Bolivia retoma la industrialización de sus recursos naturales
31 mayo, 2021
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Por Adrián Fernández
Durante los once meses de la reciente dictadura en Bolivia el proceso de industrialización de recursos naturales, fundamentalmente vinculados al litio, que incluye inversiones y nuevos desarrollos público-privados con control del Estado, prácticamente se paralizó.
Entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, la producción de cloruro de potasio (agrofertilizante), carbonato de litio y otros derivados estuvo paralizada; los ingresos financieros se desplomaron y los acuerdos de exportación disminuyeron.
Los datos explican una de las razones del golpe contra Evo Morales. El objetivo del régimen era regresar a la actividad primaria: exportar hidrocarburos y otros recursos naturales abandonando el proceso de industrialización. Para ello, habría que romper la matriz acunada en el Decreto 28701 de mayo de 2006, que establecía que el Estado recuperaba la propiedad, posesión y el control total y absoluto de los recursos.
No puede entenderse el proceso de recuperación económica, social y productiva de Bolivia ni el crecimiento constante del PIB durante todos los años de Gobierno de Morales sin esa matriz productiva impulsada por el decreto del que recientemente se cumplieron 15 años. Atada a la nacionalización estuvo –y vuelve a estar, pos dictadura- la industrialización, la incorporación de valor agregado a los recursos naturales como gas, petróleo, litio y otros minerales.
El proceso de industrialización en Bolivia se proyectó a partir de la nacionalización de hidrocarburos. El valor agregado a la extracción de hidrocarburos y de minerales tiene como meta alcanzar un grado de desarrollo en 2025, año del Bicentenario de la Independencia de Bolivia.
Etapas y objetivos
En estos 15 años se reconocen tres etapas. La primera fue la puesta en marcha del modelo con la nacionalización, la reformulación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB); los estudios de factibilidad y la construcción de las primeras plantas industriales bajo el nuevo marco legal. También se anota, en 2017, el nacimiento de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
La segunda etapa se inició de manera más marcada hacia 2012, con la puesta en marcha de plantas piloto o industriales. A mediados de 2013 se inauguró la Planta de Separación de Líquidos Río Grande, en Santa Cruz, con el objetivo de separar los combustibles líquidos del gas natural y convertirlo en productos como el gas licuado para exportar y para el consumo interno. Dos años después, fue habilitada en Yacuiba la planta Carlos Villegas, seis veces más grande que la anterior; una de las tres separadoras de hidrocarburos más grandes de Latinoamérica y, hasta entonces, la obra de ingeniería más importante en la historia del país.
Los ingresos económicos de la nueva planta de Yacuiba irían creciendo paulatinamente hasta alcanzar en 2025 los 2.200 millones de dólares, según las previsiones. Un dato que trasciende lo simbólico: la empresa constructora del complejo era de España, el país que en 2006 había amenazado con irse de Bolivia por la nacionalización. Ningún gobierno se movió del país. Por el contrario, se sumaron nuevos actores como Alemania, Francia, Austria, Rusia, China e Irán.
También se inauguró por aquellos años la Planta de Licuefacción de Gas Natural Licuado (GNL) y, en 2016, una Planta de Amoniaco y Urea en Cochabamba para la producción de fertilizantes para satisfacer las demandas de la agricultura interna y externa. En la etapa pos nacionalización deben incluirse además dos complejos para producir plásticos: una de Etileno Polietileno y otra de Propileno-polipropileno, ambas para la producción de 800 mil toneladas métricas anuales de plásticos. Las materias primas (etano y propano) se obtendrían de la referida planta “Carlos Villegas”.
La tercera etapa refiere a los dividendos del plan industrial de hidrocarburos, en la que el Estado ve los frutos económicos de su política soberana. Esta incipiente tercera etapa convive, naturalmente, con la segunda, teniendo en cuenta que avanza la construcción de nuevas plantas de procesamiento de gas y petróleo y de producción de productos derivados del litio.
La renta petrolera, que en 2005 no superaba los 300 millones de dólares, ocho años después de la nacionalización pasó los 5 mil millones de dólares. Al cumplirse recientemente 15 años de aquel decreto, la estatal YPFB obtuvo 41 mil millones de dólares de ingresos por renta petrolera. Sólo durante este 2021, la ganancia llegará a 1.900 millones de dólares y los ingresos de la estatal YPFB crecerán en un 35% en comparación al registro de 2020, el año de la dictadura.
Según YPFB, la renta petrolera se conforma por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), regalías, patentes e impuestos y otros aportes de la petrolera estatal. Ese dinero vuelve a la comunidad a través de los acuerdos con departamentos y municipios; en las carreteras y otras infraestructuras, centros de salud, escuelas, universidades y proyectos productivos.
Desarrollo industrial del litio
Tal como sucedió con los hidrocarburos, la explotación de los salares de Uyuni para la extracción de litio derivó en contratos entreguistas en las últimas décadas del siglo pasado, generando protestas de las comunidades de diferentes puntos del país.
La caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada tras la rebelión popular de 2003 abrió las puertas para cambios en las políticas que hasta entonces favorecían la extracción y exportación de recursos por parte de las multinacionales que dejaban migajas para repartir entre la población.
Dos años después de haber asumido la presidencia, y con la nacionalización en marcha, Evo Morales recibió de diputados y organizaciones sociales de Potosí la propuesta de industrialización de los recursos del salar. El Gobierno tomó esa propuesta, implementó la llamada Estrategia Nacional de Industrialización de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni y creó la estructura institucional que sería responsable de la aplicación del plan del litio.
El Salar de Uyuni es una de las principales reservas del mineral del mundo. El plan -con una inversión de casi 1.000 millones de dólares- contemplaba, ya desde sus orígenes, la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, que estará terminada en 2022 y que alcanzará una producción de 15.000 toneladas por año, con lo que cubrirá la demanda interna y las exportaciones.
Actualmente funcionan en el salar de Uyuni plantas a escala piloto e industrial de procesamiento de litio, inauguradas a partir de 2013, donde se produce cloruro de potasio (agrofertilizantes), carbonato de litio, sales y baterías. Esto permitió, en 2014, poner en marcha en La Palca, Potosí, la Planta Piloto de Baterías de Ion Litio, instalada por una empresa de China. En 2017 se inauguró allí mismo la Planta Piloto de Materiales Catódicos, implementada por la francesa Greentech. Esto permitió cerrar la cadena productiva del Litio: extracción de la materia prima (salmuera), procesamiento y obtención de Carbonato de Litio; valor agregado en la obtención de cátodos de Litio y ensamblado de baterías.
En 2018 se inauguró la Planta Industrial de sales de Potasio en el Salar de Uyuni. En abril pasado, el Gobierno de Luis Arce lanzó una convocatoria internacional para la extracción directa de litio con tecnología más moderna que permite acelerar los tiempos de desarrollo. El objetivo sigue siendo industrializar unos 400 kilómetros del salar que ocupa unos 10 mil kilómetros cuadrados.
A medida que avanzan los años y la tecnología, el litio tiene nuevas aplicaciones además de las ya conocidas baterías de teléfonos celulares y computadoras personales; baterías de automóviles eléctricos, producción de vidrio y cerámica, tratamientos medicinales, equipos de aire acondicionado y lubricantes.
Un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos, publicado en enero de este año, señala que Bolivia se mantiene en el primer lugar mundial en cuanto a reserva de litio, con 21 millones de toneladas. Luego se ubican Argentina (17 millones de toneladas), Chile (9 millones), Estados Unidos (6,8 millones de toneladas), Australia (6,3 millones de toneladas). Bolivia tiene pendiente de cuantificar las reservas de los salares de Coipasa y Pastos Grandes, entre más de 25 salares y lagunas que tienen contenido de litio.
El presidente Arce retoma los planes que la dictadura desarticuló y asegura que el litio es uno de los recursos naturales más importantes para “reconstruir la economía boliviana y sentar los cimientos de un crecimiento sostenido”.
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