Las provincias rechazan el reglamento policial de Macri
Varias provincias de Argentina, entre ellas la de Buenos Aires, rechazaron adherir al protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación para las fuerzas federales que amplía el criterio para el uso de armas letales en la vía pública y deja liberados ciertos procedimientos al criterio de los propios integrantes de la fuerza.
El pasado 4 de diciembre el Gobierno argentino oficializó el nuevo reglamento para las fuerzas federales de seguridad (Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal) que amplía los casos en que podrán a usar armas de fuego.
Entre los casos contemplados en la nueva normativa, faculta a las fuerzas a disparar contra una persona que supuestamente cometió un delito y huye aún cuando no esté armada, y deja a criterio de los efectivos determinar la eventualidad de un delito y si corresponde identificarse antes de abrir fuego.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, informó que no adherirá al nuevo protocolo con el argumento de que “en la provincia ya existe una ley vigente desde 2006, que define claramente cómo debe actuar la Policía en el uso de armas de fuego».
Vidal, de la misma alianza política del Gobierno nacional, Cambiemos, aclaró que «es una reglamentación bastante similar a la que acaba de hacer la ministra» de Seguridad, Patricia Bullrich.
Sin embargo, especialistas consultados por varios medios en Argentina sostienen que el protocolo en la Provincia de Buenos Aires es mucho menos específico que el que acaba de instrumentar el Ejecutivo Nacional.
Apenas conocida la nueva normativa federal, el juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (capital de Argentina, gobernada también por Cambiemos) Roberto Gallardo dictó la inconstitucionalidad del nuevo reglamento y prohibió su aplicación.
El fallo del juez sostuvo que “la deficiente técnica normativa empleada en el dictado de la resolución -que no representa sino una evidencia de que la norma constituye una reacción estatal espasmódica, chapucera y demagógica a imaginarias o reales demandas sociales de seguridad- da como resultado un conjunto de reglas generales transcriptas mecánicamente de normas internacional que, lejos de coadyuvar a la seguridad de los habitantes, los somete a riesgos adicionales”.
El reclamo de inconstitucionalidad había sido presentado por la presidenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la abogada María del Carmen Verdú, y la diputada de izquierda Myriam Bregman.
Más rechazos propios y ajenos
Los otros dos distritos provinciales más importantes de Argentina, las provincia de Santa Fe (gobernada por el opositor Frente Progresista) y Córdoba (Partido Justicialista) informaron que sus policías no van a suscribir el acuerdo sugerido por Nación.
Lo mismo sucedió con Entre Ríos, Catamarca, La Pampa y Misiones (todos del Partido Justicialista), Río Negro y Neuquén (gobernadas por partidos provinciales) y la norteña provincia de Jujuy (gobernada por Cambiemos).
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, afirmó: “No vamos a cambiar nuestra posición. La Policía debe disparar únicamente cuando está en peligro de vida el efectivo policial o un ciudadano”.
El secretario de Seguridad de Catamarca, Marcos Denett, rechazó la norma federal y mostró su “preocupación” por la “nueva forma de actuar que se les propone a las fuerzas federales”.
En el caso de la provincia de Neuquén, cuyo gobernador suele ser aliado de Cambiemos, la prensa local consultó a fuentes oficiales que señalan que no están previstos cambios en el protocolo de uso de armas de los policías de la provincia.
La diferencia fundamental entre el manual neuquino y el federal en esta materia es que la policía de la provincia para usar el arma debe establecer previamente que la o las personas a reprimir están poniendo en riesgo una o más vidas, aclararon.
El la provincia de La Pampa, el jefe de la Policía local, Roberto Ayala, explicó: “Nación nos consultó si vamos a adherir. No lo vamos a hacer. Nosotros no enseñamos a nuestros policías a disparar por la espalda”.
“El uso del arma no es que esté prohibida en la Policía. De hecho le damos un arma. Solo establecemos que se puede usar pero en sentido racional: preservar la vida por sobre todos los casos”, agregó a la prensa local.
Volviendo a la provincia de Buenos Aires, el ex juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata Carlos Rozanski y el ex subsecretario de Derechos Humanos Luis Alén denunciaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presunto «abuso de autoridad.
En febrero del año próximo se realizará una reunión del Consejo de Seguridad Interior, que integran los ministros y secretarios del área de todas las provincias. Se espera que en ese ámbito, la ministra Bullrich vuelva a plantear su forma de interpretar el rol de las fuerzas de seguridad.