Frentes políticos y judiciales rodean a Pedro Castillo
El allanamiento inédito a Palacio de Gobierno y a una casa familiar y una denuncia por “traición a la patria” por plantear la posibilidad de una salida al mar para Bolivia, fueron el pico máximo en estos días de la ofensiva contra el presidente de Perú, Pedro Castillo.
La cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, objeto de los allanamientos, se entregó a la Fiscalía en las últimas horas del miércoles, acusada de integrar una red de corrupción.
La Policía de Perú extendió la búsqueda de la cuñada del presidente a la casa familiar del mandatario, en la provincia andina de Chota, departamento de Cajamarca, pero no la encontró.
Castillo calificó la operación como «show mediático», fruto de «una confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa» para «desestabilizar el orden democrático».
En la noche del martes, en una acción sin antecedentes en la historia de Perú, un equipo de la Fiscalía irrumpió en Palacio para buscar a Paredes, a quien se acusa de integrar una «organización criminal» para enriquecerse mediante la adjudicación de obras.
Paredes pasó a la clandestinidad después de que se le dictó prisión preliminar. Sus presuntos cómplices, un alcalde y dos ingenieros, fueron detenidos el martes y permanecerán presos por al menos 10 días.
El allanamiento incluyó requisas en la parte de Palacio en que están sus habitaciones, poco después de que en el Congreso se oficializara la entrega de un informe que plantea suspenderlo por cinco años de funciones públicas por la supuesta salida al mar de Bolivia.
El informe, firmado por el congresista de derecha Wilson Soto y los de extrema derecha Norma Yarrow y José Cueto, se refiere a una entrevista concedida en enero a CNN, en la que Castillo abrió la posibilidad de darle territorio al país vecino, aclarando que sólo lo haría con el apoyo del pueblo peruano.
«Lo consultaremos al pueblo. Yo tengo que gobernar en sintonía con el pueblo. ¿Y si no están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiere», dijo el mandatario en esa ocasión. Pero los legisladores entienden que la sola mención es “traición a la patria”.
Lo de la «traición a la patria» es uno de los planes de la oposición para sacar a Castillo. El primer plan consiste en obtener 87 votos en el Congreso para destituirlo por «incapacidad moral» y, otra opción es esperar que un juez lo suspenda.
En este contexto, el líder del partido Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, anunció que le quitará el respaldo al mandatario en caso de que se le prueben nexos con la corrupción. Esto abrió por primera vez una opción real de que se consigan en el Congreso los votos que se necesitan para la destitución.
En cuanto a la suspensión por parte de un juez, derivada de las cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción contra el presidente, se creen que por ahora no prosperará porque no hay la figura de traición a la patria, única válida.
Una cuarta opción, desde la óptica de la derecha, es que el Gobierno y la oposición se pongan de acuerdo para anticipar para el año entrante las elecciones generales de 2026. Esta salida, según sondeos del Instituto de Estudios Peruanos, tiene apoyo del 65% de la ciudadanía.
Todo esto se da en un contexto en el cual la popularidad del Gobierno solo llega a 24%, pero la del Congreso es aún más baja: 10%.
La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
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