Voluntad Popular en el centro de la corrupción golpista
El Gobierno de Venezuela denunció que el líder golpista Juan Guaidó y el partido derechista Voluntad Popular lideran una red de corrupción que no se circunscribe únicamente a los casos de dos delegados en Colombia sino a una situación íntimamente relacionada con el manejo de fondos de la llamada «ayuda humanitaria».
El vicepresidente venezolano para Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, reveló una gigantesca trama de corrupción vinculada a los dirigentes de Voluntad Popular (VP) que incluye los casos de dos delegados de Guaidó investigados en Colombia luego de que el portal Panam Post difundiera una red de corrupción .
Rodríguez recordó este lunes la denuncia realizada por el Ejecutivo Nacional el pasado 23 de marzo, cuando alertó al mundo sobre el entramado de corrupción contra Venezuela promovido desde Cúcuta, Colombia, coordinado principalmente por el diputado en desacato Juan Guaidó.
En la investigación se muestra las conversaciones de Guaidó con Rosana Barrero y Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular, quienes manejaban los recursos robados al pueblo de Venezuela para financiar la entrada de sicarios de El Salvador, Honduras y Colombia para perpetrar actos terroristas en el país.
«Aquí no estamos hablando de que fue un funcionario, ni de que fue un representante político, sino de que fue directamente el señor Juan Guaidó», señaló el también ministro de Comunicación e Información.
Rodríguez destacó que así lo revelaron las pruebas obtenidas desde el celular del asistente del diputado en desacato, Roberto Marrero, y presentadas ante la opinión pública el 23 de marzo.
Añadió que el modus operandi del diputado en desacato es robar los recursos de cualquier empresa venezolana en el extranjero con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados Colombia y Argentina a través de la creación de ONG falsas mediante las que trasladan el dinero a cuentas personales de líderes opositores.
«Es una gigantesca y podrida trama de corrupción para tomar el dinero que sirve para que nuestros niños enfermos, para comprar comida, para comprar medicamentos y desviarlos para pagar alcohol, prostitutas, tiendas caras, hoteles de lujo», denunció.
Tras señalar que «ya queda claro que jamás han pensado en una ayuda humanitaria», recordó que la derecha ha colocado en una situación deleznable a un reducido grupo de militares venezolanos que se rebelaron contra sus mandos constitucionales venezolanos.
Cruzaron las fronteras por las promesas que el grupo opositor les hizo «y los sacaron como unos perros de los hoteles porque, Rosana de Cúcuta, los reales los usaba para comprar zapatos caros, para ir ella sí a hoteles de lujo, y en rumbas», afirmó.
En ese sentido, Rodríguez acotó que 800 millones de dólares pertenecientes a la empresa Citgo, filial de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, están siendo desplazados a cuentas de personas de confianza de Guaidó.
Rodríguez detalló que Juan Antonio Planchart, quien era el abogado de la empresa rusa Rosnef, realizaba actos de espionaje al enviarle datos de los recursos de la explotación petrolera de ese país a Juan Guaidó, Gustavo Guaidó y Leopoldo López, para que el gobierno de Estados Unidos pudiera actuar de manera agresiva contra empresas rusas y empresas venezolanas.
«La oposición no tiene interés político en Venezuela, por eso la situación de división que existe entre los partidos de Voluntad Popular, Primero Justicia; queda evidencia la gigantesca trama de corrupción que promueven sectores de la oposición», puntualizó.
Sostuvo que «es de tal magnitud el gigantesco tramado de corrupción directamente perpetrado por Guaidó y por la dirigencia de este grupo terrorista, muy corrupto, de Voluntad Popular, que incluso están apareciendo en medios de derecha o extrema derecha algunas de las denuncias sobre este hecho de corrupción».
Asimismo, reveló que los responsables en Cúcuta de coordinar los actos de terrorismo, sicariato y agresión en la frontera, así como organizar a los militares desertores, eran Gaby Arellano y José Manuel Olivares, quienes fueron expulsados de estas tareas y sustituidos por Rossana Barrera y Kevin Rojas.
Destacó que engrosaron la lista de militares desertores, la llevaron de 354 militares (registrados por el gobierno de Colombia) a 1.460, en donde incluyeron personas con antecedentes penales, ciudadanos en Perú, ilegales en Colombia y con la trama de Rossana Barrera los hacían pasar por militares.
Agregó que los días 23 y 24 de febrero los medios de comunicación de Colombia reseñaban que el diputado opositor, Freddy Superlano había sido envenenado con el uso de burundanga en un encuentro con dos prostitutas que acabó con la muerte de su primo.
Las dos mujeres también robaron las pertenencias de Superlano, entre las que se contaban celulares, anillos, cadenas de oro y la suma de 250 mil dólares en efectivo.
Al respecto, Rodríguez denunció que las autoridades colombianas «echaron tierra a la investigación» porque el dinero que tenía el dirigente opositor era para pagar el ataque a la supuesta ayuda humanitaria que la derecha venezolana quiso ingresar a territorio venezolano el pasado 23 de febrero.
El ministro reveló un vídeo donde se aprecia a Superlano con una de las involucradas, así como una fotografía que muestra a las dos prostitutas saliendo de la habitación del Hotel Penélope donde robaron y dejaron en situación de inconsciencia al diputado.
Luego el ministro se pregunto: «¿Por qué si nosotros tenemos esa fotografía como es que la policía de Colombia aún no ha identificado a estas señoras? ¿Por qué aún no las han capturado? ¿Qué cosas tienen que decir esas señoras sobre lo que ocurrió realmente esa noche? ¿No será porque hubo uso de cocaína en esa fiesta antes de irse a la habitación del hotel? ¿No será que el dinero que las prostitutas robaron era para financiar las acciones de violencia se presentaron el sábado 23 de febrero? ¿No será que ese dinero que tenía Superlano era solo para emplear a los terroristas?».
(Con información propia, de la Agencia Venezolana de Noticias y de Venezolana de Televisión)