Por Adrián Fernández

El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, alertó que la Asamblea Departamental de Santa Cruz sancionó una ley de designación de autoridades, ocupando una atribución que le corresponde a las autoridades del Estado plurinacional. El funcionario agregó que se trata de en una grave afrenta a la unidad del país, que constituye indicio de delito de separatismo.

Además de la gravedad institucional denunciada, en los recientes actos por el aniversario de la ciudad de Santa Cruz, el vicepresidente David Choquehuanca izó una whipala -símbolo nacional desde 2009-, y seguidores del gobernador la retiraron un rato después, en medio de insultos, agresiones y gritos racistas.

La advertencia se relaciona con otros intentos de separatismo en los 200 años de vida de esta nación sudamericana, pero refiere muy especialmente a la gravedad de los hechos ocurridos en 2008, cuando la ofensiva de los movimientos de extrema derecha pusieron en jaque al Gobierno de Evo Morales, y al Golpe de 2019.

Cuando se habla del separatismo boliviano se hace referencia a una ideología de extrema derecha que promueve la desintegración del actual territorio boliviano desde una concepción racista, oligárquica, elitista y supremacista blanca. Su principal base de acciones es el departamento de Santa Cruz y, en especial, su capital, Santa Cruz de la Sierra, pero suma a los departamentos del oriente boliviano.

Odio al pueblo

Hoy sabemos que son golpistas. Pero estuvieron desde siempre en la región del oriente boliviano. Asomaron la cabeza de la manera más violenta y desafiante cuando Evo Morales asumió la Presidencia de Bolivia; cuando consolidó su Gobierno y cuando nació el actual Estado Plurinacional. El separatismo boliviano es supremacista, violento, racista y rechaza al país que nació en 1825. En pocas palabras: el separatismo boliviano no quiere ser parte de Bolivia.

Odia al pueblo campesino, indígena y obrero, sostiene y financia grupos de choque, no tiene chances de acceder al Gobierno por vías electorales y por esta misma razón es golpista. La derecha utiliza al movimiento separatista boliviano como instrumento para ir contra el Gobierno pensando que lo controla. Grave error, como lo demostró el año del régimen de facto, ya que el fascismo que se hace fuerte en el departamento de Santa Cruz tiene una agenda propia, métodos propios y objetivos específicos.

Entienden que los blancos en la Bolivia india deben pugnar por salvar “salvar la raza blanca» y que el oriente de Bolivia “merece otro destino” que ser parte de la República que nació el 6 de agosto de 1825. Se dicen atacados por los pueblos indígenas que, curiosamente, nunca hasta ahora han ejercido el poder. Mienten cuando hablan de independizarse para “conformar una nueva República sin derramamiento de sangre”, porque la experiencia histórica demuestra que ejercen violencia contra los “no blancos”, los persiguen, recortan sus derechos y los aíslan. Las citas corresponden a Carlos Valverde Barbery, un separatista considerado “el primer presidente” del movimiento reaccionario cruceñista.

El llamado Oriente Boliviano comprende los actuales departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Argumentan no sólo su supremacía blanca (dato infundado, ya que se trata de una minoría), pero también esgrimen como dato que, en superficie, los cuatro departamentos concentran el 62% de Bolivia (685.635 kilómetros cuadrados); unos dos millones de personas (algo menos del tercio de Bolivia).

Como se dijo, el poder del movimiento fascista se concentra en Santa Cruz, departamento que concentra las tres cuartas partes de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, en 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento representaba al 29% de la economía total del país. Los separatistas argumentan que “ellos” (los cuatro departamentos) producen casi la mitad de los cereales de Bolivia, el 95% de los oleaginosos, alrededor del 80% de la caña de azúcar y el tabaco. En producción petrolera, Tarija y Santa Cruz suman el 64% del total boliviano. Con estos datos creen que alcanza para partir el territorio boliviano y dejar sin recursos a los otros cinco departamentos del país.

Estos y otros datos llevan el punto de discusión con el Gobierno central a la cuestión económica y productiva (el consabido argumento de que “nosotros producimos más de lo que nos regresa, nuestra producción alimenta a otros departamentos improductivos o incapaces de generar sus propios recursos”). Esta es una parte del asunto, pero no la única. La otra cuestión, no menor, encierra el odio histórico hacia campesinos e indígenas, exacerbado con la llegada de Evo Morales al poder, en 2006. Desde esta óptica reaccionaria, no hay razón para que los autodenominados “cívicos” compartan un mismo territorio con los “indios” y, mucho menos, distribuir de manera más equitativa las riquezas del país.

De 2008 al golpe

Lo que la enciclopedia recoge como “Crisis política en Bolivia”, en referencia a los sucesos ocurridos en 2008, debe entenderse como un intento –el más claro y virulento- de ruptura de los departamentos gobernados por la derecha con el Gobierno central del Presidente Morales. El proceso incluyó ataques físicos contra campesinos e indígenas y actos de desobediencia civil y política.

Los protagonistas de aquel momento fueron los prefectos departamentales (gobernadores) de la región conocida como la «Media Luna» (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), que rechazaban el proyecto constitucional que impulsaba el primer mandatario y que, tras la derrota de la derecha, acabó con la nueva Constitución Política del Estado (2009) y el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia (2010). Para reafirmar el concepto: el movimiento separatista de 2008 fue el último y más grave intento para evitar lo que no se pudo evitar: el nacimiento de una nación de la que serían parte las naciones indígenas que la habitan. Antes de eso, Morales había nacionalizado los recursos naturales, con el control del Estado sobre la riqueza gasífera, y puso en marcha planes de distribución de las tierras entre comunidades indígenas y campesinas.

En agosto de 2008, los separatistas llamaron a un «paro cívico» por tiempo indeterminado con bloqueo de rutas contra el gobierno nacional. El argumento fue reclamar al presidente Morales más fondos recaudados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con el cual el Estado nacional financiaba un plan de pensiones para personas mayores de 60 años, asistencias a niños en edad escolar y para embarazadas y madres solteras. La ofensiva incluyó la toma de instalaciones del Estado nacional y la amenaza de interrumpir el suministro de gas a Argentina y Brasil y las rutas internacionales.

Estas jornadas incluyeron ataques contra seguidores de Morales y enfrentamientos entre grupos fascistas y fuerzas de seguridad nacionales. Morales ordenó proteger las instalaciones de gas y petróleo y denunció un «golpe de estado civil».​ Por aquellos días, el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg (gobierno de George W. Bush), se reunió en secreto con el prefecto de Santa Cruz y uno de los líderes del paro, Rubén Costas. De aquella ofensiva separatista se anota la toma de instalaciones y edificios gubernamentales por parte de los grupos de choque que respondían a los prefectos de la Media Luna. Se cerraron válvulas de paso de gas a Brasil y Argentina y se produjo la explosión de un gasoducto.

El 11 de septiembre se produjo la Masacre de El Porvenir, cuando un grupo de seguidores del MAS fue emboscado por civiles armados en esa localidad del departamento de Pando y provocó el asesinato de cerca de 30 personas y varias decenas de desaparecidos.

Cuatro días después se realizó la cumbre de la por entonces vigorosa Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para respaldar al Presidente y aislar cualquier intento golpista. En el orden interno, Morales expulsó a Goldberg a la vez que comenzó a recuperar el control de la situación con el apoyo –una vez más- de los movimientos sociales. La Fiscalía General y organizaciones internacionales avanzaron con las investigaciones de los hechos más graves de aquel intento separatista.

Desde entonces, el separatismo fue interactuando con sectores opositores a Morales –inclusive indigenistas- en varios intentos de violencia, protestas y desestabilización. Los nexos de la extrema derecha con la CIA y otras agencias de Estados Unidos y con ONG financiadas por Washington es moneda corriente, en parte diezmada por la firme acción del gobierno nacional contra la injerencia estadounidense.

En 2017, por ejemplo, tomaron partida del rechazo de algunos pueblos indígenas al proyecto de Morales de construcción de la carretera a través del área natural del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para intercomunicar mejor las regiones productivas y, además, romper el monopolio comercial de Santa Cruz.

Antes de eso, en 2011 acompañaron una multitudinaria marcha que cruzó el país durante más de 60 días, apoyada por numerosas ONGs ambientalistas. La protesta comenzó sin una plataforma de reivindicaciones clara pero una semana después se logró consolidar un pliego de 16 demandas entre las que sólo una de ellas hacía referencia a un tramo de la carretera que atravesaría el Tipnis.

En abril de 2017, los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, junto al exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el gobernador de Santa Cruz en aquel momento, Rubén Costas, el entonces alcalde de La Paz, Luis Revilla y el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, firmaron una declaración conjunta en «defensa de la democracia y la justicia».

Lo demás, es la historia del Golpe de 2019. Durante la campaña electoral de 2018, los cívicos de Santa Cruz y de otros departamentos generaron un clima de violencia y amenazas que volvió ingobernable al país. La ofensiva fue creciendo en intensidad y en consecuencias, incluyendo la quema de instituciones.

Emergió entre las hordas violentas Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz; el hombre que entró al palacio de Gobierno tras el derrocamiento de Morales; el que prometió respeto a la presencia indígena y a sus símbolos. Un par de horas después, con Jeanine Áñez como dictadora autoproclamada, se concretaban masacres, se perseguía a los partidarios del MAS, se quemaban whipalas y se profundizaba la caza de dirigentes masistas.

El separatismo está al acecho, el golpismo intacto, y abre una nueva fase de su ofensiva fascista. El Gobierno del presidente Luis Arce y el máximo líder indígena y campesino, Evo Morales, lo saben y lanzan el alerta.