(Este artículo fue escrito este domingo 10 de noviembre en base a las noticias de esa mañana, cuando el golpe contra Evo Morales estaba en su fase final. Intenta resumir el proceso de ahogo fascista contra el Gobierno de Bolivia. Apenas dos horas después de publicada esta nota, el Golpe de Estado se consumó)

«En el nuevo proceso electoral, Evo Morales y Álvaro García Linera no podrán ser candidatos». El postulante de la alianza política Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, derrotado el 20 de octubre, rechazó así de manera explícita y por segunda vez en 24 horas, las concesiones del presidente Evo Morales para que Bolivia no sea un baño de sangre.

La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) adelantó, de manera sospechosa, el veredicto que daría el miércoles próximo. Consideró que en los comicios hubo “irregularidades” y recomendó nuevas elecciones.

Lo que para la OEA son “irregularidades”, para Mesa es “fraude”. El candidato derechista rechazó la semana pasada la invitación del Gobierno para que sea parte de la auditoría. Aquel rechazo, hoy le permite transformar “irregularidad” en “fraude”.

Este es el argumento para que el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García Linera, «estén inhabilitados para participar en las nuevas elecciones». La OEA no sugiere semejante posibilidad, pero Mesa, que no estuvo en la auditoría, lo pide con todas las letras.

«Comunidad Ciudadana exige convocar mañana mismo a un acuerdo nacional, con participación imprescindible de sectores políticos, cívicos y sociales para consensuar un nuevo Órgano Electoral Plurinacional y un cronograma de la nueva elección, incluyendo nuevos actores, que culmine con la posesión de las nuevas autoridades electas el 22 de enero de 2020», dijo Mesa este domingo.

Debe entenderse que cuando habla de “los nuevos actores”, se refiere al golpista Fernando Camacho, un personaje fascista y mesiánico que, a juzgar por sus duras apariciones públicas, encajaría a la perfección en el film Scarface (Caracortada), de Brian De Palma.

Camacho ya anunció que no aceptará otra salida a la crisis que no sea la renuncia de Morales y que su rol es «llevar a Dios al palacio de Gobierno». También demandó la renuncia de las autoridades de todo el Órgano Electral Plurinacional (OLP), del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y montar una Junta de Gobierno.

Camacho lidera este golpe de Estado a fuerza de violencia, racismo, quema de viviendas, amenazas y discriminación, y deja a Mesa ese rol de “negociador” y “demócrata”. ¿Acaso alguien podría suponer que un eventual gobierno de Mesa prescindiría de la fuerza de choque fascista de Camacho y la extrema derecha de Santa Cruz?

Si bien las “irregularidades” de la OEA hablan de «manipulación informática», no fueron especificadas en detalle (se espera que lo haga el miércoles, como prometió), es sencillo confirmar que serán muchísimas menos graves y determinantes que las que ocurrieron, por ejemplo, en la reelección de Juan Orlando Hernández en Honduras, presidente ligado al narcotráfico y amigo de Washington. Pero Evo Morales cumplió su palabra, acató la sugerencia de la OEA y este domingo convocó a nuevas elecciones.

Por la mañana, el Presidente también habló de “incorporar nuevos actores políticos” en su convocatoria a nuevas elecciones. Es otro dato preocupante en medio de las muchas preocupaciones. “Al convocar a nuevas elecciones nacionales garantizamos que el pueblo de manera libre, democrática y pacífica, mediante el voto, elija a sus nuevas autoridades incorporando a los nuevos actores políticos”, dijo.

También prometió renovar la totalidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras “escuchar a la COB (la Central Obrera Boliviana), al Pacto de Unidad y distintos sectores del campo y la ciudad”.

“Mi pedido al pueblo boliviano es garantizar la convivencia pacífica y acabar con la violencia para el bien de todas y todos. No podemos estar enfrentados entre hermanos bolivianos”, dijo Morales, tal como lo transcribió luego en la red social Twitter.

“Hermanas y hermanos pido bajar la tensión, tenemos la obligación de pacificar a Bolivia. Hago una convocatoria al respeto entre familias, a propiedades privadas, autoridades y a los sectores sociales; todo lo que tenemos en Bolivia es el patrimonio del pueblo”, señaló.

Este llamado de domingo cierra una página abierta el sábado cuando, con la sede del Gobierno y otras instituciones rodeadas de golpistas, y ante los graves enfrentamientos, el mandatario convocó a un diálogo que fue rechazado por la derecha.

La actual ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño, puso en palabras las presunciones de las concesiones que otorgó Morales al golpismo. “El Presidente tomó la decisión de convocar nuevas elecciones y conformación de nuevo TSE, para evitar una sangrienta confrontación entre bolivianos, en momentos en los que la policía incumple su deber constitucional, uniformados armados uniéndose a un golpe de Estado”.

Ambas cosas, la inminente confrontación social a gran escala y la pérdida de poder institucional, fueron perfectamente definidas por Montaño, ex presidenta del Senado, ex diputada y muy cercana al Presidente.

“Si no convocas a elecciones, eres dictador. Si convocas y no ganan ellos, eres dictador”. La frase, nacida en medio del sunami informativo de las últimas horas en Bolivia, aunque parezca simplista, resume un nuevo cuadro de situación (que se replicó y se replica en otros países latinoamericanos).

Es que el tema no son las elecciones sino las fórmulas que el fascismo ensaya para acabar con los gobiernos nacidos de la voluntad de sus pueblos. ¿Cómo se explica sino que un Gobierno que alcanzó el 47% de los votos en una elección en la que participó el 88% de los ciudadanos, hoy esté siendo víctima de un golpe en nombre de la democracia?.

El dilema para los gobiernos de izquierda o populares es saber que conviven (y deberían obrar en consecuencia) con una derecha que nunca acepta sus derrotas; que hace del odio su principal bandera y de la apología de la muerte, el racismo y la guerra, su principal herramienta política.

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