La deuda eterna argentina

La deuda pública llega hoy a 305 mil millones de dólares. Macri sumó 45 mil millones en 2016. De origen ilegítimo, es instrumento de saqueo, bloquea el desarrollo y empobrece a sus habitantes.

Argentina debía 178 mil milones de dólares cuando en mayo de 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner. Diez años después, su sucesora, Cristina Fernánadez, se jactaba de que entre ambos habían pagado 200 mil millones de dólares de aquella deuda. En realidad esa cifra superó los 230 mil millones. Economistas oficialistas y, con escasas excepciones, también opositores, afirmaban que el país se había desendeudado. No obstante, tras 12 años de gobierno de Kirchner y Fernández, al traspasar el mando a Mauricio Macri en diciembre de 2015 la deuda pública argentina era de US$ 239.959 millones.
Según datos del ministerio de Economía (Mecon) la diferencia es que algo más del 60% se adeudaba a agencias del sector público, 27% a privados y 12% a organismos multilaterales de crédito.
Durante 2016 el gobierno de Cambiemos tomó deuda por 45 mil millones de dólares. Luego de reemplazar a su ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, y dividir la cartera en dos –Finanzas a cargo de Luis Caputo y Hacienda, con Nicolás Dujovne a la cabeza– Macri multiplica el endeudamiento y en los primeros dos meses de 2017 sumó casi 16 mil millones de dólares.
Para cumplir con el plan de atraer inversores externos, el Ejecutivo debió solucionar primero el conflicto con los Fondos Buitre, aquellos tenedores de bonos por US$ 16 mil millones que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 y fueron favorecidos por la justicia estadounidense, cuya jurisdicción aceptaron Kirchner y su ministro Roberto Lavagna. Esa medida impedía que pudieran cobrar el resto de los bonistas. Finalmente, en abril de 2016 se pagaron los US$ 16 mil millones para cancelar la deuda con los bonistas minoristas, entre ellos el poderoso NML Capital, de Paul Singer, que obtuvo una desorbitante ganancia de 1600%.
Luego de cumplir con la sentencia el endeudamiento retornó a su fuente externa; incluso numerosas provincias emitieron bonos en dólares, en su mayoría para financiar gastos corrientes, donde la Nación es el respaldo. Provincias como Córdoba, Salta, Santa Fe, Buenos Aires y recientemente Entre Ríos, emitieron bonos por entre 300 y 700 millones de dólares.
Según el plan financiero de 2017, anunciado por el ministro Caputo, se planea emitir US$ 43 mil millones (mm), entre refinanciamiento (21 mm) y nueva deuda (22 mm). De ese total, se tomará deuda por US$ 3.850 millones de organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, BID o la CAF; alrededor de US$ 6 mil millones se colocarán en bonos y US$ 4.500 millones en Letras del Tesoro en dólares. Habrá también colocaciones por 10 mil millones de dólares en el mercado internacional y 14 mil millones de pesos en el mercado local. Otros US$ 2 mil millones se colocarán en entes públicos y organismos del Estado.
Durante el kirchnerismo, referentes de Cambiemos criticaron el endeudamiento constante que el gobierno de Cristina Fernández hacía con el Banco Nación, el Banco Central y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Sin embargo, el nuevo gobierno retomó esta práctica: el pasado 9 de febrero se anunció un préstamo del Banco Nación por 25 mil millones de pesos (unos 1.500 millones de dólares) que se suma a los fondos tomados de la Anses en enero por más de mil millones de dólares.
Breve historia reciente
Antes del último golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda del Estado argentino era de 7.900 millones de dólares, según los últimos datos de 1975. A la salida de la dictadura, en 1983, tras la estatización de deuda privada por parte de Domingo Cavallo, funcionario del gobierno militar, el monto se había multiplicado casi por seis para alcanzar los 45.100 millones. Al término del gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, y pese a haber pagado más de 20 mil millones, el monto de deuda ascendía a 65.300 millones. Menem pagó alrededor de 80 mil millones y en 1999 dejó la presidencia con una deuda de 122 mil millones.
Luego de la crisis económica, política y social que arrasó al gobierno de la Alianza en diciembre de 2001, Adolfo Rodríguez Saa, presidente de transición electo por la Cámara de Diputados, declaró la cesación de pagos (default) de una deuda que ascendía para 2003 a U$S 178 mil millones y en 2004 era de US$ 191.296 millones.
Néstor Kirchner presentó en 2005 la primera oferta a los acreedores con una quita de U$S 27.057 millones, aceptada por el 76% de los bonistas. Las críticas al canje apuntaron a la emisión de un “bono estímulo” atado al PIB que obliga al país a pagar una tasa mayor cada año que el crecimiento supera el 3%. Como hasta el año 2011 la Argentina creció ininterrumpidamente, la quita original comenzó a decrecer.
Otro punto clave del gobierno de Kirchner fue el pago a fines de 2005 de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional por US$ 9.810 millones, con la excusa de “ahorrar intereses” y tener mayor soberanía en las decisiones del rumbo económico.
En 2010 el gobierno de Cristina Fernández volvió a abrir el canje, que generó la adhesión de casi el 93% de los acreedores. Sin embargo, la economía argentina había detenido su crecimiento y los pagos de capital y de intereses de la deuda comenzaron a realizarse a través del uso de reservas del Banco Central, al terminarse el superávit de los años anteriores.
Como se ve, no hubo desendeudamiento real sino transferencia de la deuda externa al sector público. El caso más sensible fue el de la Anses, cuyos fondos se destinan al pago de jubilaciones y pensiones. Y al compás de un acelerado crecimiento del déficit fiscal, aumentó la emisión de dinero sin respaldo, presionó sobre la ya elevada inflación, alentó el desequilibrio de la balanza de pagos y la caída de las reservas de divisas.

Entender la deuda
El primer acreedor del país fue la inglesa Baring Brothers, en 1822. Con ese préstamo surgió por primera vez en la historia argentina el término “deuda externa”. Pero con el tiempo comenzó a utilizarse otro concepto más abarcativo: “deuda pública”, que es la deuda que el Estado mantiene con prestamistas dentro o fuera del país.
Un modo de comprender la dimensión de la deuda pública para una economía es compararla con una serie de indicadores, entre los que se pueden mencionar el Producto Bruto Interno, la relación entre pagos de deuda externa y exportaciones; las reservas; y en un contexto de endeudamiento con el sector público también es importante la recaudación tributaria.
Los economistas liberales –aunque no sólo ellos– se conforman si la deuda es menor a un determinado porcentaje del PIB.
De esta manera desdibujan el hecho de que mediante el pago de intereses y sucesivas refinanciaciones los excedentes del país van a parar a manos del capital financiero, internacional o local, bloqueando la inversión y cualquier perspectiva de desarrollo ulterior real. Basta comparar la fuga de riquezas por pago de intereses y capital con las aspiraciones de inversión para supuestamente relanzar el crecimiento para comprobar el saqueo legal al que es sometido la nación. He aquí los datos presentados por el Mecon: sólo en sus dos últimos años de gobierno Cristina Fernández pagó por capital e intereses poco menos de 60 mil millones de dólares. Macri siguió el ritmo y pagó 31.310 millones en 2016.
En lugar de emitir dinero, el nuevo gobierno financió el déficit fiscal con endeudamiento.
La conclusión es que en los últimos tres años se pagó un tercio de la deuda actual y, sin embargo, el número total no ha descendido. Sólo se pagaron los intereses de la deuda y el capital fue refinanciado, con nuevos intereses, en un círculo vicioso que no tiene fin.
Nadie duda de la ilegitimidad del endeudamiento durante la dictadura. No obstante, pasaron 34 años, siete presidentes y los partidos políticos mayoritarios no hicieron sino continuar sometiendo al país a esa sangría.

Desde Buenos Aires,
con informes de Iván Gómez