México a un año de las elecciones presidenciales

Peña Nieto debe negociar con Trump el TLC. Acusado de espionaje, gobierna en una de las peores etapas de violencia y violaciones a los derechos humanos. Teme una alianza electoral que destrone al PRI.

“Determinar quién paga el muro no debe ocupar nuestra atención. Debemos concentrarnos en los temas que verdaderamente significan generar condiciones de bienestar para nuestras sociedades”, dijo el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, tras la reunión que mantuvo con Donald Trump en Hamburgo.
En el G20 una periodista le preguntó a Trump si seguía pensando que México debía pagar el muro. “Totalmente”, respondió. La tozudez del presidente de Estados Unidos no se limita al muro. Reafirmó a sus dos países vecinos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá (Tlcan) será revisado a fondo. “Renegociaremos todo o abandonamos”, reiteró. La Casa Blanca confirmó que planea iniciar el 16 de agosto la modernización del Tlcan y que se tomará el tiempo necesario para discutir cada uno de los asuntos que considere necesario.
La industria automotriz es uno de los primeros sectores a los que apunta Trump como parte de la discusión del Tlcan. Actualmente las fábricas de automóviles aprovechan las ventajas de producir en México vehículos que después venden en Estados Unidos. Varios empresarios piden preservar el Tlcan entre otras cosas para evitar que se desarticulen las cadenas de proveedores de suministro. Esta disputa interna en Estados Unidos tiene su correlato en México.
En junio pasado Ford hizo pública su decisión de trasladar a China la producción del nuevo modelo Focus. La misma companía había anunciado en enero pasado que los Focus se producirán en la planta de Hermosillo, capital del estado mexicano de Sonora.

Negocios violentos
El Tlcan para México benefició fundamentalmente a la industria petrolera con el fuerte aumento de exportaciones y a la industria maquiladora (empresas en este caso estadounidenses que fabrican en México para vender la producción en el Norte aprovechando la mano de obra más barata). El sistema de maquila no está inserto en ninguna cadena productiva mexicana ya que los insumos llegan del mismo país hacia donde luego de exportan los productos ya terminados. Uno de los sectores más afectados en México desde enero de 1994 cuando entró en vigencia el Tlcan es el sector agrícola que, se estima, perdió unos dos millones de empleos.
A 23 años de aquel acuerdo las estadísticas son contundentes: la industria manufacturera genera empleo apenas en el 16,7% de la Población Económicamente Activa (PEA). Cerca del 45% de la población del país (123 millones de habitantes, según proyecciones para 2017) vive en la pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En la última década México sufre como nunca ante los efectos de su fuente de mayor movimiento económico: el narcotráfico y las bandas que se nutren de él. Varias ciudades y Estados están agobiados por la violencia. En la primera semana de julio, por caso, se registraron 40 muertos por choque entre bandas narcos sólo en el Estado de Chihuahua, limítrofe con Estados Unidos, donde se disputan negocios La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, y el cártel de Sinaloa. Está en juego la mercancía y las rutas a través de las cuales llega la droga a Estados Unidos.
En esa misma semana también se reportaron 20 muertos en el Estado de Sinaloa, otra de las zonas calientes del país, con salida al Pacífico a través del Golfo de California. Culiacán, capital de Sinaloa, fue escenario recientemente de dos hechos que trascendieron las fronteras del país: el 25 de junio el asesinato de Rafael Chávez, hermano del ex campeón de boxeo Julio César Chávez, quien asistía a adictos al alcohol y las drogas. Un mes antes, también en Culiacán, fue asesinado en la calle el periodista Javier Valdez, escritor e investigador de negocios narcos en su país.

Asociación peligrosa
Por arriba, los grandes negocios. Por debajo, sus víctimas; inacción del Estado e impunidad de los crímenes.
Según informes de las fiscalías de 19 Estados del país al menos 1.075 fosas clandestinas fueron encontradas en la última década con 2.014 cuerpos exhumados. Según el informe “Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México”, realizado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, los Estados con mayor número de fosas halladas en los últimos 10 años son Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua.
Al presentar el informe, el rector de la institución educativa, David Fernández Dávalos, aseguró que uno de los motivos por el que se siguen encontrando fosas clandestinas en el país es porque “el gobierno mexicano no quiere reconocer” que hay una “grave crisis de derechos humanos”. También puso énfasis en la corrupción institucional, que atraviesa al conjunto de las instituciones estatales y los partidos políticos tradicionales.
En México se cree que la cantidad de fosas con cuerpos de personas desaparecidas es mucho mayor, ya que el Gobierno nacional y muchas fiscalías del país se resisten a dar cifras certeras sobre personas desaparecidas y hallazgo de fosas.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, a principios de marzo de este año se contabilizaban 30.942 personas desaparecidas, 4.814 casos más que en diciembre de 2015. Algunas organizaciones estiman que sólo el 20% de los casos de desapariciones se denuncian oficialmente por falta de garantías y seguridad para los familiares de las víctimas.
Peña Nieto entra en su último año de gobierno en un México convulsionado. Las elecciones de junio pasado en varios Estados entre ellos México mostraron la mayor preocupación politica del PRI: una hipotética coalición entre partidos opositores con una estrategia puramente electoralista, podría desbancar el año próximo al Partido Revolucionario Institucional. De momento los partidos tradicionales sólo tienen para ofrecer a su electorado una férrea disputa por la transferencia de un poder político acosado por las narcofinanzas y su dependencia del norte y degradado frente a las bases populares.

Aumentan las denuncias contra Peña Nieto por espionaje

Informes locales y externos sostienen que entre los ciudadanos que presuntamente fueron víctimas de espionaje por parte del gobierno de Enrique peña Nieto se encuentran integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) que investigaron la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Los expertos fueron enviados a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para colaborar con la búsqueda de los jóvenes luego de hacerse eco de las denuncias de familiares por la falta de acción por parte del Estado mexicano. El laboratorio de la Universidad de Toronto, Citizen Lab, publicó el 10 de julio un reporte según el cual uno de los teléfonos utilizados por estos técnicos durante sus investigaciones, entre marzo de 2015 y abril de 2016, recibieron dos mensajes maliciosos. La institución confirmó que fueron intentos para instalar en el dispositivo el programa “Pegasus”, que permite que el agresor tenga acceso al contenido del móvil, a la cámara y micrófono. La investigación agrega que “el Giei fue señalado como objetivo poco después de denunciar interferencias en su investigación por parte del gobierno mexicano y la Procuraduría General de la Republica (PGR)”. El informe final de estos técnicos, difundido tras los intentos de espionaje, denunció irregularidades en las investigaciones y torturas a detenidos por el caso Ayotzinapa. La Cidh pidió al gobierno mexicano que informe de qué manera investigará las denuncias de espionaje hechas por los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y las sospechas manifestadas por el Giei. El comisionado de la Cidh James Cavallaro advirtió que el tema “es muy serio porque levanta la sospecha de una posible implicación de agentes del Estado mexicano”, ya que el software infeccioso era únicamente utilizado por el Gobierno. Las primeras denuncias, que fueron publicadas en el diario The New York Times, incluían a varios periodistas, dirigentes opositores y defensores de derechos humanos. El programa Pegasus –señala el diario– fue utilizado para espiar a críticos del gobierno mexicano. Ante el estado público del caso el presidente Peña Nieto ordenó a la Procuraduría General de la República iniciar una investigación luego de reconocer que el sistema Pegasus está en manos del Ejecutivo pero que sólo se utiliza de manera legal. The New York Times recordó que el Pegasus sólo está permitido para investigar a presuntos delincuentes y terroristas. Varias organizaciones humanitarias de México y del exterior recordaron que en la primera mitad de este año fueron asesinados al menos siete periodistas y seis defensores de los derechos humanos.