Dictadura boliviana acelera la caza de Evo y otros masistas
Foto: director contra la Corrupción, Mathías Kutsch, y ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, ambos de facto.
A cuatro meses de las anunciadas elecciones presidenciales, la dictadura de Bolivia anunció que investigará a casi 600 ex funcionarios, y a sus familiares, de la administración del derrocado presidente Evo Morales para saber si cometieron actos de corrupción.
Dos funcionarios de facto, el director general de Lucha contra la Corrupción, Mathías Kutsch, y el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, afirmaron que se trata de 592 ex autoridades de la gestión Morales desde 2006 hasta 2019.
«Se ha decidido iniciar las investigaciones para identificar quiénes son las personas que han cometido delitos de corrupción y han desviado los recursos públicos, que principalmente hayan derivado a otros países y que actualmente estén refugiados en el extranjero», señaló Kutsch en una conferencia de prensa.
Aunque aclaró que la lista era “reservada”, el régimen confirmó que incluye a Morales, al ex vice Álvaro García Linera, a ex ministros, ex viceministros y anteriores jefes de gabinetes.
También se analizará la conducta de quienes tuvieron cargos ejecutivos en empresas que administraron recursos del Estado, como el Fondo Indígena, la aerolínea Boliviana de Aviación, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos y la firma Mi Teleférico, entre otras.
«Cuando se encuentren indicios para investigar a familiares, la ley y la norma también nos faculta para que sean investigadas», indicó Kutsch.
Además apuntó que esperan que en unos tres meses esta investigación ya cuente con los primeros resultados. Para ese entonces, quedará un mes de tiempo para las elecciones que el régimen convocó para el 5 de mayo.
En la misma jornada de este miércoles el gobierno de facto reveló que pidió a Interpol que active una orden internacional de captura contra Morales, al que el fascismo acusa de sedición y terrorismo.
El ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, detalló que se adoptó esa decisión después de que se conociera una posible visita de Morales a Chile, para participar de un encuentro sobre derechos humanos.
En medio de la confusión de lo que significa este nuevo paso contra Morales, el derrocado presidente aclaró que ese viaje no fue confirmado.
Murillo es hombre clave del régimen fascista que se autoproclamó Gobierno el 10 de noviembre pasado, máximo responsable de la represión que dejó más de 25 muertos y de ejecutar la persecución contra cientos de colaboradores y militantes del Movimiento al Socialismo.
Al iniciar su gestión, el propio Murillo anunció que se dedicaría a efectuar una «cacería» contra Morales y sus principales colaboradores.
Uno de los colaboradores que está en la mira del régimen es el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, quein está refugiado en la embajada de México en La Paz.
En plena campaña de agitación y propaganda contra el Gobierno del MAS, Murillo dijo ante la prensa: «lo estamos esperando al señor Evo Morales, que venga a Bolivia; acá están las esposas. Lo vamos a llevar a (la cárcel de) Chonchocoro, y no por política, no por persecución, sino por terrorista».
Morales respondió a través de la red Twitter: “No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata; ahora como Presidente indígena, piden mi detención”.
Calificó a Murillo como “carnicero, terrorista verbal y mentiroso” y lo acusó de “montar un show y difamar a los opositores cada día”.
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