Argentina: exponen estafa por subsidios a petroleras
El expresidente de la petrolera Shell en Argentina y exministro de Energía del gobierno de Macri, Juan José Aranguren, impuso durante su gestión una resolución que obliga al Estado a pagar un precio mínimo a las empresas que producen gas natural no convencional hasta 2021.
Ese precio fue fijado en 7,5 dólares por millón de BTU en 2018 y es de 7 dólares para 2019, cuando el precio de referencia internacional de Estados Unidos cerró esta semana en 2,74 dólares. La diferencia la subsidia el Estado y luego se paga en el consumo de hogares, comercios e industrias.
Como este esquema de precios subsidiados se reducirá a 6,5 dólares en 2020 y culmina en 2021 con 6 dólares por millón de BTU, algunas empresas que operan en Vaca Muerta declararon inversiones millonarias para aprovechar esa ganancia pagada por el Estado.
La compañía que más se beneficia de este esquema es Tecpetrol, del grupo Techint, investigado por la justicia por pago de sobornos y complicidad con la corrupción estatal durante los gobiernos del kirchnerismo.
Por presión de otras compañías petroleras que denunciaron este esquema que solo beneficia a algunas empresas, el gobierno argentino decidió esta semana que no pagará subsidios por encima de los niveles de producción declarados originalmente, que luego se expandieron para aprovechar el insólito beneficio. También comunicaron que no se aprobarán nuevos proyectos de inversión bajo esa modalidad.
Sin embargo, Tecpetrol declaró que evalúa denunciar al Estado por incumplir con la resolución, después de negarse a renegociarla. Otra beneficiaria es Pan American Energy, del grupo Bulgheroni. Están en juego miles de millones de dólares. Además, el Estado debe a otras petroleras 1.500 millones de dólares por el Plan Gas 2017.
El crecimiento en la producción de Vaca Muerta en 2018 correspondía en un 80% al área Fortín de Piedra, donde se aplicaba el subsidio en beneficio de Tecpetrol, que duplicó su inversión inicial para cobrar más subsidios.
Esto significa que buena parte de las inversiones en el sector fueron en gran medida ficticias, ya que se apoyaron en transferencias directas del Estado a las empresas.
Mientras el poder adquisitivo del grueso de la población se derrumbó en 2018 y los subsidios de las tarifas de servicios a los hogares se recortaron drásticamente, parte de ese dinero fue transferido mediante subsidios directamente a las grandes empresas.
Comparado con otros países productores de gas, Argentina tiene precios altísimos y desde los gobiernos de Cristina Kirchner ofrece subsidios para inversión que otros Estados no otorgan e igualmente aumentan su producción.
Ignacio Diaz – América XXI
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