«Tenemos muchas pruebas de que Brasil no quiso vacunas»
El presidente de la comisión del Senado de Brasil que investiga el accionar del presidente Jair Bolsonaro frente a la pandemia de covid-19, Omar Aziz, afirmó que existen pruebas de que el Gobierno actuó de forma deliberada para retrasar la compra de vacunas.
«Ya tenemos suficientes evidencias de que Brasil no quiso comprar vacunas», dijo Aziz, senador por el conservador Partido Social Democrático (PSD), y responsabilizó de ello a Bolsonaro.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que está integrada por 11 senadores, siete de ellos opositores al gobierno, lleva un mes recabando información sobre la gestión de la lucha contra el coronavirus en el país.
Entre las consultas realizadas por la CPI para constatar pruebas y evidencias, se incluye los testimonios de los ministros de Salud que ocuparon el cargo desde que comenzó la pandemia.
Según confirmó Aziz al diario brasileño Estadão, la CPI ya puede dar parte a la Fiscalía para que inicie los trámites para procesar a los funcionarios responsables y señaló que es imposible desligar al presidente Bolsonaro.
El senador también se refirió al gabinete paralelo con el que contaba Bolsonaro para tomar decisiones respecto a la pandemia. «Se reunió mucho más con el ‘gabinete paralelo’ que con el ministro de Salud», afirmó.
Los extitulares de la cartera de Salud, como el exministro Luiz Henrique Mandetta, afirmaron en su declaración ante la CPI que Bolsonaro contaba con asesoramiento externo.
En el mismo sentido, el también exministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, dijo que Bolsonaro se reunía con él una vez por semana o cada 15 días, pero se reunía a diario con el gabinete paralelo.
Aziz interpretó que la negativa de Bolsonaro a seguir con las recomendaciones mundiales sobre las medidas de aislamiento y el uso de mascarillas están en relación directa con la apuesta por una inmunidad colectiva, sin importarle las consecuencias en vidas que ello pudiera significar.
La investigación del Senado, que no es parte de los intentos de juicio político que promueve la oposición pero puede impulsarlo, fue instalada a fines de abril por orden del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) y tiene un mandato renovable de 90 días.
La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
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