La desmovilización abre una etapa fructífera pero incierta en Colombia

Con la llamada “última gran marcha de las Farc” se abrió un período de 120 días para dejar las armas.

Hombres y mujeres dejan las armas y vuelven a la vida civil. Los grupos paramilitares generan terror y aprovechan la desmovilización para ampliar su expansión en todo el país.

Casi siete mil miembros de las Farc pasan sus últimas noches en condición de guerrilleros del movimiento insurgente más antiguo de América. Veintiséis zonas albergan a jóvenes y adultos que ingresaron con uniforme de combate y armas y saldrán de civil. A los últimos comandantes se los ve comprometidos con su responsabilidad surgida en los acuerdos de paz. Confían con reservas en el gobierno colombiano y se saben desprotegidos ante una extrema derecha voraz.
Cada acto es una certeza en el cumplimiento de los acuerdos pero a su vez un paso en un terreno minado. El 1 de febrero delante de delegados de la ONU policías y militares y más de un centenar de guerrilleros y guerrilleras armados y en formación se estrecharon la mano en Pondores, paraje del departamento norteño de La Guajira, y proclamaron el fin de 52 años de conflicto armado. Ese día se anunció oficialmente el fin de la etapa de desplazamiento desde los campamentos guerrilleros a las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (Zvtn), espacios en las que dejarán las armas y los uniformes.
Para llegar a las Zvtn hombres y mujeres realizaron travesías de largas horas y días desde los campamentos guerrilleros en los montes y las montañas colombianas. Batallones armados, con uniforme de combate y parada militar se entremezclaban con grupos de civil, veedores, asistentes y pobladores que ayudaron en la movilización. Miembros del Ejército ofrecían protección tal como se estipuló en los acuerdos de La Habana.
El trasteo o traslado incluyó armamento, municiones, enseres, electrodomésticos, muebles, víveres, medicamentos, carpas, lonas, camas, colchones, mantas, documentos y fotografías personales. También mascotas que compartieron durante años la vida en los frentes guerrilleros. Todos a bordo de vehículos terrestres y acuáticos, tracción mecánica y también a sangre. Se utilizaron casi un millar de automotores, 80 lanchas, 35 mulas de carga y una decena de tractores a lo largo de 36 rutas de desplazamiento en 14 departamentos del país.
Con esta llamada “última gran marcha de las Farc” se abrió un período de 120 días para la dejación de armas y, además, definir quiénes se someten a la llamada justicia transicional y determinar quiénes serán amnistiados y los indultados. Al ingresar a cada Zona Veredal los guerrilleros de las Farc registraron sus armas que al final del proceso serán retiradas por la ONU y entregaron para su destrucción, pólvora, granadas y minas antipersona. Oficialmente se estiman 6.200 insurgentes de los cuales 32% son mujeres. Se excluyen de esta cifra a milicias que en algunas regiones del país colaboraban con las Farc sin ser parte de ellas y a pequeños grupos que desistieron de firmar el acuerdo.
Cada zona de transición demanda medidas de seguridad, infraestructura, caminos, servicios básicos como agua, baños y cocinas y sitios para el pernocte no sólo de los guerrilleros que dejarán las armas sino también de los inspectores de ONU que los acompañan. Muchos batallones guerrilleros cuestionaron las demoras del Gobierno en la habilitación de los terrenos y decidieron que sus propios integrantes trabajaran para acelerar los tiempos de la desmovilización.

Sembrar terror
Fuera de las alambradas de las Zonas Veredales subyace uno de los problemas irresueltos: grupos paramilitares asesinan, amenazan y azotan con total impunidad a organizaciones sociales y políticas, a militantes de izquierda y defensores de derechos humanos. La Comisión “Justicia y Paz” documentó hasta 2015 que 3.666 paramilitares reconocieron más de 50 mil violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes. De esa cantidad sólo 33 habían sido condenados hasta ese año.
Varias organizaciones no gubernamentales plantearon su temor sobre el desplazamiento de otros grupos armados hacia las zonas que dejan libres las Farc. La Fundación Paz y Reconciliación especificó que al final del desarme esta guerrilla abandonará el 98% de los 242 municipios en los que operaba. Alertó que tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN, en proceso de diálogo con el Gobierno) como bandas criminales (organizaciones de extrema derecha surgidas del paramilitarismo) y la delincuencia común e incluso pequeños grupos disidentes de las Farc han copado las regiones liberadas.
La misma organización rechazó la idea gubernamental de que el asesinato de líderes sociales a manos de paramilitares o bandas criminales sean casos aislados alejados del proceso de paz. Detalló que por el contrario, en 2016 fueron asesinados 96 líderes y en el primer mes de este año nueve y especificó que el Clan del Golfo es uno de los grupos paramilitares más activos de Colombia.
Otra de las organizaciones que hace seguimiento del proceso de desmovilización, Voces de Paz, denunció que el traslado de los insurgentes a las zonas de transición permitió la llegada de los paramilitares a los territorios desocupados. Lo mismo apuntó el representante del ELN para el nuevo proceso de diálogo instalado en febrero en Quito, Pablo Beltrán, cuando señaló que hay poblaciones rurales que le piden al grupo guerrillero protección ante la invasión paramilitar de los territorios dejados por las Farc. “Nos interesa ayudar a que la gente se organice con mecanismos de defensa, de alerta, de seguridad propia y ataques en contra de los paramilitares”, dijo y resaltó que “la comunidad debe aprender a cuidarse, vigilarse y protegerse”.
En el norte de Santander se registraron avances paramilitares sobre comunidades campesinas. “Voces de Paz ha venido manifestando la preocupación ante los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno en varios compromisos acordados, especialmente en lo que tiene que ver con la falta de garantías y adecuadas medidas de protección y seguridad para la población colombiana y las comunidades rurales en particular”, señaló la organización en un comunicado e instó a las autoridades estatales a actuar “cuanto antes”.
Como se ve el acuerdo con las Farc y posiblemente con el ELN solucionará un conflicto armado con base política mientras que las bandas criminales y grupos paramilitares ejercen impiadosas violencia criminal con base ideológica. Las milicias de las Farc pronto quedarán desprotegidas como lo están desde hace décadas dirigentes políticos y sociales.

Camino al partido político

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-EP) anunciaron un calendario que llevará a mediados de año a la creación de su propio partido político. Esta acción se dará de manera simultánea a la desmovilización acordada en La Habana.
Tanto la guerrilla como el gobierno colombiano estiman que para mediados de 2017 estará concluido el proceso de desmovilización y dejación de armas. Para entonces, la insurgencia insiste en que estará formado su propio partido político.
Las Farc prometieron durante una conferencia de prensa realizada el pasado domingo que su nuevo partido político será abierto, democrático y moderno, capaz de albergar a todos los que pretenden un cambio positivo para Colombia.
El jefe negociador de las Farc, Iván Márquez, explicó que a finales de mayo podría tener lugar el congreso fundacional del nuevo partido. Hasta entonces en cada una de las 26 zonas de transición se discutirán en asambleas los documentos programáticos y estatutos.
Señaló que la decisión de transitar de manera paralela la dejación de armas y la constitución del partido fue tomada durante el pleno del Estado Mayor Central de las Farc-EP que se realizó en enero pasado. Allí se decidió además ampliar la dirección guerrillera de 35 a 61 miembros para garantizar el proceso de pacificación.
El anuncio coincide con la habilitación de las llamadas zonas de transición donde desde febrero y por varios meses las milicias dejarán su etapa como grupo armado. El compromiso alcanzado en La Habana establecía 180 días para la desmovilización a partir de diciembre pero esa logística sufrió dos meses de demora.
Como parte de este proceso de reacomodamiento de fuerzas políticas la ex senadora Piedad Córdoba anunció su candidatura a las elecciones presidenciales colombianas de 2018. Lo hizo ante la tumba del líder revolucionario Fidel Castro: “He querido venir a decírselo porque necesito de su acompañamiento, para que ilumine con su energía y me dé la fuerza y la resistencia para una tarea que va a ser muy difícil”, dijo la dirigente colombiana.
En 2010 fue destituida de su cargo de senadora e inhabilitada para ejercer cargos públicos, por “extralimitación” en sus funciones como mediadora entre el gobierno y las Farc. Sin embargo en octubre pasado un alto tribunal de Colombia le devolvió todos los derechos políticos y está en condiciones de ser candidata para cargos electivos.