarde de este miércoles, en Lima. El exmandatario se encuentra en las instalaciones de la Séptima Región Policial Lima de la avenida España, de la capital peruana, reseñó La República.
El procurador general del Estado, Daniel Soria, ha presentado denuncia penal ante la Fiscal de la Nación contra Castillo por la presunta comisión de los delitos de «sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública».
El Congreso aprobó este miércoles la vacancia del presidente Pedro Castillo por «incapacidad moral», luego de que el mandatario declarara más temprano la disolución del parlamento, en medio de la crisis política que atraviesa el país.
La tercera moción de vacancia contra Castillo estaba prevista para ser debatida hoy, pero el sorpresivo anuncio del jefe de Estado apresuró la votación de la resolución sin intervenciones.
La vacancia contó con 101 votos a favor, cuando se necesitaban 87, una cifra que la oposición previamente no alcanzaba, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama.
El titular de la Mesa Directiva del Congreso, José Williams, consideró la medida de Castillo como un «golpe de Estado» a pocas horas del tratamiento de su posible destitución.
«El señor Pedro Castillo, en abierta y flagrante violación de la Constitución ha anunciado una disolución el Poder Legislativo, pretendiendo declarar en reorganización la Fiscalía y el Poder Judicial, dos organismos constitucionalmente autónomos», dijo Williams.
Y continuó: «Frente a ello, en defensa del pueblo del Perú, de la Constitución del orden democrático, procederemos a tomar las decisiones de conformidad con el artículo 46 de la norma constitucional que establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la constitución y las leyes».
(Noticia en desarrollo)
