Adelanto de elecciones y guerra económica

Maduro en un acto junto al sector educativo en el Poliedro de Caracas. Foto: AVN

Un año antes de terminar su mandato Maduro se someterá a la voluntad popular. Dificultades económicas y contradicciones de la oposición marcan el pulso de una campaña que observa el mundo.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó por unanimidad la convocatoria de elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año. La propuesta fue presentada por el constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, cinco días después de que la oposición suspendiera el diálogo que mantenía con representantes del Gobierno en República Dominicana.
“Hago un llamado a las verdaderas fuerzas revolucionarias de Chávez a mantenernos en unidad absoluta”, dijo Cabello ante el pleno de la ANC apenas terminó de leer la propuesta que sería aprobada horas después. Y agregó: “El pueblo revolucionario tiene un solo candidato y se llama Nicolás Maduro”. El mensaje fue también para el resto del mundo: “Que sigan aplicando sanciones, que aquí seguimos aplicando elecciones”, aseguró tras repudiar las medidas de Estados Unidos y la Unión Europea contra el país.

Entre los argumentos enumerados por Cabello para decidir el adelanto de las elecciones destaca el retiro de la mesa de diálogo por parte de la oposición. Según el dirigente revolucionario, la MUD abandonó las conversaciones “alegando excusas futiles” y “desafortunadamente tiene otra agenda que sus jefes le imponen para seguir financiándolos” desde el exterior. “Nosotros no estamos luchando contra los fascistas de aquí; estamos luchando contra el imperialismo”, remató. Al cierre de esta edición se analizaba la posibilidad de celebrar una nueva reunión en República Dominicana, aunque ya sin posibilidad de negociar una fecha para las elecciones.
Maduro tiene mandato constitucional hasta abril de 2019, pero acordó adelantar los comicios previstos para diciembre de este año ante la imposibilidad de firmar un acuerdo político con la oposición. Durante el acto de conmemoración por el 60° aniversario del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Maduro saludó la decisión constituyente “para fortalecer el espíritu democrático y la paz en el país” y convocó a un Congreso de la Patria para el 4 de febrero. Respecto a su candidatura, declaró: “Si el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, la clase obrera, las mujeres y la juventud creen que yo debo ser el candidato presidencial de la patria, de los sectores revolucionarios, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial”.
Por el lado de la oposición, la decisión fue recibida como una represalia por abandonar el diálogo y apoyar las sanciones internacionales contra el país. En medio de encendidas disputas internas y con varios aspirantes presidenciales, las principales opiniones se dividen entre quienes proponen acordar una candidatura única por consenso y quienes promueven la celebración de primarias. Pese a los reiterados llamados a la unidad opositora, las fracturas en la MUD son evidentes.

Urgencias económicas

Al margen del plano político, Venezuela necesita medidas urgentes para revertir la crisis económica y paliar su duro impacto en la población. Ya concluidas las elecciones para la constituyente, las gobernaciones y las alcaldías, la elección presidencial pondrá fin a las campañas proselitistas por un largo período y permitirá al Gobierno concentrar todas sus energías en la resolución de los problemas económicos, tal como demanda la población. Los retos son grandes y el escenario sumamente complejo ante la escalada de la guerra económica.
La población venezolana padeció durante el último trimestre de 2017 una inflación inducida descomunal, que se convirtió en el mayor problema nacional. El dólar paralelo continuó su incremento desenfrenado al superar los 200 mil bolívares y, con él, productores, comerciantes y demás actores de la economía se sumaron al arbitrario juego de aumentar descaradamente los precios de productos básicos hasta en un 10 mil %.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por garantizar unas navidades felices, con el incremento en el pago de utilidades a los trabajadores, el otorgamiento de bonos de ayuda social, la entrega de combos de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap navideño), así como operativos de supervisión, fiscalización y control por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos (Sundde), entre otros, la inflación terminó mermando el poder adquisitivo de los venezolanos y afectó las tradiciones navideñas de muchas familias.
Ante esta situación, el Ejecutivo Nacional decidió el 31 de diciembre incrementar el salario mínimo en un 40%, en el séptimo ajuste salarial del año. Sin embargo, el ataque económico escaló y los precios subieron a una velocidad inusitada entre el 31 de diciembre y el 3 de enero. Nuevamente el aumento salarial decretado era mermado por la inflación inducida.
La oposición aprovechó para argumentar que los precios subían por culpa del incremento salarial, en respaldo a las medidas de empresarios y comerciantes que, sin motivos ni razones económicas valederas, aumentan los precios en función de un dólar paralelo manipulado desde fuera del país.

Control de precios descontrolados

En medio del boicot y desestabilización a la economía nacional, la Sundde ordenó el 5 de enero a las principales cadenas de supermercados de todo el país “revertir los precios de todos los productos marcados durante la última revisión que realizó el ente el 15 de diciembre”. La situación motivó que muchos ciudadanos colmaran supermercados para adquirir alimentos y otros productos, con temor a que la medida incrementara su escasez. Aunque la orden fue medianamente respetada, no disminuyeron los precios en aquellos establecimientos que no fueron visitados por el ente fiscalizador.
En paralelo, las demandas de la población siguieron creciendo, junto a las denuncias en varias comunidades por las irregularidades en la entrega de los combos de alimentos. En algunas ciudades del país, sectores y grupos vandálicos aprovecharon la ocasión para promover conatos de saqueo, aunque la situación fue rápidamente atendida por las autoridades en casi todos los casos.
Al margen de los saqueos, la población demanda que se ponga un freno a la escalada inflacionaria y se incremente el abastecimiento de alimentos y medicinas. Son las dos principales preocupaciones, luego de un año de grandes dificultades.
En este sentido, durante la presentación de su mensaje anual a la Nación sobre el ejercicio político y gubernamental del año 2017, Maduro anunció un conjunto de medidas para la defensa del salario, las familias, mujeres embarazadas, estudiantes, pensionados y educadores del país, con la creación de un sistema de bonificaciones para consolidar la protección social frente a la guerra económica.
El primer mandatario denunció que el incremento desmedido e injustificado de los precios tiene un solo objetivo, que es “provocar al pueblo”. “El centro de la guerra salvaje en este momento está en los aumentos de precios, para robar el salario del pueblo y crear una situación explosiva y así la famosa crisis humanitaria”, denunció.
Esta situación se evidenció en el incremento de entre un 10% y un 10 mil % de los precios en más de 6.500 productos desde el 15 de diciembre de 2017 al 3 de enero de 2018, según informó el Vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aissami, luego de una reunión con empresarios del sector agroindrustrial. Una vez más se anunció la orden inmediata de comercializar a precio justo los productos aumentados de manera indiscriminada, en estricto apego y respeto a la Ley de Precios Acordados, aprobada por la ANC en noviembre.

 Medidas y objetivos

Uno de los ejes de la política económica para este año está puesto en retomar con fuerza los objetivos de la Agenda Económica Bolivariana, como herramienta para incrementar la producción nacional. La Cámara Nacional Bolivariana de Industria y Comercio y los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) son algunos de los actores principales en el proceso de apalancamiento de la economía y trabajan en la generación de propuestas para impulsar la producción de bienes y servicios en este 2018.
Para el constituyente y presidente de la Comisión de los Trabajadores de la ANC, Francisco Torrealba, “los Clap y CPT pueden constituirse en las dos llaves que en medio de la guerra económica abran las puertas del triunfo”. Una muestra de ello es el trabajo que adelantan los CPT del Sector Farmacéutico para la distribución de medicamentos directamente a las comunidades a través de los Clap, sin los grandes intermediarios que han monopolizado la economía.
Por otra parte, se apuesta a la consolidación de la primera criptomoneda del país, el Petro, como instrumento fundamental en el proceso de recuperación y relanzamiento económico del país. Para ello fueron emitidos 100 millones de Petros, que tendrán por cada unidad un precio inicial igual al del barril de crudo de la cesta venezolana. Además, se creó una Superintendencia Nacional para regularizar la actividad y se habilitó el Registro Único de Minería Digital –requisito para acceder a la criptomoneda– del 22 de diciembre al 21 de enero, con la inscripción de 52 mil personas en los primeros 10 días.
“Es una criptomoneda que ha sido ideada como una alternativa viable y sólida desde Venezuela para hacerle frente a la tiranía del dólar y la guerra económica contra el país”, puntualizó Maduro durante el Consejo de Ministros número 306, desde el Palacio de Miraflores en Caracas. El Petro será la primera criptomoneda creada por un Estado y sustentada en una riqueza tangible: se han certificado cinco mil millones de barriles de petróleo como soporte de riqueza de la actividad, emisión y desarrollo del Petro, informó el Jefe de Estado. Dificultades teóricas y prácticas de envergadura plantean la existencia y eventual consolidación del Petro (ver pág. 38).
Por otra parte, las autoridades económicas trabajan junto al Banco Central en un nuevo sistema cambiario que permita el ingreso de divisas para reactivar la producción nacional y cubrir los pagos de compromisos de deuda, ante el bloqueo financiero estadounidense y el ataque a cuentas bancarias y actividades comerciales del país.
En materia social, el Gobierno se planteó expandir la Gran Misión Abastecimiento Soberano para luchar contra la especulación y prevé llegar a cuatro millones de familias con el programa Hogares de la Patria. También se fijaron metas tales como llegar al 100% de pensionados para el mes de abril; expandir los planes de viviendas para la juventud y la clase media; alcanzar los 860 mil jóvenes incorporados al estudio y empleo a través del Plan Chamba Juvenil.
Si bien es cierto que Venezuela atraviesa considerables dificultades económicas, no menos cierto es que el Gobierno continúa sumando esfuerzos para superarlas y derrotar la guerra económica con un nuevo modelo productivo. Para ello, luchar contra la corrupción e incentivar la producción nacional es vital, así como atender las demandas de abastecimiento y garantizar el cumplimiento de la ley de precios acordados.
Tras una reunión entre el Gobierno y representantes de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, se espera que rápidamente sean reabastecidos los supermercados y la población aguarda la distribución de los últimos combos Clap que arribaron al país en más de 1.500 contenedores. La meta es superar las 86 millones de cajas Clap distribuidas en 2017 y trabajar arduamente por la protección alimentaria del pueblo venezolano.

 Con informes de Roxana Martínez, desde Caracas