Primer año del gobierno peruano subordinado a Estados Unidos

A un año de asumir Pedro Kuczynski tiene un índice de rechazo de 55% según encuestas.

El presidente de Perú pretende calmar al fujimorismo con el indulto al jefe del clan. Vocero de Washington en su ofensiva contra Venezuela, hacia adentro es un eslabón más de un sistema social cruel.

En 2011 Pedro Pablo Kuczynski apoyó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral en la que ambos fueron derrotados por Ollanta Humala y sus por entonces circunstanciales aliados de centroizquierda. El año pasado Kuczynski reclutó apoyos por derecha e izquierda para llevar un débil 20% en primera vuelta al 51% y vencer a la hija de Alberto Fujimori por escasos 42 mil votos. Un año después de aquel triunfo, el Presidente deambula entre satisfacer a sus aliados y controlar las embestidas de clan fujimorista con mayoría parlamentaria.
El mandatario espera nuevos informes médicos para determinar si otorga una “gracia presidencial” a Fujimori, presidente entre 1990 y 2000. Para las víctimas del condenado y para millones de peruanos los informes son una maniobra para dar sustento científico a una decisión política ya tomada. Se observa una férrea resistencia en las calles e incluso en la Legislatura ante la posibilidad de un perdón que saque de la cárcel al responsable de crímenes de lesa humanidad.
La masiva movilización del 6 de julio en Lima fue encabezada por los familiares de los desaparecidos de la Universidad La Cantuta (1992) y de la matanza de Barrios Altos (1991), crímenes por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. El ex Presidente fue encontrado autor mediato del asesinato de 25 personas a manos del grupo paramilitar Colina. También fue condenado por el secuestro agravado de un periodista y un empresario y pesan además otras causas penales de crímenes todavía impunes como la esterilización forzada de más de 200 mil mujeres. Muchas de aquellas víctimas participaron de las protestas contra el posible indulto. Muchos peruanos están convencidos de que hay un acuerdo político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. “Seguiré luchando por tu libertad”, escribió la legisladora y ex candidata Keiko Fujimori a su padre en la red social Twitter.

Alcanzados por Odebrecht
Un año después de asumir las encuestas señalan que Kuczynski tiene un índice de aprobación entre 35 y 38% y cerca del 55% de rechazo. Desde que llegó al cargo levanta banderas de un “Acuerdo Nacional”, trata de satisfacer a los partidos que le dieron su voto en segunda vuelta pero a su vez de mantener a raya al clan Fujimori y pedir sus favores cuando hay que imponer mayoría. De esa disputa política emergió la tormenta que acabó con varios ministros del gobierno y con una denuncia pública sobre el apartamiento de fiscales.
El 20 de julio Keiko Fujimori cuestionó públicamente a Kuczynski por haber despedido a la procuradora “ad hoc” para el caso Odebrecht, Katherine Ampuero y a la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (Cdje), Julia Príncipe. Dijo que se trata de “un retroceso” en la “lucha frontal contra la corrupción” comprometida entre ambos en una reunión que mantuvieron 10 días antes.
Ese mismo día Príncipe denunció ante la prensa “injerencia política” del Ejecutivo en las investigaciones del caso Odebrecht. Explicó que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, le dijo que la salida de la procuradora Ampuero “era un pedido del presidente de la República y del premier, Fernando Zavala”. Príncipe explicó que ella fue expulsada del Estado cuando se opuso al desplazamiento de Ampuero.
La ex jefa de los procuradores recordó que en marzo pasado ella detectó “incomodidad” del gobierno cuando el procurador Amado Enco pidió a la Fiscalía que investigue al entonces ministro de Transportes Martín Vizcarra por el contrato para la construcción del nuevo aeropuerto del Cuzco. Ampuero también había pedido que Kuczynski sea investigado en uno de los casos del proceso Odebrecht, empresa brasileña que admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2014 en Perú. El actual mandatario fue dos veces ministro de Economía y Finanzas y también presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) actualmente en Estados Unidos prófugo de la Justicia peruana.
La disputa le costó el cargo también, a mediados de junio, al entonces ministro de Economía Alfredo Thorne. “No bajen a ministros cada dos semanas porque así no podemos trabajar”, clamó Kuczynski al Congreso en referencia a los cuatro altos cargos que quedaron en el camino en su primer año de mandato. En apenas unos meses dejaron el Ejecutivo Thorne, el ministro de Transportes Vizcarra y el de Educación, Jaime Saavedra. Antes de ellos renunció el ministro de Defensa, Mariano González, aunque en este caso por la trascendencia que tuvo un romance con una de sus asesoras. La fujimorista Fuerza Popular tiene 71 de los 130 diputados en el Congreso.

Mirada hacia el norte
Las relaciones exteriores de Kuczynski son menos difusas pero igual de turbias. Desde el primer día se erige como espada de Washington en su ofensiva contrarrevolucionaria para Venezuela y Cuba. Primero bajo la administración Obama y desde enero con Trump. Hasta que el actual presidente estadounidense ganó las elecciones Kuczynski llamaba a cerrar filas detrás de la candidata demócrata Hillary Clinton. En pocas semanas pasó a ser el primer presidente de América Latina en ser recibido por Trump y el que más veces visitó la Casa Blanca.
Cada vez que se reunieron personalmente o por teléfono ambos hablaron de Venezuela. Basta repasar documentos públicos para concluir que Kuczynski, de 79 años, fue uno de los primeros presidentes de Latinoamérica en conocer los planes de Washington para Venezuela.
El 29 de octubre del año pasado, apenas tres meses después de jurar como presidente peruano, Kuczynski intentó denunciar ante la Cumbre Iberoamericana que se realizó en Cartagena la “ruptura institucional” en Venezuela. Su pedido de aplicar sanciones o mencionar el asunto en los documentos finales no prosperó entre sus pares aunque durante el plenario se refirió a Venezuela como país que atraviesa por una “tremenda crisis económica y de derechos políticos y humanos”. Luego, emitió en solitario un comunicado en el que señala que “Venezuela vulnera los principios de la Carta Democrática Interamericana (CDI)”. Fue el inicio de un camino intervencionista con pocos precedentes.
Antes del final del gobierno de Barack Obama, Kuczynski tuvo otro gran gesto hacia el imperio cuando el gobierno regional de Amazonas, el Comando Sur de Estados Unidos (‘U.S. Southern Command’) y la empresa Partenon Contratistas E.i.r.l., firmaron un proyecto de instalación de una nueva base militar, camuflada bajo el nombre de Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) de Amazonas.

Pueblos a la deriva
A fines de junio se produjo un incendio en la limeña Galerías Nicolini que evidenció buena parte de la “matriz productiva” del Perú urbano: cuatro jóvenes trabajadores muerieron mientras estaban encerrados bajo llave en contenedores donde durante 12 horas por día se dedicaban a cambiar etiquetas y embalajes de mercadería importada para adecuarla al mercado peruano. Otros jóvenes lograron escapar cuando comenzaron las llamas. Se estima que 45 mil personas realizan esa tarea sólo en Lima y que las autoridades no tienen suficientes inspectores para controlar esta esclavitud. El propio ministro de Trabajo, Alfonso Grados, admitió ante el Congreso que el Estado peruano controla sólo el 10% de las 494 mil empresas formales del país, sin contar las ilegales ni las informales.
Por esos mismos días llegaron a la capital peruana los “niños mineros”, procedentes de la región de Pasco, enfermos de leucemia, cáncer y otras patologías producidas por la contaminación ambiental minera. Sólo cuando sus padres se encadenaron en las puertas del Ministerio de Salud lograron tener un espacio en la prensa. La región minera del Perú es foco permanente de reclamos, movilizaciones y protestas. La prensa y el gobierno hablan de estadísticas de conflictos sociales cuando en verdad se trata de niños y adultos que mueren aplastados por la pata capitalista.
Perú tiene 10 millones de personas bajo el límite de la pobreza; casi 4 millones de trabajadores informales; muy altos porcentajes de niños con desnutrición crónica y analfabetismo. La Cámara de Comercio de Lima señala que el 19 % de la población peruana entre los 15 y 24 años, casi un millón de personas, no estudia ni trabaja.
Las regiones mineras son las más pobres, como bien se informó con la llegada al poder de cada uno de los presidentes que gobernaron Perú en los últimos 25 años: Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, los tres actualmente presos o con pedidos de captura. También lo sabe Alan García, por citar a otro de los expresidentes investigados por el caso Odebrecht, la empresa que se convirtió en la principal constructora del Perú en los últimos 25 años.