Elección presidencial marcada por las urgencias

Dura situación económica, ofensiva externa y desarticulación de focos de sublevación. Maduro busca validar en las urnas el compromiso revolucionario para atacar a fondo los factores de la crisis.

Compleja cuenta regresiva. Venezuela transita sus últimas semanas antes de las elecciones en un escenario políticamente firme pero acosado por factores externos e internos. Los comicios del 20 de mayo serán determinantes como lo fueron todas las presidenciales en revolución, pero también deberán marcar la continuidad mediante un ataque firme a la raíz de la crisis.

Esta afirmación queda expuesta en las siguientes 12 páginas: agobiante situación económica, inquietud social mezclada con sólido compromiso revolucionario, realidad y uso político de la migración, desarticulación de pequeños focos de sublevación militar y acciones del Gobierno para atender cada uno de estos escenarios. Por último, las acciones externas de ahogo y debilitamiento de la Revolución con cabeza de playa en Colombia, país a las puertas de una elección presidencial determinante el 27 de mayo y eventualmente el 17 de junio, para la segunda vuelta.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) en marzo realizó un acto público donde se determinaron las posiciones en la boleta electoral. Del acto participaron organizaciones políticas nacionales y candidatos que competirán en las urnas el 20 de mayo, tanto para las presidenciales como para las legislativas comunales.

Cinco candidatos cumplieron los requisitos necesarios para presentarse: Nicolás Maduro (postulante de las fuerzas revolucionarias), Henry Falcón (Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo, MAS, y Comité de Organización Política Electoral Independiente, Copei); Reinaldo Quijada (Unidad Política Popular 89, Upp89); Javier Bertucci (Esperanza por el Cambio); y Alejandro Ratti, por iniciativa propia.

Maduro y Falcón solicitaron oficialmente a la ONU el envío de una delegación que acompañe el proceso electoral. Tibisay Lucena, presidente del CNE, explicó a representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país el sistema de garantías electorales que se apoya en el funcionamiento del sistema automatizado de votación, múltiples y variados mecanismos de seguridad del proceso, observación nacional a través de fiscales y acompañamiento internacional.

También se suscribió un acuerdo con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), para el acompañamiento internacional durante las venideras elecciones.

Debate en campaña

El debate político entre los diferentes candidatos presidenciales gira esencialmente en torno a las medidas a asumir para la efectiva recuperación de la economía nacional. Son discusiones que se dan también entre los electores a través de las redes sociales y en la calle, en un país altamente politizado, dispuesto a celebrar elecciones presidenciales junto a representantes a los consejos legislativos estadales y concejos municipales.

Así, del debate electoral y de la grave situación económica fueron emergiendo temas como niveles salariales, incentivos a la inversión y producción y programas destinados a garantizar la protección social de la población a través del sistema de bonificaciones mediante el “Carnet de la Patria”. Lo mismo ocurrió con el reimpulso de la economía comunal, fortalecimiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), distribución de alimentos, reconversión monetaria y el lanzamiento del petro, la primera criptomoneda venezolana.

En la vida cotidiana los retos económicos son cada vez mayores, ya que la escalada inflacionaria continúa causando estragos en la población. La remarcación diaria de los precios se convirtió en la mayor preocupación de los venezolanos. La especulación y desabastecimiento continúan, así como la poca disponibilidad de efectivo en las calles. Las mafias para el contrabando de alimentos, reventa de todo tipo de productos, insumos, medicinas e incluso dinero en efectivo, se esparcen en todo el territorio nacional. A su vez, las alarmas se encienden ante las denuncias de corrupción en ciertas áreas de los Clap, pese a los esfuerzos de sus principales responsables.

El desorbitante aumento de precios preocupa a una población que en muchos casos no alcanza a cubrir los costos de la canasta familiar, a pesar de sucesivos incrementos salariales. Aunque el dólar paralelo no ha sufrido mayores variaciones entre los 200 y 230 mil bolívares (bs), los empresarios y comerciantes continúan con su intensa tarea especuladora. A esta acción se han sumado muchos venezolanos que necesitan generar mayores ingresos. Se estima que tan sólo en el primer trimestre de 2018 hubo un incremento de hasta 2.000% en todos los precios.

La sociedad civil demanda que se inicien procedimientos judiciales contra aquellos comerciantes y empresarios especuladores, que estiman y fijan los precios en razón del dólar del mercado paralelo, manipulado desde el exterior con la complicidad de la burguesía local. Desde el gobierno central se trabaja en aras de la estabilización, con acciones concentradas en incrementar la producción, estabilizar el abastecimiento y garantizar el acceso a los alimentos. Para tales fines, durante la segunda quincena de marzo arribaron al país alrededor de 40 buques con materia prima.

Los Clap tienen una importante responsabilidad en esta misión. Considerando su gran estructura y alcance nacional, se visualizan como el camino hacia la seguridad alimentaria. Para la fecha, se han conformado 32.600 comités en todo el país, de los cuales 11 mil participan en la producción de legumbres, tubérculos y cría de animales, mientras que semanalmente se distribuyen cajas de alimentos a precios accesibles. En 2017 distribuyeron más de 60 mil toneladas de alimentos a más de seis millones de hogares. Uno de los retos actuales es regularizar la entrega puntual cada 15 días de las cajas de alimentos a tres millones de familias protegidas a través de la Misión Hogares de la Patria, que representarían alrededor de 12 millones de venezolanos.

Durante la celebración del segundo aniversario de los Clap y atendiendo a las denuncias que giran sobre los mismos, el presidente Nicolás Maduro ordenó el máximo castigo contra todo aquel que robe o incurra en actos de corrupción con los alimentos que se distribuyen al pueblo venezolano a través de las misiones, programas sociales e instancias como los Clap. En este sentido, instruyó a su equipo de trabajo a revisar junto a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) las leyes vigentes para elevar la pena máxima de las condenas contra todo aquel que participe de tales actos.

Producción

Para estimular la construcción de un modelo económico de producción sostenible y diversificada, el Ejecutivo Nacional suscribió un importante convenio de cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi). Para impulsar la agroindustrialización de Venezuela, el denominado Programa País 2018-2021 prevé potenciar el desarrollo industrial y agrícola de la nación. Los ejes estratégicos del programa son la productividad y exportación de siete rubros esenciales: azúcar, café, cacao, maíz, arroz, soya y leguminosas.

Maduro continúa haciendo llamados al sector productivo nacional para trabajar de la mano en los temas de abastecimiento y producción. La banca pública destina importantes recursos para el financiamiento de las pequeñas y medianas industrias.

También se anunció el relanzamiento de los Bancos Comunales y del Plan Siembra Comunal. A partir de una inversión millonaria se prevé fortalecer la economía local, con la instalación de 375 bancos comunales durante el primer cuatrimestre del año, estimando cerrar el año con mil bancos constituidos.

Estas acciones se enmarcan en los planes por avanzar en la consolidación del Estado comunal. Sólo entre diciembre y marzo se pasó de 1.800 comunas a más de 2.200. La meta para este año es la constitución de tres mil en todo el país. Finalmente, el Ejecutivo destinó cuantiosos recursos para el desarrollo del Plan Nacional Agrourbano 2018, con el cual se busca incentivar la agricultura en las comunidades.

“No lo van a lograr”

En plena ofensiva interna y externa fueron desactivados varios focos de insurrección con la detención de militares en diferentes Estados del país. A mediados de marzo la gobernadora de Lara, almiranta en jefe Carmen Meléndez, confirmó la remoción de un oficial superior que prestaba servicios en una unidad militar en el municipio Moran, por estar involucrado en los planes de conspiración. “Nosotros estamos preparados para cualquier intento desestabilizador y por eso le caemos primero a los conspiradores, como el caso del General Rodríguez Torres, quien andaba en esa jugada y hoy está detenido”, afirmó la también ex ministra de Defensa.

Miguel Rodríguez Torres, ex ministro para Relaciones Interiores y ex director de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, había sido encarcelado unos días antes acusado de acciones contra la paz y la tranquilidad pública y en la conjura dirigida a atentar contra la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

“Los organismos de inteligencia detectaron y desactivaron todos los planes agresivos y violentos del orden democrático en los que este señor está involucrado”, señaló un comunicado del Gobierno Nacional. El texto detalla que las acciones planificadas por Rodríguez y sus cómplices incluían actos armados y conspiración contra la Constitución de la República y recordó que el detenido “fue echado del Gobierno al comprobarse vinculaciones con organismos de inteligencia de Estados Unidos, nexos que en un momento posterior este sujeto reconoció”.

En esos mismos días de marzo, la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvo también a otros miembros del Ejército bajo cargos de “traición a la patria” e “instigación a la rebelión” contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

A fines de febrero el Gobierno formalizó la expulsión de militares que llevaban algunos años detenidos o enjuiciados por traición a la patria y otros delitos. Los decretos presidenciales 3.298 y 3.299 publicados el 28 de febrero pasado en la Gaceta Oficial ordenan la degradación y expulsión de un total de 24 oficiales “por haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la nación”.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, afirmó durante una entrevista con ABC de Madrid que “hay una unidad monolítica en este momento en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), alrededor de la Constitución y del comandante en jefe, que es el presidente constitucional Nicolás Maduro”.

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, negó que estas y otras detenciones impliquen fracturas en las fuerzas armadas. “Sigo insistiendo a esos factores que siguen llamando a golpes de Estado, que me siguen haciendo llamados a mí (…), a los integrantes de la Fuerza Armada en todos sus niveles para tomar partido, Dios nos libre de una guerra civil”, indicó. “A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no la divide absolutamente nadie. A los desesperados yo les digo: quédense tranquilos, aguanten allí, no lo van a lograr”, sentenció.

Desde Caracas, con informes de Roxana Martínez

Bolívar Soberano y Petro, las grandes espadas económicas

El gobierno bolivariano puso en marcha antes de lo imaginado sus dos mayores espadas para revertir la situación económica y romper el bloqueo estadounidense: la reconversión del bolívar y la puesta en marcha de la venta del petro, la criptomoneda venezolana. El 22 de marzo el presidente Nicolás Maduro anunció que la actual moneda será reconvertida a partir del 4 de junio en bolívar soberano, con la quita de tres ceros y la aplicación de un nuevo cono monetario. Habrá monedas de 0,5 céntimos y de un bolívar soberano, así como billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares soberanos.
Hasta el 3 de junio habrá tiempo para utilizar o depositar los billetes del actual cono monetario en la banca nacional, tanto pública como privada. A partir del día siguiente tendrán valor los nuevos billetes y monedas.
El Gobierno espera dinamizar la disponibilidad de efectivo en Venezuela, facilitar las transacciones y simplificar los pagos. También espera combatir la inflación inducida y cortar con la salida de billetes a través del contrabando hacia Colombia y Brasil e incluso a otras naciones como Paraguay. El ejecutivo venezolano informó que cuenta con un plan de trabajo desarrollado por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para proteger las nuevas piezas de la extracción hacia Colombia.
El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ramón Lobo, señaló que este proceso monetario va acompañado por una serie de acciones con el petro también como medio de intercambio y reserva de valor. Anticipó también que el manejo del oro con un nuevo método de trabajo permitirá fortalecer la unidad monetaria.
El 22 de marzo comenzó el proceso de venta del petro. Al hacer el anuncio, Maduro indicó que desde que comenzó el proceso de preventa el pasado 20 de febrero la criptomoneda rompió récord en ofertas, intercambio, compra y circulación en el mercado mundial. Durante el período que finalizó el 20 de marzo, el petro alcanzó más de cinco mil millones de dólares en intenciones de compra. El jefe del Estado indicó que para mediados de abril se realizará en Caracas el segundo encuentro mundial de tecnología blockchain y criptomonedas.
El Gobierno aseveró que entre los más de 1.500 criptoactivos existentes en el mundo, el petro es el único que cuenta con sustento físico al tener el valor del petróleo venezolano en el mercado internacional y estar respaldado con 5.342 millones de barriles del Campo 1 del Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco.
La compra efectiva de petros se realiza a través de la página web por medio de divisas convertibles yuanes, euros, liras turcas y rublos. También se prevé realizar el intercambio financiero con las criptomonedas bitcoin, eterium o sen. Esta etapa implica también la puesta en marcha de la petrobilletera, una billetera digital para la administración de los recursos y realización de los intercambios.
En la misma resolución se instruye a todas las instituciones del Estado que generen divisas por exportación a que puedan cobrar todos sus ingresos en petros, específicamente a la petrolera estatal, Pdvsa. Las empresas exportadoras privadas podrán entregar y pagar en petros las deudas que tienen con el Estado venezolano desde 2016 y los impuestos. También las empresas nacionales recaudadoras de divisas y operadores turísticos nacionales deberán cobrar en la criptomoneda. Se establecerán auditorías para autorizar a las casas de cambio a actuar de manera legal con respecto al petro y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) debe iniciar el proceso de importación y exportación en petros.
El petro está llamado a ser no sólo una moneda que atienda la emergencia macroeconómica sino también una herramienta para la vida cotidiana de los venezolanos y el pago de adquisición de bienes e inmuebles a nivel nacional. Además, serán creadas cuatro zonas económicas exclusivas y especiales donde se podrá intercambiar la criptomoneda en compra de bienes y servicios: Margarita, Los Roques, Paraguaná y Ureña/San Antonio.
Estados Unidos acusó recibo de esta nueva etapa del petro. El presidente Donald Trump firmó una nueva Orden Ejecutiva a través de la cual prohíbe a los ciudadanos y empresas estadounidenses la realización de toda transacción vinculada con cualquier moneda digital emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela.

Logros sociales desde 1999

Entre 1999 y 2017 la inversión social de la Revolución Bolivariana en Venezuela fue de 74,1%. En el mismo lapso de tiempo, en el período 1982-1998, fue del 39,1%. Estos y otros valores fueron anunciados por el Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela, Tarek El Aissami, durante la presentación de la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente.
Detalló que durante el mismo período revolucionario se han decretado 43 aumentos salariales, de los cuales 21 se han realizado desde 2013, año en que comenzó la mayor ofensiva de ataques económicos contra el país. La pobreza extrema pasó de 9,9% en 1999 a 4,4 % en 2017, mientras que la tasa de desocupación gira en torno al 6%.
La cifra de pensionados alcanza el 93,1% de la población en edad de ser beneficiada lo cual representa 3.551.864 de adultos mayores. La Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) ha entregado dos millones de viviendas dignas en todo el país, lo que permitió garantizar el derecho a la vivienda a la población venezolana.
Desde 1999 se rehabilitaron 169 quirófanos de 45 hospitales donde se pudo atender a través del Plan Nacional Quirúrgico a más de 415 mil personas. Se reactivó el Plan Nacional de Vacunación y se amplió la red de atención comunal a través de la Misión Barrio Adentro. Fueron incorporados aproximadamente 14 mil médicos y nueve mil enfermeros en los 14 mil consultorios populares distribuidos en la geografía nacional.
El Aissami informó además que a través del Carnet de la Patria se garantiza protección social a aproximadamente 16,5 millones de venezolanos y se consolida como una herramienta de acercamiento y atención directa de las necesidades y requerimientos de la población en materia de salud; nuevos pensionados, programa “Parto Humanizado” y “Hogares de la Patria”, entre otros.
El vicepresidente venezolano remarcó que el Gobierno entiende como prioridad la defensa y protección del pueblo. “Las pensiones de nuestros abuelos y abuelas, la gratuidad de nuestra educación y de nuestro sistema de salud, la vivienda de la familia venezolana, la educación de nuestros niños y jóvenes, entre otras garantías sociales (…) son sagrados para la Revolución Bolivariana”, resumió.