Escalada de asesinatos e incumplimiento de acuerdos en Colombia

A un año de la ratificación del acuerdo final en Bogotá, la mayor parte de los puntos está trabada y falta voluntad política para implementarlos. Crímenes paramilitares impunes y en ascenso.

Dos caras opuestas marcan el camino hacia la paz trazado en Colombia. Por un lado, está el abandono de las armas y la histórica transformación de las Farc en una organización política legal, hecho al que se suma el diálogo y cese al fuego bilateral pactado entre la guerrilla del ELN y el Gobierno (ver recuadro). Pero por el otro, menos visible y minimizada en los anuncios oficiales, permanece inalterada la violencia fascista en numerosos lugares del país.
El asesinato de dirigentes de organizaciones locales, principalmente campesinas, comunitarias e indígenas, no se detiene y los casos permanecen en la impunidad. Datos de distintas organizaciones colombianas –el Estado no cuenta oficialmente los casos– expusieron que en 2016, año de la firma del acuerdo de paz definitivo, fueron asesinados entre 101 y 117 líderes sociales. Lo peor es que los crímenes se produjeron mayoritariamente en las zonas priorizadas para la implementación de los puntos acordados entre el Gobierno y las Farc.
Este año la situación se agravó: organizaciones sociales denuncian que con el asesinato del dirigente Miguel Pérez el 22 de octubre en Tarazá, Antioquia, la cifra de defensores de derechos humanos y referentes comunitarios asesinados llegó a 125. El aumento de los crímenes demuestra que por fuera de las guerrillas hay mafias paramilitares que no son combatidas por las fuerzas oficiales y siembran el terror en amplias zonas del país.
El último informe anual del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sobre las mafias narco-paramilitares, presentado en octubre de este año, revela que durante los primeros seis meses de implementación del Acuerdo de Paz se registró la presencia de estos grupos en 275 municipios de 28 departamentos del país. En cinco de ellos –Chocó, Antioquia, Córdoba, Meta y Risaralda– los paracos controlan más de la mitad del territorio.
Tal como lo advirtieron las Farc y el ELN, los grupos paramilitares avanzaron sobre las zonas que fueron abandonadas por la ex guerrilla en el marco de su desmovilización, sin necesidad de combatir con fuerzas oficiales. A pesar de que el Acuerdo Final establece la creación de una unidad especial de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales, adscrita a la Fiscalía General, no se ha cumplido con lo pactado.
Este marco de violencia y amenazas contra líderes sociales incluye el asesinato de al menos 30 ex combatientes, colaboradores o familiares de las Farc desde que se firmó la paz en La Habana. También fue amenazado de muerte el Comité Ejecutivo de la Unión Patriótica (UP), que sufrió más de seis mil asesinatos en la década de 1980, cuando fue fundada por guerrilleros desmovilizados.

Congelamiento
A un año de la ratificación del histórico Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno en Bogotá, su implementación real está lejos de cumplir lo pactado. A fines de octubre todavía no había sido reglamentada por el Congreso la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), punto central de los acuerdos, debido a las disputas políticas atravesadas por la campaña electoral para las presidenciales de mayo próximo. Los cambios que se proponen para ese instrumento vital de la paz podrían derivar en una persecución judicial de los ex guerrilleros y en su inhabilitación política, advierten desde las Farc.
Lo mismo sucede con la reforma política, legislación central para la implementación de la paz, que busca habilitar la participación electoral de la nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) y reducir el costo de las campañas, entre otros puntos. A pesar de las trabas en el Congreso, la organización política inscribió el Partido ante el Consejo Nacional Electoral para obtener personería jurídica y participar de las elecciones. Los acuerdos estipularon que a los ex guerrilleros les corresponden cinco bancas de senadores y cinco de diputados por ocho años.
En cuanto a la Ley de Tierras, corazón del primer punto del acuerdo: la “reforma rural integral”, ni siquiera se conoce todavía el contenido del proyecto, mientras que la falta de garantías de seguridad para los ex guerrilleros y dirigentes comunitarios y sociales de todo tipo es evidente.
Según un detallado informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz (Oiap) publicado en octubre, hasta el momento se han cumplido apenas el 18% de los puntos, en la mayoría de los casos por responsabilidad del Poder Ejecutivo y el Congreso. El organismo considera que el éxito del proceso dependerá de un acuerdo político y social entre las distintas fuerzas del país y el involucramiento activo de la ciudadanía.
Entre lo poco que se ha cumplido destaca la dejación de armas y la conversión de Farc en partido político, aunque la paz duradera depende de la aplicación integral de lo acordado. Del lado opuesto, la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito son dos de los puntos sin avances que más preocupan.
La masacre de al menos siete campesinos en la zona rural de Tumaco por parte de la Policía y el Ejército el 5 de octubre mostró la gravedad de estos problemas. Mientras productores empobrecidos se manifestaban para exigir el cumplimiento de la sustitución de cultivos ilícitos pactada en los acuerdos de paz, el Estado impulsó la erradicación forzosa con accionar represivo y luego intentó imponer una versión falsa de los hechos. Por si fuera poco, cuando una misión internacional de la ONU visitó el municipio para investigar lo ocurrido fue atacada y amedrentada.
El panorama no es mejor en el plano institucional. En la sesión legislativa del 26 de octubre, el Senado no pudo votar la ley que crea el sistema nacional de innovación agropecuaria por falta de quórum y ni siquiera el informe de conciliación de la enmienda legislativa que prohíbe al paramilitarismo. El presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, sentenció al término de la jornada que el “Congreso no funciona” y hay “una democracia bloqueada que requerirá tarde o temprano de medidas de excepción” por parte de Santos para que avancen las leyes acordadas. “Colombia tiene que saber que en seis sesiones el Senado se niega a proscribir el pamilitarismo”, repudió. Responsabilizó al partido de Uribe –Centro Democrático– y al ex miembro de la coalición oficialista Cambio Radical.
Más allá de los anuncios, en Colombia falta voluntad política para acabar con el paramilitarismo, alcanzar una paz estable y duradera y poner fin a los crímenes contra líderes sociales en todo el país. La debilidad del presidente y la campaña electoral complican todavía más el panorama.

Diálogos con el ELN en sintonía con las Farc 

En Quito comenzó el 26 de octubre la cuarta ronda de negociaciones por la paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De las audiencias preparatorias participaron “las víctimas y familiares del conflicto, los desplazados de guerra y demás protagonistas del proceso”, informó la Cancillería de Ecuador.
El tercer ciclo del diálogo había culminado con un acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal, que se mantendrá vigente hasta el 9 de enero y permitió por primera vez el viaje de los delegados del ELN a Bogotá para continuar las negociaciones.
Apenas 48 horas antes del reinicio del diálogo, miembros de la ex guerrilla de las Farc y la delegación del ELN cerraban dos días de reuniones en Ecuador para ratificar su compromiso con la paz y “las transformaciones que anhela la mayoría de los colombianos y colombianas”, según expresaron mediante un comunicado conjunto.
El objetivo del encuentro fue intercambiar experiencias, ya que las Farc se encuentran en plena etapa de implementación de los acuerdos de paz y en tránsito hacia su reconocimiento pleno como organización política legal.
Ambas fuerzas acordaron crear un mecanismo conjunto para lograr la “paz completa” y manifestaron su preocupación por el asesinato y encarcelamiento de líderes sociales, incluidos ex combatientes de las Farc, que en su mayoría están impunes. Otra coincidencia entre las dos organizaciones fue señalar al paramilitarismo como la mayor amenaza contra la paz de Colombia y urgir al Gobierno para que avance en su desmantelamiento.