Ecuador: el 43% de los infectados trabajan en la salud
Tras las críticas por víctimas no declaradas, el Gobierno admitió al menos 1600 médicos y enfermeros con COVID-19.
El Gobierno de Ecuador, que según denuncias de la oposición esconde cifras de víctimas de la pandemia, admitió que de los casi 4000 infectados –a cifras de este lunes- más de 1.600 son trabajadores de salud.
Estos más de 1.600 trabajadores de salud que dieron positivo en los análisis del coronavirus COVID-19 representan el 42,7% de los casos informados en todo el país.
El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud, Julio López, informó, además, que los fallecidos son 191 y que el epicentro del brote sigue siendo la provincia de Guayas.
Guayas y, especialmente, en su capital y corazón económico del país, Guayaquil, concentra más de 2.500 casos confirmados y la mayoría de los trabajadores de salud enfermos por este virus.
El viceministro Ernesto Carrasco reconoció la dimensión del contagio entre los trabajadores de la salud, que son los que están en la primera línea del combate de esta pandemia.
El médico Alberto Narváez, ex presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y doctor en control de enfermedades, señaló que «el problema es que la mayoría de trabajadores de la salud no recibió a tiempo insumos para protegerse y este virus es de muy alta transmisión”.
Por su parte, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, destacó que las cifras ahora oficiales “son datos alarmantes» y también denunció que «la falta de equipamiento es terriblemente grave».
Ecuador reportó su primer caso de coronavirus el 29 de febrero. Si bien el presidente Lenin Moreno dispuso algunas medidas inmediatas, las provincias y municipios aplicaron su propio criterio de prevención.
Esto se evidencia en las diferencias de curva de contagio entre Pichincha, donde la principal ciudad de Quito, la capital del país, y Guayas donde continuaron actividades masivas aún cuando el brote ya era público.
La pandemia dejó en evidencia, además, la fragilidad política que ya sufría el gobierno de Moreno y dejó al descubierto las consecuencias del pan de ajuste aplicado al sistema de salud público como parte de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional hace dos años.