La Justicia de Bolivia condenó a ocho años de prisión a funcionarios del régimen de facto que surgió tras el golpe de Estado de noviembre de 2019 por la paralización intencionada de la producción de una planta de amoníaco y úrea.

El Juzgado de Sentencia en lo Penal Segundo de Ivirgarzama, Cochabamba, condenó al ex ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora Castedo, y el ex presidente de YPFB, Herland Soliz Montenegro.

La sentencia es por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, evidenciando su responsabilidad en la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) durante el golpe de Estado en 2019.

También fueron condenados a ocho años de prisión otros responsables de la planta: Jorge Blancourt Calvo, Oscar Boutier Hurtado y Carlos Vilar Gutiérrez mientras que Ivert Oliva Soria recibió una condena de cinco años y cuatro meses.

Las condenas se fundamentaron en los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, según lo establecido en los artículos 154 y 224 del Código Penal boliviano, de acuerdo a lo informado por el portal Correo del Alba.

Estas personas fueron declaradas responsables de la paralización del complejo industrial de Bulo Bulo en Cochabamba, generando pérdidas económicas al Estado debido a la interrupción de la producción y comercialización del fertilizante.

Además, se les atribuye la responsabilidad de causar daños a equipos de alto valor, incluyendo turbinas y calderos, según el mismo portal latinoamericano.