Argentina: 16 condenados por delitos de lesa humanidad
Son expolicías y exmilitares culpables de secuestros, torturas y asesinatos durante la última dictadura cívico-militar.
Informe: Giselle Ribaloff
Fotos: Gabriela B. Hernández
La Justicia argentina condenó a 16 represores por secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la última dictadura cívico militar.
La sentencia llega luego de más de dos años de debate oral en el marco de la causa en la que se juzgaron los delitos cometidos en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo (provincia de Buenos Aires, a pocos kilómetros de la capital de Argentina).
Hubo diez condenas a prisión perpetua. Los miembros de la fuerza policial Miguel Osvaldo Etchecolatz, Jorge Vidal (medico), Leopoldo Baume, Héctor Carrera y Raúl Carballo y los ex integrantes del Ejército Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pasquale, Emilio Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón y Ricardo Fernández. Y para el ex ministro de Gobierno bonaerense de facto, Jaime Lamont Smart.
Recibieron penas a 25 años de prisión los ex policías Rubén Boan, Alejandro Menichini y Ricardo García, y los ex militares Rodolfo Godoy y Roberto Balmaceda. El ex policía Roberto Félix fue absuelto.
Los represores condenados fueron acusados por 84 casos de secuestros, torturas y asesinatos.
La abogada de la querella de Justicia Ya La Plata, Luz Santos Morón (integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) destacó, en conversación con América XXI, uno de los logros de esta sentencia:
«el reconocimiento de los delitos sexuales como delitos cometidos en el marco del plan sistemático de exterminio” llevado adelante en Argentina por la última dictadura cívico militar eclesiástica.
La Brigada de Investigaciones de San Justo formó parte del llamado circuito Camps (por el nombre del general Ramón Camps, uno de los máximos genocidas de la última dictadura) en la provincia de Buenos Aires donde actuaban fuerzas conjuntas tanto de la policía bonaerense como del ejército.
“Gracias a los testimonios de las víctimas de familiares y a la participación de los organismos de Derechos Humanos se pudo demostrar que se llevaron adelante detenciones y privaciones ilegales de la libertad aún antes del Golpe de 1976″, afirmó.
«Ya en el año 1974, dos años antes del Golpe, la Brigada de Investigaciones de San Justo funcionaba como centro clandestino en el plan Cóndor”, señaló la abogada Luz Santos Morón.
En la Brigada hubo detenidas desaparecidas embarazadas que dieron a luz en cautiverio y niños que permanecieron secuestrados junto a sus padres, con las audiencias quedó confirmado que el centro clandestino de detención constituyó también un centro de apropiación y distribución de bebes, niños y niñas.
“Si bien fueron 17 imputados hubo algunos acusados que fallecieron y otros casos en los que se les declaró la incapacidad sobreviniente para estar en juicio, lo que nosotros venimos denunciando como impunidad biológica” dijo la abogada Santos Morón
Un caso paradigmático es el de Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex jefe de investigaciones de la policía bonaerense, quien recibió su octava condena perpetua por delitos de lesa humanidad.
La abogada Luz Santos Morón resaltó el “gesto provocador” del genocida que a sus 91 años recibió la sentencia desde su lugar de detención en Campo de Mayo con un cartel sobre su pecho que decía “Señor Jesús, si me condenan es por haber defendido tu causa” (foto).
De manera conjunta con la sentencia los jueces a cargo de la causa Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Pablo Vega, exhortaron al Ministerio de Seguridad a desafectar el lugar en donde funcionó ese centro clandestino de detención y que sigue funcionando como sede de la Departamental de La Matanza para convertirlo en Espacio de Memoria, reclamo sostenido desde hace años por sobrevivientes, familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas.
Luz Santos Morón concluyó: “nosotros desde la querella de Justicia Ya entendemos que es necesario continuar la pelea por juicio y castigo a todos los genocidas, no sólo a los militares, a los policías, sino también a los civiles que han participado del genocidio en nuestro país”.
Pidió “que todos los genocidas cumplan su condena en cárcel común como corresponde” y aseguró que “vamos a seguir la pelea por encontrar a los más de 400 jóvenes apropiados que aún no saben su verdadera identidad”
Resaltó que se continúa la pelea contra la impunidad de ayer y hoy, también recordó a militantes, obreros, estudiantes desaparecidos y desaparecidas que dedicaban gran parte de su vida a transformar la sociedad.
«Vamos a pelear por por un mundo sin explotación, sin injusticias. Entendemos que esas son las banderas que tenemos que seguir levantando al día de hoy”, prometió.
Teniendo en cuenta que en la última dictadura cívico eclesiástica militar en Argentina hubo más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y saber que son pocos más de 1000 los condenados del genocidio, nos dimensiona el gran camino para exigir justicia.
En la puerta de los tribunales de La Plata, grupos de derechos humanos, ex detenidos, organizaciones sociales, políticas y personas con memoria esperaban la sentencia que se transmitió en la calle.
Una vez más se escuchó el grito de 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos, PRESENTES!
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