La debacle de la maquinaria mediática del capitalismo global la abarca en forma integral. Están en crisis hasta los componentes de ese portentoso aparato que se habían preservado bajo el alegato de ser una élite de alto prestigio y buenas prácticas profesionales.

Prueba de ello es un reportaje de The New York Times, titulado “Venezuela enfrenta el coronavirus con la fuerza de sus agentes de seguridad”, que parece escapado de algunas de las redacciones de la segunda o tercera división ética del periodismo estadounidense, ese que manipula y miente “sin asco”, como se dice popularmente en el país suramericano.

El trabajo, suscrito por tres redactores (Anatoly Kurmanaev, Isayen Herrera y Sheyla Urdaneta) sostiene la tesis de que Venezuela ha logrado contener al Covid-19 a punta de represión y procedimientos violatorios de los derechos humanos. Ni más ni menos.

Para respaldar gráficamente tan audaz planteamiento, el reportaje fue ilustrado con fotos de  acciones nocturnas de la policía pies como el siguiente: “Durante la noche, un grupo de agentes detiene a personas que no cumplen con las medidas de cuarentena. Entre 70 y 100 personas son detenidas cada día por lapsos de entre 24 y 72 horas”. En las fotos y sus leyendas se implica que es la represión el mecanismo utilizado por el gobierno para controlar la enfermedad.

Pero ese es apenas el abreboca. La entrada del trabajo es una magistral exhibición de cómo se puede voltear (o intentar hacerlo) la realidad, presentando como algo negativo, perverso y criminal las acciones preventivas que se han tomado para preservar la salud de la colectividad.

“El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha abordado al coronavirus de la misma manera que a cualquier amenaza interna para su gobierno: con el despliegue de su represivo aparato de seguridad.

El gobierno de Venezuela etiqueta a quienes puedan haber estado en contacto con el coronavirus como “bioterroristas”. Detiene e intimida a médicos y expertos que cuestionan las políticas de Maduro para enfrentar al virus.

Y acorrala a miles de venezolanos que regresan a casa después de perder sus trabajos en el extranjero, manteniéndolos en centros de detención improvisados por temor a que puedan estar infectados”.

En estos tres párrafos se plasman casi todas las matrices de opinión que los peores medios de comunicación (los que no pueden autodenominarse “prestigiosos”) han impuesto en los últimos años. Maduro es un dictador que todo lo responde con represión, un malvado que estigmatiza a los enfermos, censura y persigue a los médicos y a los expertos, “acorrala” a los venezolanos que están reingresando al país y los recluye en lugares inapropiados.

Con semejante descripción ya queda completamente desvirtuado el esfuerzo realizado por el gobierno y buena parte del pueblo venezolano para mantener a raya una amenaza mortal. Todo queda convertido en una ristra de actos dictatoriales.

Por cierto, se afirma que los venezolanos regresan “luego de perder sus trabajos” en otros países. No se menciona que eran empleos precarios, proporcionados por patronos que se aprovecharon de su condición para explotarlos inmisericordemente. Tampoco se recuerda que fueron echados de sus pensiones y apartamentos alquilados por ser venezolanos y tratados como subhumanos por el gobierno de Colombia. Mucho menos se dice que en Venezuela no se ha tratado de esa manera a ninguno de los seis millones de colombianos ni a los centenares de miles de peruanos, ecuatorianos y otros extranjeros que viven en el país.

Pero hay más. Lo anterior es apenas el comienzo:

“En hoteles incautados, escuelas en desuso y estaciones de autobuses acordonadas, los venezolanos que regresan son obligados a permanecer en habitaciones abarrotadas con comida, agua o cubrebocas limitados y mantenidos bajo vigilancia militar durante semanas o meses para hacerse las pruebas de coronavirus o recibir tratamientos con medicamentos no probados, según entrevistas con los detenidos, videos que han tomado con sus celulares y documentos gubernamentales”.

El uso de cada palabra parece haber sido medido. Los hoteles son “incautados”, dando a entender que se vulneró la propiedad privada de estos establecimientos.

Las escuelas están “en desuso”, lo que hace pensar en un país donde ya no se educa a los niños, no en un país que, como casi todos los otros, debió suspender las clases presenciales por la pandemia.

Los venezolanos que regresan son “obligados” a permanecer en habitaciones abarrotadas. En realidad, se trata de una cuarentena, similar a la que se ha aplicado en muchas otras naciones, que no puede ser considerada como una detención y que es una medida más que razonable ante una pandemia de la magnitud de esta. El que estén bajo vigilancia militar es presentado como un acto de barbarie. ¿Quién debería vigilar para que las personas en cuarentena no la abandonen? ¿Sugiere el diario estadounidense que debería dejárseles sin vigilancia?

Se dice que son retenidos por meses para hacerse las pruebas. La verdad es que Venezuela es uno de los países con mayor cantidad de pruebas realizadas por millón de habitantes, un dato que este “reportaje” oculta deliberadamente, pues ha sido difundido con amplitud por las autoridades.

¿De verdad conocen Venezuela?

Es posible que alguno de los tres redactores sea venezolano o que hayan estado en el país, pero ciertos datos parecen indicar que no tienen mucha idea, ni siquiera de la geografía nacional.

“En San Cristóbal, una de las ciudades más importantes del país, los activistas del partido gobernante están marcando las casas de las familias sospechosas de tener el virus con carteles y amenazándolas con detenerlas, dijeron los residentes. En la cercana ciudad de Maracaibo, la policía patrulla las calles en busca de venezolanos que reingresaron al país sin autorización oficial. Los políticos opositores cuyos distritos electorales registran un brote dicen que los amenazan con ser enjuiciados”.

Un ciudadano de cualquier parte del mundo que lea esta nota quedará convencido de que Maracaibo y San Cristóbal son ciudades cercanas. Lo cierto es que hay más de 430 kilómetros entre estas urbes, unas seis horas y media de carretera porque, luego de la autopista San Cristóbal-La Fría, la ruta discurre por el sur del lago de Maracaibo.

Pero ese sería apenas una “pequeña imprecisión” dentro de la nota, si se le compara con el manejo poco riguroso de las fuentes. Hacer una afirmación tan grave como que se está amenazando a personas enfermas y sostenerla en un “dijeron residentes” es una práctica propia de muchísimos medios de baja ralea deontológica. Se supone que el reputado y aristocrático NYT no lo hace.

Para no quedar tan mal, el equipo redactor cita a un opositor enfermo:

“Este es el único país del mundo en donde tener COVID es delito”, dijo Sergio Hidalgo, un activista de la oposición venezolana que contó que había contraído síntomas de la enfermedad solo para terminar con agentes de la policía en su puerta y funcionarios gubernamentales acusándolo de infectar a la comunidad”.

La pregunta que podría surgir es: ¿si se sabe que una persona está enferma de un virus letal, es una violación a sus derechos que lo busquen las autoridades?

El periódico asegura haber entrevistado a seis venezolanos que se encontraban recluidos en “centros de contención”.

“Varios de ellos dijeron que habían sido hacinados en habitaciones sin camas, comida caliente, ventanas o suficiente agua potable (…) Algunos dijeron que habían sido detenidos con bebés de apenas un año, sin disposiciones especiales para los niños. Otros contaron que se habían visto obligados a tomar los medicamentos descritos en el protocolo oficial de Venezuela para tratar a cualquier persona que tenga o sea sospechosa de tener coronavirus, incluso sin mostrar ningún síntoma”.

Una vez más se observan las generalidades: varios, algunos y otros no es propiamente un ejemplo de periodismo de precisión.

El periódico le dio crédito a un video mostrado por un diputado opositor (al que no identifica) en el que aparecen personas mayores en una habitación en malas condiciones y con sábanas sucias. Se trata de un “centro de contención”, palabra puesta allí para remarcar el carácter represivo de la acción.

En el empeño de demostrar que la represión es la única acción del gobierno contra la pandemia se llega al extremo de criminalizar incluso las acciones cívicas que practican los cuerpos de seguridad. La segunda foto del extenso trabajo muestra a un grupo de ciudadanos sentados en el suelo, distanciados entre sí, con tapabocas bien puestos, oyendo a un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana que les habla auxiliándose con un megáfono. La leyenda de la fotografía es para una antología de la manipulación mediática:

“Un oficial de seguridad en Caracas custodia a personas temporalmente aprehendidas en julio. El personal de la Guardia Nacional detiene a los ciudadanos durante horas para explicar la importancia de cumplir con las medidas de cuarentena. El programa se conoce como la ‘escuela de la conciencia’”.

Visto el enorme impacto que ha tenido el Covid-19 en otros países, incluyendo Estados Unidos, y más concretamente Nueva York, el diario debería presentar esta idea como digna de imitación. Pero no, la plantea como otro deplorable abuso contra los derechos individuales.

El fondo del asunto es geopolítico

Un párrafo en la mitad del texto da luces sobre cuál es la verdadera razón de este trabajo periodístico: la maquinaria mediática debe dar una explicación al mundo de por qué en un país bloqueado, sometido a medidas coercitivas unilaterales y amenazado de agresiones militares, la política pública contra la pandemia ha sido más exitosa que en la mayoría de las naciones con gobiernos de derecha, que no padecen esas desventajas adicionales.

Esa explicación debe ser tal que deje mal parado al gobierno exitoso en su política sanitaria y, en cambio, haga ver favorablemente a los otros. Veamos:

“A medida que la pandemia arrasaba a los países vecinos y abrumaba redes de atención médica mucho más preparadas que el colapsado sistema de salud de Venezuela, Maduro adoptó un enfoque de línea dura y trató al coronavirus como una amenaza a la seguridad nacional que podría desestabilizar a su nación en bancarrota y poner en peligro su control del poder”.

Nuevamente, cada frase está diseñada para una eficaz distorsión de la realidad. Se dice que “la pandemia arrasaba a los países vecinos”, como si fuera un hecho fatal, que esos países no pudieron evitar, pese a estar mejor preparados que Venezuela. Entonces, Maduro no lo enfrentó con sus mermados recursos, los médicos venezolanos, sino con represión.

Hay un juicio moral que  trasluce. El presidente venezolano y los integrantes de su gobierno no hicieron este gran esfuerzo para salvar a miles de personas de la muerte, sino para aferrarse al poder.

Una vez más, los redactores recurren a una fuente opositora para darle algo de sustento a la tesis de que Maduro paró la pandemia a punta de pistola y con fines perversos. Se trata del politólogo John Magdaleno, quien dice:

“La pandemia claramente representa una amenaza para el gobierno porque muestra la carencia de sus recursos. La prioridad es no encarar la pandemia. Es sobrevivencia política de corto plazo”.

La nota continúa describiendo la situación de los centros de salud, pero sin referirse nunca a las causas externas del colapso económico, atribuyéndole toda la culpa a Maduro.

“Con recursos cada vez más escasos para preparar a los hospitales arruinados del país o ayudar a su ya empobrecida población a sobrevivir la crisis, Maduro ha recurrido a los centros de detención improvisados, la represión y la coerción para tratar de evitar que el virus abrume el país, dijeron analistas políticos”.

Aquí, nuevamente, el riguroso NYT apela a un clásico recurso de los medios con menos reputación: mencionar unos personajes genéricos a los que por alguna razón no se les identifica. Una razón muy extraña porque son muchos los analistas políticos que matarían por ser nombrados en ese diario estadounidense.

De nuevo, para que si haya nombres y apellidos entre las personas citadas, se incluye una frase del médico Julio Castro, asesor de Juan Guaidó, quien dice:

“Cuando la gente siente que está enferma cree que tiene un problema judicial o policial, como si fuera un delincuente, Entonces la gente prefiere esconderse”.

Se trata de una opinión perfectamente comprensible en alguien que supuestamente tiene a su cargo la gestión de la pandemia por el “gobierno encargado”, pero incluso es contraria al sentido común, pues es poco probable que una persona que sospecha estar enferma de un virus mortal prefiera encerrarse en su casa que buscar ayuda.

En el reportaje no se dice que, desde los primeros días, el gobierno ha establecido un mecanismo de registro de las personas, que incluye datos sobre condiciones de riesgo, como enfermedades preexistentes.

Dudar de las cifras

Por supuesto que el “reportaje” no podía estar completo si no se dejaba en los lectores la sensación de que las cifras oficiales son falsas. Este ha sido uno de los empeños de la oposición interna y externa desde el principio y el NYT lo sostiene con este argumento:

“El verdadero alcance de la pandemia en Venezuela, un país que dejó de publicar estadísticas de salud tan básicas como la mortalidad infantil hace años, es casi imposible de determinar”.

Por supuesto que para apuntalar la teoría de que las cifras son mucho más altas, se señala que “médicos y enfermeros” han sido amenazados por hablar sobre el tema y doce de ellos han sido detenidos, según los sindicatos. No se indica el nombre de los detenidos ni tampoco el de los voceros sindicales que denuncian la situación.

El contrapeso a estas versiones aéreas son las cifras oficiales, pero presentadas de tal manera que parezcan muy poco confiables:

“Maduro asegura que su rápida respuesta —confinó al país el 17 de marzo, justo después de que se confirmaran los dos primeros casos de coronavirus— ha evitado la devastación que padecen los países vecinos. Oficialmente, Venezuela cuenta con una de las tasas de infección más bajas de la región. Cinco meses después de la detección del virus, el número de muertes diarias, según el gobierno, nunca superó las 12”.

Obsérvese que no se dice que el país ha tenido una menor devastación, en comparación con países vecino, sino que es algo que “Maduro dice”. La cifra lleva la advertencia “según el gobierno”. La acotación de que “confinó al país” abona a la versión de que es un dictador que ha manejado la pandemia autoritariamente.

Aquí salen a relucir los expertos y médicos que hacen señalamientos extremadamente graves, pero no pueden dar sus nombres por temor a represalias del gobierno. Pese a ello, el diario los cita:

“Pero los expertos en salud dicen que las bajas cifras oficiales son el resultado de tasas extremadamente limitadas de pruebas. Las pruebas precisas de coronavirus son escasas y demoran semanas en procesarse en uno de los dos laboratorios aprobados por el gobierno, según ocho médicos de tres estados venezolanos entrevistados para este artículo. Los médicos no quisieron revelar sus nombres por temor a la persecución del gobierno. La mayoría de los pacientes con síntomas de la Covid-19 no son sometidos a pruebas o mueren antes de recibir sus resultados, por lo que nunca se los incluye en las estadísticas oficiales, dijeron los médicos”.

Sería interesante revisar si el diario NYT permite que este tipo de informaciones anónimas sobre aspectos tan graves sean publicadas cuando se trata de noticias de EEUU.

Otro dato así presentado es el de un gerente del crematorio de Maracaibo, quien dijo, bajo condición de anonimato que habían pasado de procesar cinco cuerpos a 20 por día.

Opinión mezclada con información

El NYT parece haber tomado clases con los peores periódicos y televisoras de EEUU, España y América Latina. En un trabajo supuestamente informativo o interpretativo, editorializan políticamente. Los siguientes párrafos son verdaderas perlas de esta mezcla:

“La represión de Maduro contra los migrantes venezolanos que regresan contrasta con la libertad que disfruta la élite gobernante del país, que capea el confinamiento en islas caribeñas privadas, mansiones en las colinas y lujosos restaurantes a los que se accede solo con invitación. Los altos funcionarios del partido que contraen el coronavirus buscan tratamiento en clínicas privadas o en el confiable hospital militar de Caracas. Por unos pocos miles de dólares, los viajeros adinerados que regresan pueden saltarse la cuarentena obligatoria e ir directamente a casa. Lujosas camionetas blindadas sin matrícula recorren los barrios exclusivos de Caracas por las noches, mientras que a unos kilómetros de distancia, milicias armadas progubernamentales hacen cumplir el confinamiento en las comunidades más pobres”.

Una prestigiosa manipulación

La conclusión luego de leer este largo trabajo es que ya no es posible encontrar partes sanas en la maquinaria mediática del capitalismo hegemónico global. Por un lado están los medios y periodistas ya depravados, capaces de poner en circulación cualquier falacia, sin el menor rubor. Por el otro están los medios con reputación y prestigio, con abolengo periodístico, que a veces dan muestras de quererse diferenciar de los primeros, pero en otras ocasiones lucen empeñados en imitarlos. A fin de cuentas, todos –los ramplones y los que tienen fama- obedecen a los mismos intereses.

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