El caso Guahory desnuda complicidad estatal con el agronegocio “brasiguayo”

Tres violentos desalojos policiales de una zona agrícola a 200 kilómetros de Asunción volvieron mostrar la protección del Estado a los terratenientes soyeros y sus colonos brasileños. 

La Comisión Permanente del Congreso Nacional pidió información al ministro del Interior, Tadeo Rojas, sobre la represión policial durante una serie de actos campesinos en la colonia Guahory, en el departamento de Caaguazú, a unos 200 kilómetros al este de Asunción. Además de la violencia sistemática mostrada en cada acto las fuerzas del orden realizaron un desalojo violento claramente a favor de colonos brasileños dedicados al agronegocio (soyeros) contra campesinos sin tierra que disputan un terreno fiscal con empresarios del sector.
El presidente de la Comisión legislativa, diputado Ariel Oviedo (Unión de Ciudadanos Éticos/Unace) lideró un grupo parlamentario que viajó hasta el lugar para corroborar la situación denunciada por las organizaciones, especialmente la Federación Nacional Campesina (FNC), que reclama que las tierras sean destinadas a la reforma agraria.
La represión ocurrida el 6 de enero pasado fue la tercera de estas características en menos de seis meses. Varias personas resultaron heridas, otros contusos y una veintena de campesinos detenidos.
Los campesinos estaban formados frente al acceso a la colonia Guahory, buscando impedir que los “brasiguayos” como son popularmente conocidos estos colonos, ingresaran con sus máquinas con la intención de preparar la tierra para sembrar soya.
Al verse impedidos, los colonos fueron asistidos por un operativo policial desmedido y violento en el que golpearon a niños, mujeres y ancianos. La policía irrumpió para sacar a los moradores de sus precarias viviendas después que estos trataron de detener la invasión de los brasileños.
Los efectivos policiales utilizaron gases lacrimógenos y dispararon con escopetas cargadas con cartuchos de balines de goma, destrozaron las precarias carpas y viviendas de los campesinos resistentes e incluso, de acuerdo a denuncias públicas, les robaron dinero y pertenencias.
El ministro del Interior, Tadeo Rojas, se reunió con la Comisión de Diputados tras lo cual responsabilizó a los campesinos que “se radicalizan”. En rueda de prensa tras el encuentro con legisladores expuso que “en principio se había acordado con todos (los protagonistas de la disputa territorial), pero por culpa de sectores políticos se agrupa un sector (de campesinos) y se radicaliza. Tenemos información de que hay gente que incita a que la gente se radicalice”, señaló.
Marcial Gómez, de la FNC, denunció que “vino la policía con diferentes maquinarias y mucha violencia a desalojar a los compañeros para que los brasileños puedan sembrar soya”. Además señaló que el Gobierno asume una política de represión y violencia “ante cualquier lucha campesina por la tierra”. Reafirmó que “el desalojo fue para ‘limpiar el terreno’ para que se pueda sembrar soya”.
Como parte de las maniobras policiales el intendente de Tembiaporã, Sotero Cáceres, denunció que en momentos en que se dirigía hacia la zona del conflicto un control policial sobre la ruta le retuvo su cédula de identidad. Según el relato del jefe comunal los uniformados se negaron a dar explicaciones y a mostrar la orden judicial necesaria para realizar el procedimiento.

Antecedentes

El 15 de septiembre de 2016 la policía destruyó un asentamiento con unas 200 familias campesinas en un procedimiento viciado de nulidad. En un video el colono brasileño Jair Weber dice tener el aval del presidente Horacio Cartes y que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) les habría prestado un helicóptero para apoyar el operativo. Agregó que 70 colonos le pagaron 200 mil dólares al jefe de Orden y Seguridad de la Policía en Caaguazú para que se ejecute el desalojo.
En Guahory unas 2.300 hectáreas de tierra habían empezado a ser colonizadas hace más de 20 años por familias agricultoras paraguayas. Luego los colonos soyeros brasileños compraron las mismas tierras mediante gestiones poco claras y se presume que con títulos falsos o favorecidos por actos de corrupción en el Instituto de la Tierra (Indert).
De las 97 fincas, 67 están en proceso de expropiación pero las comitivas fiscales y policiales irrumpieron en septiembre y en diciembre pasado en escandalosos operativos y finalmente en enero de este año con la misma violencia.
“Los títulos que fueron inscriptos con documentos fraguados, el Estado tiene que anular estas actuaciones, se tienen que recuperar las tierras y el Indert tiene potestad de iniciar el proceso”, expuso el senador Luis Alberto Wagner (Partido Liberal/Plra). Agregó que la policía “actúa como mercenarios de los brasileños (…) Han entrado a robar a las viviendas de los campesinos, con violencia y armas”.
La organización obrera campesina concluyó que “mientras no haya reforma agraria no habrá paz en la República”. Desafió que “el gobierno de turno, la oligarquía y la Policía Nacional pueden arrinconarnos momentáneamente pero no renunciaremos a dar los pasos que nos posibiliten avanzar hacia la reforma agraria con un desarrollo nacional, y así conquistar Paraguay de manos de latifundistas, oligarcas y especuladores, que son los responsables del atraso, la miseria y la pobreza del Paraguay”.
La Federación Nacional Campesina (FCN) se movilizó en diferentes lugares del país y en la propia Asunción llamando a “los sectores honestos, democráticos y patrióticos” a acompañarlos en la denuncia de este caso.

Acuerdos parciales

Un par de días después de la represión de comienzos de enero el gobierno paraguayo ofreció una propuesta para trasladar a los campesinos. Pero menos de 30 de las aproximadamente 120 familias que conforman el contingente del asentamiento de Guahory aceptaron la iniciativa para ser reubicadas en Yhú, departamento de Caaguazú, donde el Estado compró tierras para tal fin.
El presidente del Indert, Justo Cárdenas, señaló que “esperábamos ubicar al menos 70 familias, pero recibimos de la dirigencia nada más que 27 carpetas de familias que buscan ser trasladadas” hacia Yhú. Admitió la necesidad de una política de Estado para la disputa legal por estas tierras. Estimó que el litigio “podría extenderse hasta tres períodos de gobierno, es decir 15 años”.
Valoró además como “agrológicamente útiles” las nuevas tierras de Yhú, que seguirán ofreciendo a campesinos. Técnicos del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (Sirt) trabajaron en la evaluación del sitio en el que esperan constituir en nuevo asentamiento tipo barrio modelo al que denominaron Teko Pyahu (Nuevo territorio, en guaraní), un predio de 1.440 hectáreas.
El presidente de la comisión vecinal de la colonia, Elvio Araújo, representante de un grupo de campesinos que acordó con el Gobierno para este traslado, pidió a los funcionarios nacionales la entrega a las familias de kits de limpieza y de alimentos como condición para aceptar el movimiento.
La Federación Nacional Campesina (FNC) expresó a través de un comunicado que el objetivo final de la organización es “combatir la ocupación del territorio paraguayo por parte de los agroexportadores, que no hacen otra cosa más que concentrar la tierra”. El gremio liderado por Teodolina Villalba y Marcial Gómez denunció también que durante el desalojo policial los colonos sojeros de origen brasileño rompieron un puente que ahora intentan reconstruir.

Desde Asunción, Jorge Zárate

Reelección: firmas a favor y en contra

El presidente del Partido Liberal (Plra), Efraín Alegre, cuestionó al Tribunal Superior de Justicia Electoral (Tsje) por presuntas irregularidades en la evaluación de planillas con firmas para pedir la enmienda de la Constitución paraguaya para favorecer la reelección del presidente Horacio Cartes a la que se opone con firmeza.
“Esto es una farsa, un montaje, se debe llamar ‘falsificatón’. Cuando el Tsje se niega a entregar las firmas se confirman mis sospechas. Tienen un papel de cómplice. Y encubridores serán si mañana no cumplen. Es una obligación que tienen con los ciudadanos. El tribunal debería pronunciarse ya, así como lo hizo con la supuesta campaña engañosa de (el ex presidente) Lugo”, dijo.
Alegre promueve una colecta de firmas para pedir el juicio político de Cartes por mal desempeño. “Estamos preparando todo, planeamos ofrecer (el material) al Congreso los primeros días de la sesión. Podemos llegar a tener dos millones de firmas; todos quieren el juicio político”, aseguró.
Criticó a su vez al sector interno de su partido, liderado por el senador Blas Llano, que votaría a favor de la enmienda: “No acompañan lo resuelto por la convención en cinco ocasiones; ellos mismos fueron quienes votaron en contra de la reelección. Si hoy están con Cartes es por razones estratégicas”, consideró.