El Gobierno de México denunció que la dictadura instaurada en Bolivia tras el golpe de Estado contra Evo Morales viola el derecho internacional al hostigar la sede de su embajada en La Paz, donde están asilados líderes políticos perseguidos por el régimen.

Tanto el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como funcionarios de Relaciones Exteriores denuncian que las convenciones internacionales sobre relaciones diplomáticas están siendo violadas.

López Obrador puso como ejemplo el hecho de que el régimen de facto haya dispuesto excesiva presencia militar en los alrededores de la Embajada de su país en Bolivia y que luego disminuyó tras las quejas formales.

«Había demasiada seguridad en el caso de la Embajada de México en Bolivia. Hubo comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresando nuestra inconformidad y tengo noticias que aminoró considerablemente esta situación de vigilancia extrema en nuestra sede diplomática», dijo.

El director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Cancillería de México, Efraín Guadarrama, afirmó: «seguiremos denunciando el acoso a nuestros recintos diplomáticos y exhibiendo las violaciones a derecho internacional en Bolivia».

Detalló que «las autoridades de Bolivia están muy confundidas: detener el automóvil diplomático con la embajadora a bordo, montar un campamento militar en el cerro de Junto o filmar los ingresos y salidas de la residencia no es protección, es hostigamiento».

Cuatro de los nueve ministros que se encuentran en la sede diplomática mexicana en La Paz tienen pedido de detención de los golpistas nazis, con gran despliegue de los medios comerciales de comunicación que los acusan sin fundamentos ni pruebas de varios delitos.

El gobierno de México había solicitado salvoconducto para todos ellos, pero los golpistas se niegan a otorgarlo, según denunciaron las propias organizaciones internacionalistas.

Agregaron, además, que entre quienes permanecen asilados se encuentra el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, cuya vivienda fue allanada el viernes último.

México sostiene que esa «situación viola el derecho internacional, el derecho al asilo, a las convenciones para proteger al personal de la Embajada y quienes habitan ahí».