Respuesta política y popular de Venezuela ante la amenaza imperial

El rasgo distintivo de los ejercicios militares del 26 y 27 de agosto fue la masiva participación de la población civil. Foto: AVN

Bloqueo financiero y amenaza militar. Washington aplica la estrategia que fracasó contra Cuba. La respuesta: elecciones, movilización de masas y debate constituyente. Economía como clave.

El último fin de semana de agosto, unos 900 mil combatientes se movilizaron por todo el territorio venezolano entre oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), miembros de la Milicia Bolivariana y el pueblo organizado. Los Ejercicios Soberanía 2017 fueron una respuesta contundente de fuerza militar ante la amenaza imperial y una demostración del compromiso cívico con la Revolución Bolivariana.
Las actividades fueron ordenadas por el presidente Nicolás Maduro luego de que Donald Trump amenazara con una intervención militar a Venezuela y sirvieron para pasar a un nivel superior de defensa territorial. “El cuerpo castrense nunca ha estado más unido y cohesionado para llevar a cabo estas actividades”, resumió el jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fanb, Remigio Ceballos.
El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, señaló que los ejercicios militares realizados este año permitieron aplicar la nueva doctrina antimperialista que promovió Hugo Chávez en la Fanb. “Nos dimos cuenta de que el comandante Chávez no se equivocó cuando dio aquel viraje a la doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la doctrina de defensa de Venezuela”, expresó.
En Estados como Cojedes, Táchira, Mérida y Trujillo, Falcón, Lara, Zulia, Aragua, Carabobo y Yaracuy se activaron ejercicios de defensa y protección de aeropuertos y otras áreas importantes; recuperación de fábricas estratégicas; traslado de víveres y armas; reabastecimiento aéreo y en el frente de batalla; refuerzo de la seguridad de puertos, subestaciones eléctricas, centrales termoeléctricas, viaductos y túneles.
El rasgo distintivo de estos ejercicios realizados el 26 y 27 de agosto fue la masiva participación del pueblo revolucionario, inclusive de pueblos indígenas. Apenas como ejemplo: sólo en el puesto de comando de la Base Aérea Mariscal Sucre, en Maracay, participaron casi 9.800 militares de la Fanb, más de 12 mil milicianos y 25 mil hombres y mujeres del Poder Popular. Así de contundente, en todo el país, fue la respuesta de la población venezolana ante la agresión imperial.

En las calles
Las masas ganaron la calle ante la amenaza de Trump. Decenas de miles de personas marcharon contra el imperialismo en una movilización conformada por trabajadores y representantes de diferentes sectores de la comunidad, además de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), constituyentes y funcionarios del Ejecutivo nacional y de gobiernos regionales.
El presidente Nicolás Maduro afirmó que la amenaza militar que hizo el mandatario estadounidense antes de establecer sanciones económicas y financieras “es el error más grave que haya cometido un país contra otro de América Latina”. Luego alertó sobre la gira que en esos días había comenzando el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por varios países de la región, con el objetivo de aislar política y económicamente a Venezuela.
Otra respuesta frente a la amenza fue la profundización de la política exterior venezolana: el Presidente pidió una reunión de alto nivel de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac) para que todos los mandatarios de la región debatan sobre la verdad de lo que sucede en el país sin la presencia de Estados Unidos. “Yo planteo diálogo y esto tiene una solución en el marco de la América Latina y el Caribe”, dijo Maduro y pidió “restituir las relaciones de diálogo y respeto en la diversidad del continente”.
“No veo razones para que alguien se niegue a una cumbre de puertas cerradas. Si nos tenemos que quedar dos días encerrados hablando de tú a tú, hablemos. Y busquemos recomponer las relaciones de América Latina y el Caribe. Hagamos una agenda común, con los temas que unen a la región”, propuso el presidente venezolano. Su propuesta es que “se nombre una Comisión de Diálogo de Paz soberana para que la Celac acompañe a los venezolanos en los caminos del diálogo constituyente y con los factores políticos del país”.
Como parte de la misma acción, el Ministerio de Asuntos Exteriores organizó para mediados de septiembre una Cumbre de Solidaridad Mundial con Venezuela e invitó a analistas, activistas, representantes de movimientos sociales e intelectuales de varios países. “Estamos siendo amenazados como nunca antes por el imperio del norte. Los supremacistas que gobiernan Estados Unidos han amenazado a Venezuela con sanciones, persecución financiera y amenaza militar, y tenemos un solo destino: la solidaridad y la victoria”, anunció Maduro al hacer la invitación del encuentro internacional. Denunció que la brutal ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela no se había visto “desde la agresión histórica contra la valiente Cuba”.

Vuelta a las urnas
El poder originario también reaccionó de inmediato a las amenazas imperiales. “A la violencia de Trump respondemos con votos”, dijo la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, al anunciar el adelanto para octubre de las elecciones regionales previstas para diciembre.
Semanas antes, ocho millones de venezolanos habían votado a favor de la instalación de la ANC y sepultado la estrategia golpista ejecutada entre abril y julio por la oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Los días posteriores y durante todo el mes de agosto el clima de tranquilidad retornó a las áreas ricas y las calles antes tomadas por grupos violentos de extrema derecha.
Sin rubor, de a uno por vez, los principales dirigentes de los partidos que forman la MUD saltaron de la violencia a las urnas e inscribieron sus candidatos para las elecciones regionales de octubre. Sus bases de apoyo quedaron desconcertadas, enojadas y desmovilizadas. Los llamados a “no enfriar las calles” no tuvieron respuesta y los enfrentamientos internos salieron a la luz.
El primero en marcar la nueva hoja de ruta de la oposición fue el ex presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, líder del partido Acción Democrática, socialdemócrata. Al día siguiente de la elección constituyente, el veterano dirigente cruzó en la sede legislativa a Freddy Guevara, de Voluntad Popular (organización de Leopoldo López). Lo interrumpió, expuso el fracaso de la estrategia opositora y llamó a prepararse para volver a las urnas. Dos días después se convirtió en el primer dirigente de la MUD en anunciar por televisión la participación de su partido en la elección de gobernadores para los 23 estados del país, de los cuales la oposición sólo gobierna tres. “¿Ahora vamos a cambiar la línea y decir ‘elecciones no’? Hay que tener cordura, no puedes estar procediendo por los arrebatos, por los delirios, por los impulsos de Dios sabe cuáles motivaciones de los que quieren que aquí haya una matazón”, dijo respecto de otros dirigentes fascistas de la oposición.
Dos semanas después, 226 candidatos estaban inscriptos para participar en las elecciones regionales en los 23 Estados del país. Doce partidos nacionales presentaron candidatos propios o se sumaron a frentes electorales en la totalidad de los Estados, otros lo hicieron en una cantidad menor y varios partidos regionales presentaron candidatos en sus Estados. Hubo plena incorporación de la oposición al proceso electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a instancias de la Asamblea Nacional Constituyente. Días después el propio Leopoldo López haría un vehemente llamado a participar de las elecciones.
Luego, el 22 de agosto, Maduro volvió a ratificar en rueda de prensa internacional (ver pág. 14) que en 2018 habrá elecciones municipales y presidenciales, para definir quién ocupará el cargo máximo una vez culminado su mandato constitucional de seis años (2013-2019). Cuando se concrete, será la 24ª elección en menos de dos décadas de Revolución Bolivariana. Curioso método de ejercer la “dictadura” que denuncian sus enemigos a nivel mundial.

Cuestión de principios
Derrotada en todos los frentes, la oposición terminó celebrando y respaldando las últimas sanciones anunciadas por Estados Unidos para profundizar el cerco financiero sobre el país y su compañía petrolera, Pdvsa. Mediante un comunicado, la MUD volvió a pedir a las empresas y gobiernos del mundo que no suscriban operaciones financieras ni contratos con el gobierno nacional, en clara señal de apoyo al bloqueo financiero y a su extensión al conjunto de la economía.
“Para la MUD el enemigo es Venezuela. Sabemos que esta no es una sanción contra el presidente Nicolás Maduro, es una sanción contra 30 millones de venezolanos, y especialmente a los 8 millones y muchos más que no pudieron salir el 30 de julio de sus hogares, que apostaron por resolver sus conflictos mediante la paz”, respondió el gobierno nacional mediante un comunicado.
Sin fuerzas propias, la oposición depende de la presión diplomática internacional contra el país y de una ofensiva todavía mayor contra la economía nacional, para intentar capitalizar el malestar social. Ahora la MUD encara la difícil tarea de pedir el voto de las personas perjudicadas por las sanciones internacionales implícitas y explícitas que afectan la vida cotidiana de la población y que la misma fuerza política apoya y promueve en el exterior.
Pero Venezuela no está aislada. Además de los apoyos que mantiene en América Latina entre los países del Alba y el grueso de las naciones caribeñas, la Revolución Bolivariana tiene el respaldo de China y Rusia. La Cancillería rusa conducida por Serguéi Lavrov denunció que las sanciones contra el sector financiero y petrolero de Venezuela “están claramente destinadas a agravar el desequilibrio de la situación en el país y empeorar los problemas económicos” y están también “impregnadas de cinismo” porque llegan en un momento en el que aparecían “señales de una relativa estabilización interna”.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores chino expresó que “la experiencia histórica muestra que la interferencia externa y las sanciones unilaterales complicarán la situación y no pueden ayudar a solucionarla”. Además, China y Venezuela mantienen una estrecha relación económica y financiera, por lo que es altamente probable que Pekín interceda para evitar el ahogo financiero que quiere imponer Washington.
Frente a este intento de bloqueo a la Revolución Bolivariana, la ANC es la encargada de motorizar un plan de acción. Los 545 constituyentes tienen a su cargo la búsqueda de la paz a través de la Comisión de la Verdad; la respuesta a las sanciones estadounidenses; la aprobación de normas transitorias para consolidar la democracia y los derechos sociales conquistados desde 1999; y, de manera paralela, la redacción de la próxima Constitución de la República. Pero, sobre todo, la ANC y el Gobierno tienen ahora la responsabilidad de instrumentar medidas económicas que atiendan las necesidades más urgentes de la población.
Se cumple así la premisa del presidente Maduro cuando convocó a la elección de una constituyente obrera y popular: “Ahora les toca a ustedes, hombres y mujeres de Venezuela”.

Guerra de precios, especulación, usura y acaparamiento

Para nadie es un secreto que en los últimos años Venezuela ha sido sometida a una cruel guerra económica. Sin embargo, tras la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el ataque económico se multiplicó a una escala mayor.
Frente al tipo de cambio oficial por dólar, que para el 23 de agosto fluctuó entre 2.679 y 3.455 bolívares, el dólar fijado en el mercado negro, también llamado “dólar criminal”, superó los 16 mil bolívares y disparó la especulación. Muchos comerciantes en todo el territorio nacional se valen de esta tasa impuesta a través del portal web DolarToday para definir los precios de los productos que venden. Por esa razón, los precios de alimentos, indumentaria, útiles escolares, repuestos para automóviles y otros se han disparado de manera indiscriminada, con ajustes diarios en muchos casos.
Este ataque golpea directamente el poder adquisitivo de los venezolanos. La inflación carcomió el más reciente incremento salarial y la canasta básica familiar supera ya el millón de bolívares. Alimentos básicos de la dieta del venezolano se han disparado hasta un 500% en cuestión de meses. Por eso es común que los ciudadanos recorran diversos establecimientos por día en busca de los mejores precios, como los mercados a cielo abierto de legumbres y verduras que hay en toda Caracas.
En este cuadro, la agricultura urbana sigue su cauce y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) se consolidan. Pero mientras se trabaja para regularizar y mejorar su alcance y entrega, los grupos económicos afilan sus garras: el bachaquerismo (compra y reventa), la corrupción y la usura son fenómenos que no han podido superarse.
Control de precios
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee) se despliega en todo el país para garantizar los precios justos de alimentos y otros productos y servicios. Entre sus últimas medidas, ordenó un ajuste inmediato del precio de los productos importados por la cadena de supermercados Central Madeirense e instaló mesas de fiscalización de precios para que las comunidades realicen inspecciones a través de los Clap.
El nuevo problema ahora es la falta de dinero en efectivo en las calles y su acaparamiento por parte de comerciantes que trafican con la moneda venezolana, mayormente en la frontera con Colombia. Algo similar ocurrió en diciembre pasado. El martes 29 una patrulla detuvo un automóvil con 200 millones de dólares en efectivo, en billetes recién llegados del exterior. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, reconoció que eran suyos: “para pagar gastos de salud de mi abuelita”, dijo.
Antonio Morales, director de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), explicó que “existe una economía subterránea liderada por las mafias del dinero (…) se trata de un círculo vicioso que impide que el dinero retorne a la banca, lo que trae como consecuencia la falta de piezas monetarias”. Según cálculos del organismo “al menos 70% de las remesas que ingresan a las agencias no regresan a ellas” y “cerca del 30% del dinero que distribuye el Banco Central se está desviando a la frontera con Colombia”. Suficientes datos para confirmar que Venezuela sufre una guerra económica.
Como ya ocurrió en otras oportunidades, el ataque al sistema de producción y distribución de los productos de necesidad básica arrecia en vísperas de elecciones electorales, con el objetivo de provocar desesperación y descontento social en los votantes para perjudicar al gobierno nacional. Así sucedió en diciembre de 2015, cuando la oposición ganó las elecciones a la Asamblea Nacional, y desde los días previos a la elección constituyente del 30 de julio.

Planes
En este contexto difícil, agravado por las sanciones, el Gobierno prepara medidas para intentar recuperar la economía, promover la producción nacional y garantizar la soberanía alimentaria.
Ante el inicio del año escolar, se prevé la entrega de más de tres millones de morrales con útiles a estudiantes de todo el territorio nacional. Con el lanzamiento del Plan Textil se espera la confección de miles de uniformes escolares y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) trabaja en la construcción de 50 mil mesas-sillas para dotar las escuelas del país.
Además, para los jóvenes desempleados Maduro lanzó el plan de trabajo especial “chamba juvenil”, dirigido a personas de entre 15 y 35 años. También continúan los proyectos fundamentales de inversión social, como la Gran Misión Vivienda Venezuela, que lleva entregados más de 1 millón 712 mil hogares.
Durante las últimas semanas de agosto llegaron a los puertos venezolanos miles de toneladas de alimentos de la cesta básica. A través del Puerto de la Guaira ingresaron 3.219 toneladas métricas provenientes de Trinidad y Tobago, para su distribución a través de los Clap, y a Puerto Cabello llegó un cargamento de 30 mil toneladas de maíz blanco.
En lo que va de año, el Ejecutivo ha adquirido más de 1,4 millones de toneladas de alimentos, entre arroz, pasta, azúcar y otros productos. La última noticia es que Rusia suministrará 60 mil toneladas de trigo al mes, acuerdo alcanzado con el objetivo de garantizar el abastecimiento y combatir la actual “guerra del pan”.

Expectativas en la ANC
La Asamblea Constituyente ya trabaja de lleno en la situación económica, con el fin de diversificar la economía nacional y combatir el acaparamiento, desabastecimiento y la especulación. La población espera que su acción se traduzca en decisiones concretas para la estabilización de precios y contra las mafias especuladoras.
Especulación, usura, acaparamiento, contrabando, bachaqueo e inflación son los males a combatir en lo inmediato. En las calles se pide a viva voz la recuperación del poder adquisitivo, pero se teme que un nuevo incremento de sueldos y salarios sea rápidamente absorbido por la inflación. Por el momento, el objetivo es lograr que la Sundee cumpla con sus funciones, haga respetar los precios y sancione a todo comerciante que utilice el tipo de cambio ilegal como referencia para remarcar precios.
La atención de las necesidades económicas está hoy al tope de los reclamos de los venezolanos, más pendientes de esta situación que de la contienda política. En el más reciente estudio de la encuestadora Hinterlaces, el 58% de los venezolanos consideró que la ANC reúne las capacidades para contribuir a solventar los problemas económicos del país. Este es su principal reto.

Desde Caracas,
Roxana Martínez

Miami renace como capital de la contrarrevolución

Las sanciones que Estados Unidos anunció contra Venezuela el 25 de agosto surgieron tras el diagnóstico hecho por el vicepresidente, Mike Pence, durante la visita 10 días antes a Colombia, Chile, Argentina y Panamá. Cosechó apoyos para el bloqueo económico y financiero pero no recogió el respaldo para una intervención militar. Ninguno de los gobiernos de la región insinuó siquiera un intento de apoyar una acción armada externa o interna.
Los cuatro países en la ruta de Pence fueron parte del grupo de 12 que firmó unos días antes la llamada Declaración de Lima en la que afirmaron que desconocerán las decisiones de la Constituyente venezolana. Tras la alusión a la opción militar de Donald Trump estos gobiernos se aferraron a lo acordado en Lima y cerraron cualquier puerta a las armas, al menos públicamente.
Pence tampoco contentó en Miami, ciudad convertida en el nuevo reservorio de la contrarrevolución gracias a la combinación de oscuros personajes venezolanos prófugos de la Justicia, de cubanos reaccionarios y republicanos de origen latino. El segundo de Trump recogió allí el 23 de agosto reclamos puntuales: ahogo económico y financiero e intervención armada, incluyendo la opción de suministrar armas a grupos “de resistencia”.
La severidad de las sanciones financieras fue avalada por la derecha venezolana, pero fue considerada insuficiente por la extrema derecha en Miami. “Continuaremos actuando hasta que el régimen de Maduro celebre elecciones libres, libere a todos los presos políticos y acabe con la represión”, dijo Pence en la nueva capital de la contrarrevolución latinoamericana. Como bien recogió la cadena británica BBC en Miami Pence fue recibido con carteles y expresiones que le reprochaban tibieza: “las elecciones no tumban gobiernos”, “la resistencia venezolana pide asistencia militar” y “necesitamos rudeza”.

Prófugos
Antes de hablar a los asistentes en una iglesia, Pence se reunió a puertas cerradas y durante dos horas con una veintena de activistas y estudiantes. Según BBC, uno de ellos, de 23 años, señaló que “casi todos” los presentes mencionaron la “necesidad de apoyo para la diáspora venezolana en Estados Unidos”. Según el Diario de las Américas, bastión de las corrientes más reaccionarias, Pence recibió una carta de la organización Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), que le solicitó “más sanciones”.
La prensa venezolana identificó que entre los asistentes en Miami estaban: Juan Fernández, uno de los principales artífices del sabotaje petrolero de 2002; el empresario y banquero Eligio Cedeño, prófugo de la justicia venezolana por delitos cambiarios, y estafa a la nación; el ex alcalde del municipio Chacao Ramón Muchacho, prófugo por su participación activa en el reciente plan golpista y los también prófugos Carlos Vecchio, Gustavo Marcano y Werner Jiménez, y Óscar López, ex director del despacho del gobernador de Miranda, Henrique Capriles.
La cadena británica también citó a Gisella Barrios, de 22 años: “Pence habló de ir a unas elecciones. La resistencia no está de acuerdo porque eso no tumba gobiernos. Queremos que se haga la intervención militar, siempre y cuando se afecte directamente al Gobierno y no a más inocentes”, publicó. Otra asistente dijo: “Hemos agotado todas las alternativas civiles. La intervención militar es la solución”, y un hombre mencionó la invasión de Panamá de 1989 como ejemplo para aplicar a Venezuela.
Los mayores aplausos en Miami no se los llevó Pence sino el senador de Florida Marco Rubio cuando dijo: “No queremos dos Cubas”. Unos días antes, en una entrevista a la cadena Fox, explicó que si Trump no toma acciones contra Venezuela pronto gran parte de América Latina “se desestabilizará” y podría ser gobernada por la izquierda. En su diagnóstico, el dirigente ultraderechista resumió: “Ahora amenazan al gobierno de Honduras con un candidato de izquierda; El Salvador ya está a mitad de camino con su liderazgo actual; Nicaragua ya está en esa vía; Guatemala está a punto de ser un estado fallido debido a los desafíos que enfrenta, todo esto empujando hacia México, que tiene una figura de centro izquierda chavista que se presentará a la presidencia dentro de un año. Y así, rápidamente dentro de cuatro años, si esto funciona en Venezuela, veremos que se extendió a Colombia, Honduras, Guatemala, ya está en Nicaragua, El Salvador, y finalmente en México, y de allí directo a la frontera de Estados Unidos”, dijo.

Línea roja
“Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesario”, amenazó Donald Trump el 11 de agosto. Colombia y Argentina lideraron una inmediata reacción contraria. Luego, todos los países de América Latina trazaron una línea roja: ninguno apoyaría la opción armada contra la Revolución Bolivariana.
Apenas 24 horas después de las amenazas de Trump, el Gobierno de Colombia informó: “Rechazamos medidas militares y el uso de la fuerza en el sistema internacional. Todas las medidas deben darse sobre el respeto de la soberanía de Venezuela a través de soluciones pacíficas”. El país sería el más afectado si estallara una guerra en Venezuela.
Perú, que horas antes había anunciado la expulsión del embajador de Venezuela en Lima, rechazó “todo intento interno o externo para recurrir a la fuerza”. México consideró que “la crisis en Venezuela no puede resolverse mediante acciones militares, internas o externas” y rechazó “el uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales”. Lo mismo ocurrió con Chile.
Motorizados por Argentina, los países del Mercosur, integrado también por Brasil, Uruguay y Paraguay (Venezuela está suspendida), expresaron “el repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza”. Unas horas más tarde, en Casa de Gobierno y delante de Pence, el presidente Mauricio Macri se remitió a ese pronunciamiento para rechazar una vez más la vía militar.
Los países del Alba actuaron sin fisuras: “Nuestra América se alza en reclamo urgente de respeto y, sobre todo, en exigencia de reconocer el derecho de nuestros pueblos a la paz, a la seguridad, y a modelos propios para el desarrollo político, económico y social”. Evo Morales fue más allá: “Ahora sabe el mundo que quienes estaban contra Maduro sólo buscaban la intervención militar del imperio”.