Yamile Guerra, otra líder social asesinada en Colombia
Era parte de un grupo de abogados que rechazan un plan de extracción de oro en una montaña cerca de Bucaramanga.
La lideresa social, abogada y política colombiana Yamile Guerra fue asesinada de dos disparos en el barrio El Mirador de la Hacienda, en Floridablanca, departamento de Santander, por dos sujetos no identificados.
La víctima, de 42 años, ocupó varios cargos políticos, como el de directora de la Casa Santander en Bogotá en el 2012, pertenecía al Partido Liberal, a Convergencia Ciudadana y al Partido de Integración nacional.
Además, era conocida por su trabajo como defensora del ecosistema de alta montaña el páramo de Santurbán, cerca de Bucaramanga, donde Emiratos Árabes Unidos (EAU) tenían planeado invertir 1.000 millones de dólares en un proyecto para extraer oro.
Este proyecto, confirmado en el 2017 por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, reavivó las preocupaciones de los activistas ambientales que indicaron que los acuerdos del Gobierno nacional ponen en peligro este ecosistema.
Por esta razón colegas y compañeros de trabajo de Yamile Guerra indican que podría haber sido asesinada por su labor ambientalista.
«Yamile Guerra adelantaba un proceso jurídico en contra de la explotación minera en el Páramo de Santurbán. Los santandereanos seguiremos en defensa de nuestro territorio», señaló uno de los colegas de la víctima.
La prensa informó que en 2017, la Corte Constitucional de Colombia ordenó una nueva delimitación del área donde está prohibido desarrollar proyectos mineros, en función de pedidos de grupos de abogados y activistas ambientales.
El pasado 10 de julio el Tribunal administrativo de Santander emitió un fallo concretando la nueva delimitación del páramo de Santurbán para el 18 de diciembre de 2019.
Este asesinato provocó que instituciones y movimientos defensores de derechos humanos convocaran a una movilización para el próximo 26 de julio para denunciar este crimen y la persecución y asesinatos de los dirigentes sociales.
El asesinato de Guerra se produce solo un par de días después de que el presidente colombiano, Iván Duque, reconociera en una entrevista que es «difícil» proteger a los «más de siete millones de líderes sociales».
En entrevista con la agencia española EFE, el mandatario aseveró que debido a la cantidad de activistas comunitarios es «difícil» brindarles protección a cada uno.
Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz de Colombia (Indepaz), en el período entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019 en Colombia fueron asesinadas 837 personas con fines políticos.
Del total de víctimas, 702 eran líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos y 135 exguerrilleros de las FARC que dejaron las armas como parte del proceso de paz y estaban en etapa de reincorporación a la vida civil.
La Defensoría del Pueblo informó «que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019» en este país suramericano perdieron la vida 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 25 de ellos en el 2019.
El organismo alertó que «los líderes de Juntas de Acción Comunal debido, por su rol social, se encuentran en una posición que los hace objeto de presión por parte de las bandas delincuenciales o de los grupos armados ilegales por su rol especial en la fase de las políticas públicas en el territorio».
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