Renuncian funcionarios de La Haya tras amenazas de Trump
Relatores de ONU, expertos independientes en derechos humanos, consideran que el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones económicas, retirar visas e incluso juzgar a jueces y fiscales del tribunal internacional de La Haya que investiguen presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses, constituye una injerencia indebida en la independencia de la Corte.
Los relatores, también llamados expertos en procedimientos especiales, trabajan de manera voluntaria y no reciben un salario por su trabajo; son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
Dos relatores de la ONU aseguraron que no se debe permitir que las advertencias del Secretario de Estado, Mike Pompeo, y el Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, contra la Corte Penal Internacional obstaculicen la capacidad de este tribunal para cumplir su mandato.
«Estamos particularmente preocupados a la luz de los informes recientes de altos funcionarios de Corte que renuncian a sus cargos como consecuencia de estas amenazas», dijeron Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de jueces y abogados.
La agencia de Noticias ONU recordó que en un discurso el 10 de septiembre de 2018, John Bolton advirtió que los jueces, los fiscales y el personal de la Corte, con sede en La Haya, se enfrentarían a una serie de medidas si continuaban investigando los presuntos crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos, Israel u otros aliados de los Estados Unidos.
Declaró que esas acciones incluirían «todos los medios necesarios», como la prohibición de que los jueces y fiscales de la Corte ingresen a los Estados Unidos; congelar sus activos financieros en ese país e incluso llegar a procesarlos penalmente. Añadió que se tomarían las mismas medidas contra las empresas o los Estados que colaboren en cualquier investigación de este tribunal sobre ciudadanos estadounidenses.
En marzo de 2019, Mike Pompeo aseguró que Estados Unidos revocará o denegará visados a los miembros de la Corte que participen en investigaciones contra las tropas de Estados Unidos en Afganistán o cualquier otra parte del mundo y amenazó con sanciones económicas.
«Estas amenazas constituyen una injerencia indebida en la independencia de la CPI y podrían obstaculizar la capacidad de los jueces, fiscales y personal de la Corte para llevar a cabo sus tareas profesionales», dijeron los expertos de la ONU a la agencia de noticias.
Para que el acceso a la justicia sea efectivo e igualitario y para que pueda haber juicios justos, el sistema judicial y los jueces deben ser “independientes y libres de cualquier interferencia impropia”, añaden.
Advirtieron además que la intimidación puede desanimar a “los defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, representante de víctimas y otros que colaboran con la Corte”.
La misma fuente de la ONU recordó que Estados Unidos no es parte de la Corte de La Haya, y por tanto está fuera de su jurisdicción, porque no ratificó el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional en 2002.
El tribunal, cuya misión es llevar ante la justicia a los autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, tiene 123 Estados firmantes.
El 20 de noviembre de 2017, la Fiscal de este tribunal, Fatou Bensouda (Foto), solicitó autorización para iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en relación con el conflicto armado en Afganistán. Algunos de los presuntos responsables de esos crímenes son soldados estadounidenses.
Además, la fiscal quiere investigar las actividades de la CIA en Afganistán, Polonia, Rumanía y Lituania; en los tres últimos países se habrían instalado cárceles secretas, informó ONU Noticias.
Pese a que Estados Unidos no es parte del tribunal, como Afganistán es un Estado parte “la corte puede ejercer su jurisdicción sobre todo los supuestos crímenes cometidos en territorio afgano desde mayo de 2003, con independencia de la nacionalidad del acusado”, según se lee en la petición de autorización de la fiscal. Polonia, Rumanía y Lituania también son Estados firmantes.
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