Estados Unidos extorsiona a la Corte Penal Internacional
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que su país está imponiendo restricciones de visa a personas «directamente responsables» de cualquier investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre personal o intereses estadounidenses.
Explicó que las restricciones serán aplicadas a cualquier empleado de la corte que tome o haya tomado acciones «para solicitar o promover ese tipo de investigación».
Las restricciones «también podrían ser utilizadas para disuadir los esfuerzos de la CPI para perseguir a personal aliado, incluidos israelíes», añadió Pompeo.
Pompeo señaló que ya comenzó la implementación de esta política aunque no reveló las identidades de las personas en la corte de La Haya que han sido o serán afectadas, señaló la agencia Xinhua.
El diplomático de más alto nivel de Estados Unidos dijo también que Washington está preparado para «adoptar acciones adicionales», incluidas sanciones económicas, si la CPI «no cambia su rumbo».
Trump amenazó en septiembre con impedir que personal de la CPI entre en Estados Unidos e incluso procesarlos si acusan de crímenes de guerra a miembros de las fuerzas armadas estadounidenses.
Estados Unidos e Israel son dos de los pocos países del mundo que no hay firmado el Estatuto de la Corte con el objetivo de evitar someter a organismos supranacionales asuntos que expone su política exterior.
El 2 de agosto de 2002 el Congreso de Estados Unidos aprobó la llamada Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense que restringe el rol de la Corte de La Haya para personal estadounidense.
Esta ley prohíbe a los gobiernos y a los organismos estadounidenses la asistencia a la Corte; la extradición de cualquier persona de los Estados Unidos a la Corte.
La norma también prohíbe a los agentes del Tribunal Internacional llevar a cabo investigaciones en los Estados Unidos y prohíbe ayuda militar de Estados Unidos a los países que son parte en la Corte.
Además autoriza al presidente de los Estados Unidos a utilizar «todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de cualquier detenido o encarcelado en nombre de la Corte Penal Internacional».
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