Brasil pone en liquidación empresas estatales
En el plano económico, el nuevo gobierno brasileño de Jair Bolsonaro asumió con la consigna de que unas 100 de las 138 empresas del Estado nacional podrían ser privatizadas. Este plan ya había sido puesto en marcha por el gobierno no electo de Michel Temer.
Antes del comienzo del segundo consejo de ministros del año este martes, el ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas, insistió en que el ambicioso plan privatizador “es muy posible ponerlo en práctica”, ya que “muchas empresas públicas son subsidiarias”. Además, agregó que las empresas no solo pueden ser privatizadas, sino que algunas podrían ser directamente “liquidadas” porque “hoy ya no tienen sentido”.
“Las liquidaciones van a aliviar el presupuesto y van a ir generando dinero para invertir en otras prioridades”, completó el funcionario, que llegó al gobierno tras ser director de proyectos del Programa de Asociación en Inversiones (PPI, por sus siglas en portugués) en el gobierno Temer.
Los cálculos del ministro de Economía, Paulo Guedes, indican que el valor de las empresas y bienes estatales que pueden privatizarse asciende a 1 billón de reales (unos 270 mil millones de dólares). Según el programa electoral de Bolsonaro, las concesiones al capital privado y la venta de activos públicos permitirían reducir un 20% la deuda estatal.
“Todo lo que se pueda será privatizado”
Apenas tomó posesión del cargo como ministro de Infraestructura, Gomes de Freitas lanzó esa frase y anunció órdenes legales para la venta de 12 aeropuertos, divididos en tres bloques, además de carreteras, ferrocarriles y cuatro terminales portuarias.
En las subastas previstas para el primer trimestre de este año, el gobierno Bolsonaro espera recoger unos 6.500 millones de reales (unos 1.750 millones de dólares) mediante privatizaciones y concesiones.
También están en la lista para las próximas subastas los bloques de explotación de petróleo del llamado presal (hidrocarburos que están debajo de la capa de sal en el lecho marino).
Otra área sujeta a privatizaciones es la de la energía eléctrica, que está bajo la órbita de la estatal Eletrobras. Allí mantiene el cargo su director ejecutivo, Wilson Ferreira Jr., que tiene bajo su órbita a la mayor empresa de servicios públicos de América Latina: Centrales Eléctricas Brasileñas. Es un defensor de la privatización paulatina de toda el área, tal como el ministro de Minas y Energía, el almirante Bento Albuquerque.
Tras la primera reunión reunión ministerial del 3 de enero, el jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, dijo que venderá buena parte de los 700.000 inmuebles que están en manos del Estado.
La empresa que por ahora está excluida del plan de privatizaciones es Petrobras, así como otro grupo reducido de compañías consideradas estratégicas.