«Financiamiento al terrorismo e incitación a delinquir»
La Fiscalía de Bolivia acusó al gobernador de la región de Santa Cruz y principal líder de la extrema derecha, Luis Fernando Camacho, como autor del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, en una causa en la cual la expresidenta de facto Jeanine Áñez fue señalada como cómplice.
«Se ha podido identificar que la conducta (de Camacho) se adecúa a la comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, incitación pública a delinquir, asociación delictuosa», dijo el fiscal Omar Mejillones, a cargo del caso conocido como «golpe de Estado I».
El fiscal informó a la prensa que se presentó una acusación formal en contra del opositor Camacho, el exministro de Defensa, Luis Fernando López, el exjefe militar Williams Kaliman y el exjefe policial Yuri Calderón en calidad de autores.
La expresidenta de facto Áñez, el líder cívico Marco Antonio Pumari, el exinspector de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández y el exjefe militar Carlos Orellana son acusados en calidad de «cómplices».
Mejillones sostuvo que se pedirá la pena máxima de 20 años de prisión para los acusados de terrorismo en grado de autor, entre ellos Camacho.
Agregó que existen 133 pruebas documentales y 131 testificales que se ofrecen en la acusación, entre ellas extractos bancarios de Camacho con los que, según dijo, pudieron probar que el gobernador movió dinero cuando era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz para trasladar a personas de La Paz hacia Santa Cruz en la crisis de 2019.
También manifestó que hay un informe técnico de «cruce de llamadas» entre Camacho y el exministro López y Kaliman, al igual que facturas y transferencias de dinero, entre otros.
Los familiares de Camacho convocaron a una marcha que se realizará el jueves en repudio a su detención que ya cumple un año y en «defensa» de «los valores democráticos de Santa Cruz que son la libertad y la democracia».
Camacho está preso preventivamente desde el 28 de diciembre pasado por este caso y otros procesos en su contra en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.
El caso golpe I fue iniciado por la exdiputada oficialista Lidia Patty y los otros delitos por los que se los acusa son asociación delictiva, uso indebido de bienes y servicios públicos, instigación pública a delinquir, entre otros.
Por el caso golpe I dos exministros de Áñez, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, fueron sentenciados a dos años de cárcel en un proceso abreviado en el cual supone la admisión de culpa mientras que cuatro exjefes militares se sometieron a proceso abreviado a cambio de sentencias menores en este caso.
Además de este proceso hay otro denominado «golpe de Estado II» en el que Áñez fue sentenciada a 10 años, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
Camacho, en esa época, presidía el comité civil-empresarial de Santa Cruz, y pidió públicamente a Morales su renuncia, luego de acusarlo de promover un fraude electoral ese año para quedarse en el poder hasta 2025.
El dirigente de extrema derecha anunció entonces que iría hasta las oficinas de Morales para que firmara una carta de renuncia, que llevaría en la mano izquierda y la Biblia en la mano derecha. Según él, la administración de entonces gobernaba alejada de los principios bíblicos.