Heridos y detenidos en la tercera «toma de Lima»
Al menos seis personas fueron detenidas y 11 resultaron heridas en las manifestaciones en Lima y otras ciudades peruanas para pedir el adelanto de las elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció que en la movilización central, que se realizó en Lima, dos periodistas resultaron heridos, uno por perdigones de la Policía y el otro por el impacto de una piedra en la cabeza, aunque luego elevó la cifra a siete.
Aunque el gobierno de Boluarte negó que la policía utilice perdigones, imágenes publicadas por medios peruanos muestran a efectivos de la Policía Nacional disparando con material antidisturbios directamente al cuerpo de los manifestantes.
Este jueves se informó que el Observatorio de Libertad de Prensa de la ANP registró ataques a siete hombres y mujeres de prensa durante la jornada de protestas del 19 de julio en Lima, seis de ellos víctimas de personas de civil y una por agentes policiales.
Entre las consignas de los manifestantes que protestaron en nueve de las 25 provincias de Perú se destacó un pedido de justicia por más de medio centenar de muertos que dejó la represión policial y militar entre diciembre y febrero pasados, tras la destitución de Pedro Castillo como presidente.
También se vieron carteles con la leyenda «¡Fuera Dina, asesina!» y otros pidiendo la liberación y restitución de Castillo, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto el 7 de diciembre último.
La movilización fue impulsada por la Central General de los Trabajadores del Perú (CGTP), partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
«Ni Boluarte ni el Congreso deben seguir, su permanencia agrava la crisis. Es lamentable que el Ejecutivo y Legislativo actúen como si no hubiera pasado nada y piensen quedarse hasta el 2026», dijo Lucio Castro, secretario general del Sutep, el mayor sindicato de maestros del Perú.
El Congreso, controlado por la derecha, rechazó a inicios de 2023 dos proyectos de Boluarte para adelantar las elecciones a 2024. Luego, ambos acordaron tácitamente permanecer en sus cargos hasta el fin de sus mandatos, en julio de 2026.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una veintena de las 50 personas que murieron en la represión de las protestas fallecieron por impactos de bala.
En enero pasado, la Fiscalía abrió una investigación a Boluarte por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves». Sin embargo, la mandataria tiene inmunidad hasta el final de su mandato.
El Gobierno de Boluarte y el Legislativo tienen niveles de desaprobación ciudadana del 80% y 90% respectivamente, según sondeos.
